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Investigación
El despojo y la impunidad que rodea el Cerrejón
Daniel Edgar / Miércoles 2 de diciembre de 2015
 

El propósito del estudio adjuntado (ver al final de este artículo) es revisar la historia y el desarrollo del complejo minero de carbón El Cerrejón. Ubicado en el departamento de La Guajira en el noreste de Colombia, las instalaciones y la infraestructura de Cerrejón incluyen un ferrocarril de 150 kilómetros de largo que conecta las zonas de explotación con el puerto donde se exporta el carbón (Puerto Bolívar), varios aeropuertos y carreteras, más otras instalaciones industriales, comerciales y residenciales, todos estos manejados por un consorcio compuesto de tres empresas (BHP Billiton, Glencore/ Xstrata y Anglo American) que compró la mina de los dueños anteriores entre los años 2000 y 2002.

El complejo minero también cuenta con predios extensos del terreno que rodea la mina, adquiridos a través de un proceso largo y sistemático de expropiaciones y desplazamientos forzados de comunidades y campesinos combinado con la compra de haciendas y otras propiedades en la región; en total se han apoderado de aproximadamente 70.000 hectáreas de tierra. Supuestamente adquiridos para brindar espacios amortiguadores, que en etapas sucesivas se han convertido en zonas de producción.
El Cerrejón es una mina de carbón de cielo abierto gigante que ha transformado y ahora domina tanto la economía como el paisaje de La Guajira. La etapa de exploración comenzó a medianos de los setenta. La etapa principal de construcción y desarrollo del complejo comenzó a principios de los 80, la producción a gran escala comenzó unos años después. Desde el comienzo de la producción a gran escala el territorio ocupado para la explotación y actividades relacionadas ha aumentado cada vez más, desplazando o afectando gravemente muchas comunidades alrededor de las zonas de explotación y transporte.

Muchas de las habitantes de las comunidades desplazadas desde los 80 siguen viviendo en condiciones mucho peores que las que gozaban antes de su desplazamiento y algunas no han recibido indemnización alguna, esto violando tanto las leyes y estándares colombianos como los internacionales. Es necesario también reconocer que la planificación y construcción de nuevas aldeas para las comunidades desplazadas en las etapas más recientes de expansión ha mejorado, sobre todo desde el desplazamiento de la comunidad de Tabaco que llamó la atención de los medios masivos por su brutalidad. Un alianza grande y diversa de organizaciones civiles están soportando las comunidades afectadas y los trabajadores en sus esfuerzos para obligar al Gobierno Nacional y a las empresas a respetar sus derechos constitucionales y humanos con una campaña que sigue en pie para mejorar la contabilidad y responsabilidad de las empresas que poseen y manejan la mina.

Ya existe una gran cantidad de estudios y análisis de la historia y el desarrollo de Cerrejón. Un análisis detallado de la historia del proyecto escrito en 2007 revisa a fondo el desarrollo del complejo minero y la naturaleza y la escala de los impactos sociales, económicos y ambientales, y otros estudios y descripciones de las condiciones de los trabajadores y las comunidades desplazadas y afectadas han sido hechos por académicos y expertos de la minería y la salud y por los mismos miembros y representantes de las comunidades y los trabajadores del Cerrejón a lo largo de la campaña para aumentar la responsabilidad tanto de las empresas como del gobierno colombiano (las referencias están en el documento adjunto).

Al menos nueve comunidades han sido desplazadas debido a la construcción y expansión de la mina y la infraestructura asociada con ella: Palmarito, Media Luna, Cabeza de Perro, Oreganal, Manantial, Sarahita, Caracolí, Espinal y Tabaco. Cinco comunidades más (Tamaquito, Los Remedios, Roche, Chancleta y Patilla) han sido notificadas de que están “en línea de espera” para reubicación. Obligarán a dos comunidades más a reubicarse si la propuesta de expansión más reciente es aprobada (este tema se discute con más detalle más adelante). Muchas otras comunidades padecen de altos niveles de contaminación en el aire y el agua, afectando tanto la salud de los habitantes como sus cultivos y rebaños, y sus habitantes han perdido acceso a otras comunidades, fincas, oportunidades de trabajo, ríos y tierras comunales para cultivar, pescar, cazar, socializar y recrear debido a las operaciones mineras.

Según informes regulares entre 2008 y 2010 que hicieron algunos asesores contratados por los dueños de Cerrejón para llevar a cabo una evaluación y revisar las políticas sociales y ambientales de las empresas y los impactos de las operaciones sobre las comunidades en la región. Contrataron a los asesores después de que representantes de las comunidades y el sindicato principal de los trabajadores (Sintracarbón) solicitó una revisión del manejo del complejo minero según las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales.

A pesar de dos fallos de las cortes más altas de Colombia declarando que los derechos constitucionales de los habitantes de tres comunidades desplazadas por la mina fueron violados gravemente y que los operadores del Cerrejón y del Gobierno habían violado varias otras leyes y normas (por la Corte Constitucional en 1992 y la Corte Suprema en 2002), las empresas siempre afirman que han cumplido todas las leyes y trámites administrativos pertinentes y que han respetado los derechos constitucionales de los trabajadores y los habitantes de comunidades afectadas.

Al mismo tiempo una sucesión de gobiernos colombianos (nacional, departamental y municipal) afirman que han cumplido todas las leyes y normas, pieza fundamental de la versión oficial sobre el desarrollo de la mina. Como consecuencia se han desarrollado dos versiones muy distintas de la historia de la mina: la versión oficial de las empresas y los gobiernos (una versión que la mayoría de los medios masivos y las noticias respaldan plenamente); y la versión contraria de muchos de los habitantes de comunidades afectadas y trabajadores diciendo que sus derechos han sido violados grave y constantemente.

Los informes de los asesores nombrados para revisar las condiciones sociales y ambientales alrededor del Cerrejón entre 2008 y 2010 son parciales a favor de las empresas con respecto a varios de los puntos disputados más importantes. Mientras los reportes critican algunos aspectos del manejo de la mina y contienen numerosas recomendaciones constructivas, algunas partes claves del análisis son muy superficiales, las alegaciones y exigencias claves de las comunidades y los trabajadores no son revisadas a fondo, y las recomendaciones positivas principales no han sido cumplidas por las empresas y el gobierno (tal como muchas de las medidas dictadas en los fallos de las cortes ya mencionados).

Los informes no contienen ni referencias ni bibliografía, esto permite que los autores construyan su propio contexto e interpretación de la situación en Cerrejón y en la Guajira sin la oportunidad de averiguar la veracidad de sus afirmaciones (por lo menos lo hace mucho más difícil). Con respecto a varios asuntos claves, disputados por las revisiones, repiten y respaldan las declaraciones de las empresas y los gobiernos y descartan o desprecian las afirmaciones de los representantes de las comunidades afectadas y del sindicato sin investigar los hechos.

En este sentido la primera revisión declaró su creencia absoluta de que las empresas no tienen una política de estrangulación contra las comunidades afectadas por la mina (en particular las comunidades “en la lista de espera” para desplazamiento), a la vez reconocen que en realidad eso es el resultado del incesante crecimiento de las zonas y cantidades de producción.
Los asesores del Cerrejón en 2008 afirmaron que las empresas no tenían (y no tienen) una política de estrangulación, esto no concuerda con las investigaciones y conclusiones de cinco delegaciones internacionales que han investigado las condiciones de las comunidades afectadas y de los trabajadores (en 2005, 2006, 2007, 2009 y 2010) y otros muchos otros investigadores para los cuales las explicaciones del sindicato y los representantes de las comunidades sobre las políticas y las prácticas de las empresas no son meramente plausibles sino son absolutamente convincentes.

Las cinco delegaciones internacionales y muchos otros informes realizados por expertos colombianos e internacionales describen las violaciones de los derechos de trabajadores y comunidades por parte de los dueños y dirigencia de Cerrejón como acciones deliberadas, estratégicas y sistemáticas, actuando en colaboración estrecha con sucesivos gobiernos y funcionarios colombianos (sea actuando dentro o fuera de su autoridad oficial).

Estas conclusiones y declaraciones han sido confirmadas por el Tribunal Popular contra transnacionales en la Guajira que se reunió los pasados 3 y 4 de octubre de 2015. Compuesto por magistrados altamente calificados y experimentados dedicados a proteger y a servir al pueblo en vez de los dueños de empresas y el Estado. Estos magistrados recibieron y consideraron los testimonios de los representantes de las comunidades y los trabajadores en sitio. Las consideraciones y conclusiones del fallo del tribunal fue enfático en contra de las empresas y del Gobierno colombiano, incluso aprobaron una petición de las comunidades exigiendo que las empresas detengan todas las operaciones extractivas del complejo y sean expulsadas de La Guajira.

La corrupción y la impunidad de la que han gozado los dueños y manejadores del Cerrejón en Colombia es superado solamente por la corrupción e impunidad que les está protegiendo en sus países de origen y por las organizaciones internacionales. Las experiencias del sindicato de los empleados de Nestlé y Coca Cola, Sinaltrainal, son un ejemplo claro de esto.
Un informe reciente de Sinaltrainal documenta la larga y hasta ahora fútil búsqueda de justicia para lograr una investigación profunda de los hechos y la condena de los autores intelectuales y beneficiarios principales de los asesinatos de sus líderes y miembros contratados por Nestlé. El sindicato y la familia de uno de sus líderes asesinados (Luciano Romero) han asistido tanto las cortes colombianas como a las de EEUU y de Suiza, así como al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Aparte de las cortes en Colombia, ninguna de las instituciones oficiales han abierto una investigación preliminar de los hechos, empleando todo tipo de artificios técnicos para evitar investigar el papel y la posible culpabilidad de la gerencia de Nestlé por el crimen. La respuesta del TEDH es particular, se negó a investigar el caso sin dar ninguna razón, mientras que fue muy distinta a su respuesta tan urgente, enérgica y categórica para lograr la liberación del mercenario israelí Yair Klein y prevenir su extradición de Rusia a Colombia.

Puede leer y descargar el informe completo de esta investigación aquí

Versión en inglés del informe aquí