Hace una semana los prisioneros de guerra de varias cárceles, que están siendo cuestionadas en el país dadas las agudas condiciones de salubridad a las que están sometidos quienes allí pagan sus penas, agradecían a los medios de comunicación alternativos y a otros de carácter regional por garantizar que la huelga de hambre que habían iniciado se difundiera y se dieran a conocer a la opinión pública sus objetivos: exigir la libertad de por lo menos 80 reclusos que hoy se encuentran en graves condiciones de salud.

Casi tres semanas después, la Presidencia de la República emitió un comunicado en el que anunciaba amnistía a 30 de estas personas. Sin embargo, pasadas dos semanas, quienes esperan ser conducidos a la libertad, para con ello garantizar un tratamiento digno al lado de sus familias, continúan a la espera, y en algunos casos, la situación se complejiza dado el abandono y la desprotección por parte de Caprecom y el Inpec de las personas que hoy se encuentran con enfermedades terminales.

A riesgo de ser castigados

Algunos de estos presos, arriesgando su tranquilidad y exponiéndose a los castigos por los guardianes del Inpec cuando se percatan de las denuncias, se atreven a seguir denunciando por medio de uno de los periódicos que hasta ahora ha venido registrando la situación carcelaria del país: el Semanario VOZ.

Este es el caso de José Ángel Parra Bernal. Con él son muchos los prisioneros que semana tras semana llaman, buscando que el Estado y la sociedad reconozcan y reaccionen ante las agudas situaciones en las que se encuentran. José Daniel llamó el 1 de diciembre y relató su historia. Él es prisionero de guerra de las FARC-EP, tiene 37 años, de los cuales 15 los ha vivido tras las rejas. Es padre de tres hijos y padece una enfermedad terminal: leucemia crónica. Las condiciones de salud fueron las que condujeron a que su nombre estuviera en la lista de las 30 personas de las FARC-EP que serían puestas en libertad como gesto humanitario por parte del gobierno nacional.

Sin embargo, José Ángel denuncia que a pesar de que el gobierno ya se comprometió con la liberación, este es el momento que no se ha vuelto a pronunciar al respecto ni ha adelantado una de las iniciativas que mencionó públicamente como parte del gesto humanitario, como es el de las brigadas de salud.

Por el contrario, esta persona que padece una enfermedad terminal, y cuyo tratamiento hasta ahora se ha podido lograr a “medias” gracias a las tutelas que interpuso contra Caprecom durante el proceso de la huelga de hambre y posterior a los anuncios de la liberación, sus medicamentos han sido suspendidos.

“Debo tomar Imatinib de 600 miligramos diarios. A pesar de las tutelas que he ganado, el Estado colombiano no ha cumplido, se echan la culpa entre el Inpec y Caprecom diciendo que no hay plata, que no hay contratación, etc. Me vi obligado a denunciar ante la CIDH para pedir medidas cautelares y he ganado las medidas el 30 de enero de 2015. La CIDH le exige al Estado colombiano cumplir y dejar de violar mis derechos humanos, pero eso no ha pasado”.

José recuerda que han sido diversas las ocasiones en las que se ha dirigido a la ventanilla donde entregan las medicinas y a la enfermería para que le sea suministrada, pero en muchos de los casos ha sido imposible, nadie responde de forma oportuna con su tratamiento.

“Me han dejado más de un mes sin medicamentos. Este mes de noviembre duré sin el medicamento el 9, el 12 y desde el 18 hasta el 30 posteriormente. En este momento tengo una recaída, lo único que yo veo es que aquí hay una reiterada violación de mis derechos humanos. Lo más terrible es que aquí no hay condiciones para un caso como el mío, soy enfermo terminal, pero eso tampoco importa”.

Dentro de las solicitudes que ha venido adelantando está la de pedir, como enfermo terminal que no goza de las condiciones mínimas de un espacio, aire libre y sol, entre otros, que le den la casa por cárcel. Sus peticiones han sido negadas.

“Es tan aberrante, el caso es que le he solicitado casa por cárcel a la juez 15 de ejecución de penas de la ciudad de Bogotá. La señora juez desechó mis pruebas y me negó el derecho, pero esas pruebas son las mismas que presenté ante la CIDH, allí sí me las reconocieron”.

Derecho a un trato digno

José asegura que no hay ninguna razón para que a los presos se les niegue el derecho a un trato digno. “No sé si será porque soy prisionero de guerra del 20 Frente de las FARC-EP, a pesar de estar detenido y de no representar ninguna peligrosidad para el Estado colombiano, porque mi condición es compleja. No me dan el medicamento, en este momento no puedo ni caminar dos pasos porque me canso”.

Mientras tosía, al otro lado del teléfono, él intentaba contar su historia. Este prisionero insistía en que “hasta el procurador, que habla de los derechos humanos que se violan en la frontera, en Venezuela, niega que aquí en las cárceles se violan a diario. En Colombia los niños se mueren de hambre, de desnutrición y nadie dice nada”.

Afirma que por esa misma situación de injusticia que se vive en el país, es que se vinculó a la insurgencia. “Soy guerrillero de las FARC porque decidí defender mi vida, la de mi familia y la de otras personas. Cuando era muy joven vi cómo el Ejército mataba campesinos para hacerlos pasar como guerrilleros dados de baja en combate, esa fue la historia de la UP también. Desafortunadamente todo aquel que quiere ser escuchado no lo escuchan sino que lo matan, y para que a uno medio lo escuchen aquí en Colombia tiene que tomar las armas. En el caso mío, las tomé para salvar mi vida y para que me escucharan”.

José Ángel espera que el gobierno cumpla con lo prometido como gesto humanitario para avanzar en el acuerdo de paz, a la par que asegura no perder las esperanzas de salir con vida de la prisión. “Confío plenamente en mis camaradas, sabemos que ellos están haciendo lo posible desde La Habana para avanzar hacia la paz, y están velando por el bienestar de nosotros. No nos han abandonado”.