Desde que en el país se suspendieron las erradicaciones de cultivos de coca con glifosato, las problemáticas no han disminuido, pues las erradicaciones manuales han aumentado, provocando un desacuerdo con las comunidades que viven de la siembra de la hoja de coca. En el último mes municipios de diferentes departamentos se han visto obligados a parar las vías y el comercio porque aún no existen las garantías suficientes ni las alternativas para reemplazar el cultivo.

Un caso particular es la vereda La Vélez, de Briceño, Antioquia, donde el 12 de noviembre un helicóptero descargó treinta erradicadores manuales que inmediatamente iniciaron su labor de destrucción por orden del Gobierno nacional.

Por tal motivo 19 veredas y dos corregimientos decidieron salir a paro, porque todos se estaban viendo afectados. Los campesinos dicen estar de acuerdo con la erradicación, pero al tiempo debe existir un plan integral de sustitución concertado con las comunidades, en las cuales les garanticen la protección de los derechos humanos, la generación de condiciones de infraestructura y plazos de tiempo para poderse acondicionar a otros cultivos.

Lo que hicieron en el paro fue bloquear las entradas a la cabecera municipal e impedir todo tipo de transporte. Se concertó con los comerciantes cerrar los establecimientos para evitar alteraciones de orden público. Unas 1.200 personas se concentraron en tres puntos diferentes del municipio.

Duraron tres días en paro, lograron hacer retirar los erradicadores y uno de los líderes afirma que el paro se levantó luego de que se entablara “una mesa de diálogo para hacer unas peticiones a la Cancillería y funcionarios del Gobierno que llegarían en próximos días a Briceño”. Sin embargo, a la fecha, los campesinos no se han podido reunir con nadie y están dispuestos a bloquear de nuevo si no hay soluciones.

El desminado humanitario

Cerca de la vereda La Vélez queda El Orejón, donde se está haciendo el plan piloto de desminado humanitario. “A pesar de los acuerdos y promesas del Gobierno, cuando inició la intervención del desminado, en la que nos ofrecieron sustitución de cultivos, otros proyectos y alternativas diferentes, nos tienen abandonados”, expresa otro líder de la región.

El desminado se viene realizando desde hace cuatro meses y los acuerdos de sustitución no se han cumplido, por el contrario se erradica sin ningún acuerdo con las veredas de esta región del norte de Antioquia, donde la coca se ha convertido en el sustento de miles de familias.

“Aquí está el comer. Sabemos que es ilícito, pero de esto vivimos. Esta es nuestra comida, de aquí estudian nuestros hijos, para que se eduquen y aprendan a vivir la vida”, dice una mujer que también se dedica a sembrar y se declara abiertamente cocalera.

El gobierno en sus declaraciones afirmó que los campesinos han sido obligados a salir al paro por los grupos armados de la región. “No fuimos presionados o forzados, lo hicimos por nuestra propia voluntad y reclamando nuestros derechos como campesinos, lo que vemos es que nos quieren enredar con acuerdos que no se van a cumplir”.

El 24 de noviembre delegados del gobierno y las FARC visitaron El Orejón para verificar los avances del plan de desminado. La gente no dudó en reclamar por los acuerdos pactados. “No ocultamos que nos sostenemos de la coca, pero aquí prometieron ayudas, sustitución, pero hasta el momento no ha llegado nada, ni han concertado con nosotros, nos toca tomar las vías de hecho para ser escuchados”.