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Extralimitación por parte de la Fuerza Pública en el departamento de Cauca
 

El pasado domingo 20 de diciembre de 2015, en el departamento de Cauca, en el municipio de Miranda, en el sector conocido como Crucero de Monte Redondo, a las 4:30 de la tarde cuando el campesino Víctor Mauricio Rengifo Delgado transitaba en una motocicleta, fue detenido en un retén militar en el que un grupo de militares le solicitaron su cédula y sus datos personales y le indagaron sobre su lugar de destino y su residencia y apuntaron los datos en un cuaderno. Cabe anotar que Víctor Mauricio transitaba en un moto taxi y observó que no le pidieron los datos a nadie más, ni siquiera al moto taxista.

Por otra parte el jueves 31 de diciembre de 2015 en el departamento de Cauca, municipio de Corinto, aproximadamente a las 10:30 de la mañana, dos miembros de la Policía Nacional instalaron un retén para detener vehículos que transitaban por el lugar y sin previa autorización abrir y esculcar las maletas de los transeúntes. Al observar esta conducta el líder campesino Henry Rojas procedió a hacerles saber a los agentes que dicha conducta era indebida y a registrar fotográficamente el suceso. Posteriormente los agentes de Policía respondieron con agresiones e intentaron quitarle el celular al líder y a detenerlo, cuando la comunidad se percató de la arbitrariedad procuraron impedirla y los agentes con forcejeos subieron a la patrulla al señor Rojas y lo llevaron a la estación de Policía del municipio donde le borraron las fotos de su equipo celular sin su autorización y permaneció injustamente detenido por más de dos horas.

Es de señalar que Víctor Mauricio Rengifo Delgado es hermano de Gustavo Adolfo Rengifo Delgado quien ha sido objeto de desaparición forzada, tortura, amenazas, hostigamientos y señalamientos por parte de un grupo armado irregular (paramilitares) en presencia de presuntos desmovilizados y desertores de las FARC-EP.

Y por otra parte es de señalar también que Henry Rojas en la actualidad es integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos de la Zona de Reserva Campesina del municipio de Corinto, Filial de Fensuagro-CUT, del Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano, responsable municipal de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes” e integrante del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en el departamento de Cauca.

Frente al fundado temor de los habitantes del municipio de Corinto y en rechazo a las extralimitaciones de las fuerzas regulares del Estado colombiano y ante el temor de las comunidades, se responsabiliza al Estado Colombiano en cabeza de Juan Manuel Santos Calderon, a la Gobernación del Departamento de Cauca en cabeza de Oscar Rodrigo Campo Hurtado, al Brigadier General Omar Rubiano Castro Comandante de la región de Policía No. 4 y al coronel Iván Ramiro Pérez Manzano Comandante del departamento de Policía de Cauca, por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) cometidas por integrantes de la Fuerza Pública en la zona de operaciones de las unidades que dirigen.

Se exige por lo tanto responsabilidad estatal frente a los derechos a la vida, la libertad, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y de su hogar, al trabajo, de Víctor Mauricio Rengifo Delgado, de Henry Rojas, de sus respectivas familias y de toda la comunidad de los municipios de Corinto y de Miranda.

Se exige asimismo al Estado colombiano y a la gobernación de Cauca el inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha formulado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos internacionales y que desarrollen las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, consagrados en los hechos de esta denuncia. Pública.

Por otra parte se exige a la Defensoría del Pueblo cumplir con su papel institucional de velar por la garantía y el respeto a los derechos constitucionales de las personas agraviadas y velar porque que se cumplan las normativas vigentes y se sancione a los culpables.

Se solicita por último a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas. Se insta a los organismos de derechos humanos y a organizaciones populares a mantenerse atentos y alerta la crítica situación ante la crítica situación de derechos humanos que está afrontando el departamento de Cauca.