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Argelia, Cauca
Orden de captura contra militares involucrados en muerte de campesino en Cauca
 

La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes” reconoce los avances en materia investigativa que condujeron a la orden de captura y posterior imposición de medida de aseguramiento, proferida por un juez de control de garantías contra el cabo Aristides Arboleda Palomino y los soldados profesionales Gilberto Alonso Duque, Edilberto Manuel Alemán y Noé Alejandro Díaz, quienes para la época de los hechos se encontraban adscritos al Batallón de Infantería #56 “Cr. Francisco Javier González” perteneciente a la III División del Ejército Nacional. Lo anterior por estar involucrados en el homicidio del campesino Faiber Antonio Erazo Cuellar el 18 de enero de 2015 en el municipio de Argelia (Cauca).

Igualmente es de señalar ante la opinión pública que el 18 de enero de 2015 nuevamente quedó en evidencia los escasos niveles de entrenamiento y capacitación de los soldados en la aplicación de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario y el desarrollo de la política sistemática de negación y ocultamiento de la responsabilidad del Estado en materia de graves violaciones a los Derechos Humanos. No se puede dejar de recordar que los agentes estatales pretendieron manipular a la fuerza la escena del crimen y posteriormente soldados, coroneles, generales y hasta políticos faltaron a la verdad a través de los medios masivos de comunicación.

Como organización defensora de derechos humanos se vieron obligados a desarrollar procesos de mediación y posteriormente de verificación y documentación en terreno, lo que permitió denunciar el caso mediante Informe especial del 27 de enero del año 2015 . Y, como ha sido ratificado a través de la labor adelantada por la Fiscalía General de la Nación, a partir de un fuerte proceso de movilización popular y de las declaraciones de un testigo presencial, lo ocurrido corresponde a una grave violación a los Derechos Humanos que pretendió ser ocultada por los militares con la estrategia criminal de acusar a la víctima mortal de transportar estupefacientes y a la comunidad argeliana, que solicitaba justicia, de encubridores de un delincuente.

Por ello es necesario resaltar que fue la movilización de miles de campesinos del municipio de Argelia, quienes denunciaron de manera inmediata lo sucedido e impidieron que se siguiera alterando la realidad de lo ocurrido ese 18 de enero, la que permitió el desarrollo de una investigación en la que también quedaron claras las conocidas y convenientes dificultades que tiene la justicia colombiana cuando de aclarar la muerte de humildes campesinos a manos de agentes del Estado se trata.

Pese a los importantes resultados que permitirán la judicialización de los presuntos responsables, deben tenerse en cuenta las actuaciones de miembros del Ejército Nacional, que incluso hoy al ser requeridos por la justicia ordinaria, mantienen en firme su intención de manipular la verdad sobre lo acontecido en el caso de Faiber.

De cara a los recientes avances con miras al esclarecimiento de lo ocurrido en el caso, se exige celeridad y eficiencia en relación a la investigación y sanciones sobre la responsabilidad estatal en estos hechos, y se insta a las instituciones del orden nacional a desarrollar un acompañamiento y seguimiento exhaustivo de las investigaciones derivadas de las denuncias interpuestas ante las autoridades.

La desmedida y arbitraria militarización de los territorios es una de las causas directas de miles de hechos en los que se han violentado los derechos humanos de las comunidades que han sido víctimas históricamente de la desigualdad social y la exclusión en Colombia; ese es el caso del municipio de Argelia ubicado al sur del departamento de Cauca, en el que la situación sigue siendo muy preocupante.

En consideración al momento político con características históricas por el que atraviesa el país, en medio de los importantes y sólidos avances de las negociaciones entre el Gobierno Nacional y la insurgencia de las FARC-EP, y resaltando lo contenido en el borrador del acuerdo parcial sobre víctimas y sus componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y el compromiso sobre Derechos Humanos, se hace imprescindible la apertura de un debate profundo sobre la doctrina que ha orientado el quehacer de la Fuerza Pública en Colombia y que ha posibilitado hechos de infracciones al DIH y graves violaciones de derechos. De cara a la participación de las víctimas, las comunidades y sus organizaciones, en aras de reorientar dicha doctrina hacia el tránsito de una sociedad en la que se respeten íntegramente los derechos humanos en el camino hacia la consolidación de la paz con justicia social.

La memoria de Faiber, y de los miles de hombres y mujeres víctimas de los rigores de una guerra prolongada por más de cincuenta años, recuerdan los enormes retos que le esperan a este país en la construcción de una sociedad más justa, y comprometen la coherencia de las acciones de los defensores de derechos humanos con la consolidación de una paz estable y duradera.

¡Gloria eterna a los mártires de la lucha social y popular en Colombia!

¡Para ellos…verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición!