Una vez más el gobierno colombiano, a través de la Brigada 17 del Ejército, anuncia que va a exterminar la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Durante los últimos 12 años ha repetido innumerables veces que hay dos formas de destruirla: o sometiendo a sus líderes e integrantes a montajes judiciales que les quiten su libertad y los pongan en prisión, o valiéndose de los grupos paramilitares para quitarles la vida o mantenerlos bajo permanentes amenazas de muerte. En los últimos años, ha recurrido también al soborno, valiéndose de dineros del programa de Acción Social de la Presidencia de la República para atraer y premiar a quienes se distancien de la Comunidad de Paz y se presten para atacarla y estigmatizarla.

El sábado 17 de enero de 2009, Reinaldo Areiza, miembro de nuestra Comunidad de Paz, recibió una llamada telefónica de Wilfer Higuita, un joven que habitaba antes en la vereda La Unión, quien le dijo que sabía que varios de los líderes y acompañantes de la Comunidad de Paz tenían problemas muy serios con la Fiscalía, pero que había una persona que podría ayudarles a solucionar esos problemas. Reinaldo le respondió que él no tenía ningún problema con la Fiscalía y que por lo tanto no necesitaba hablar con nadie. Menos de cinco minutos después, Reinaldo recibió una llamada del celular 312-7206117, de alguien que se identificó como un coronel de la Brigada 17, quien le dijo que quería conversar con él sobre problemas de la Comunidad. Como Reinaldo le respondió que no tenía nada que hablar con ellos y que la Comunidad no tenía problemas judiciales, el coronel le manifestó que buscaban su ayuda para destruir la Comunidad de Paz,
para lo cual le ofrecerían mucho dinero. También le pidió ayuda para la entrega de dos guerrilleras que quieren entregarse al Ejército, ofreciéndole dos millones de pesos por cada gestión. Frente a la solicitud de encontrarse para concretar las ofertas, Reinaldo se negó rotundamente a cualquier concertación.

En los últimos meses (diciembre de 2008 y enero de 2009) miembros y acompañantes de la Comunidad de Paz han recibido muchos mensajes de alerta por parte de personas que tienen contactos con funcionarios del Estado, a nivel local, departamental y nacional, quienes afirman que a raíz de la entrega del guerrillero alias "Samir", quien fuera comandante de una compañía del Quinto Frente de las FARC que ha operado en cercanías de San José de Apartadó, la Brigada 17, en unidad de acción con la Fiscalía, prepara montajes de grandes proporciones contra líderes de la Comunidad de Paz y contra varios de sus acompañantes, como el padre Javier Giraldo y la ex alcaldesa de Apartadó, Dra. Gloria Cuartas. Al parecer, el hecho mismo de que la entrega de alias "Samir" se haya mantenido en secreto por parte de todos los medios de información durante más de dos meses, mientras dicho desmovilizado es mantenido ilegalmente en las instalaciones de la Brigada
17 en preparación del montaje, responde al plan de utilizarlo como "testigo" contra la Comunidad de Paz.

Las relaciones de alias "Samir" con la Comunidad de Paz fueron siempre conflictivas. La Comunidad le censuró públicamente el asesinato de varios campesinos que injustamente fueron acusados por él de ser paramilitares, mientras él censuró las posiciones de la Comunidad de no involucrarse en el apoyo logístico a ningún actor armado.

Pero esta no es la primera vez que el Ejército, en unidad de acción con la Fiscalía, trata de confeccionar montajes partiendo de "testimonios" de desmovilizados de la guerrilla o de las milicias de la zona. Sobre todo a partir de la política de "desmovilizaciones" del actual gobierno, la Brigada 17 comenzó a transformar el plan de exterminio de la Comunidad de Paz mediante ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, masacres, bombardeos y desplazamientos masivos, por procesos judiciales amañados, para lo cual ha venido ejerciendo un control riguroso de la administración de justicia en la región.

Hoy día es el Ejército el que decide a quiénes se persigue judicialmente y a quiénes no. Los paramilitares ficticiamente "desmovilizados" no son perseguidos, a pesar de que hayan perpetrado horrendos crímenes de lesa humanidad y controlen hoy el caserío de San José, incluyendo el comercio de droga que allí se da y la prostitución, en abierta connivencia con la Fuerza Pública, pero los ex milicianos, que se vieron forzados en los años pasados a colaborar con la guerrilla en apoyos secundarios, como cultivos agrícolas e información sobre movimientos del Ejército, para no tener que abandonar sus parcelas que eran su único medio de subsistencia, pero que cuando lo vieron posible se distanciaron por su propia iniciativa de esas colaboraciones, ellos sí son perseguidos con saña por la Brigada/Fiscalía.

Desde 2003, la Comunidad de Paz ha denunciado casos de montajes excesivamente descarados, en los cuales se evidencia que la Brigada 17 maneja el poder judicial. Fuera de decidir a quién se persigue y a quién no, militares y policías efectúan capturas sin orden judicial, y cuando eventualmente algún fiscal se lo reprocha y ordena la libertad de los detenidos, antes de hacerlo ya han concertado con el fiscal de turno una nueva orden de captura apoyándose en las "pruebas" que ellos le suministran. Dichas pruebas son, la mayoría de las veces, "testimonios" de "desmovilizados", o informes de inteligencia confeccionados por la Fuerza Pública, u "órdenes de batalla" del mismo origen. La Comunidad de Paz ha podido comprobar que quienes son llevados a la Brigada o a instalaciones de la Policía o del DAS, unas veces bajo tortura, otras veces bajo chantajes, otras veces bajo recompensas o promesas, son forzados a proferir acusaciones contra los
líderes e integrantes de la Comunidad, mediante declaraciones en que se relatan hechos no verificables saturados de falsedades, pero que los militares sustentan ante los fiscales y jueces con la artimaña de "pluralidad de testimonios", apoyándose en el principio tácito de que varias mentiras configuran una verdad.

Para evitar cualquier desarrollo probatorio, los detenidos mediante violación de numerosas normas procesales, son forzados a acogerse a la fórmula de "sentencia anticipada", estrategia que la misma Defensoría del Pueblo ha impulsado tratando de convencer a las víctimas de que no tienen otra salida, para así contribuir a las directrices del gobierno central que busca abultar las estadísticas de desmovilizaciones, como parte de su política de imagen ante la comunidad internacional.

La Comunidad recientemente le ha solicitado a las Altas Cortes que declaren el "estado de cosas inconstitucional" en la zona de Urabá, pues allí se han violado en forma sistemática muchos principios constitucionales, como el principio de la separación de poderes, el de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, el del debido proceso, el principio de legalidad, el derecho a ser juzgados por jueces y tribunales independientes, competentes e imparciales, y la mayoría de los principios rectores del código de procedimiento penal, como la idoneidad de los testigos, la imparcialidad y equilibrio de todos los actores procesales, las cadenas de custodia de pruebas materiales, la invalidez de pruebas de referencia, el examen de causales de no imputabilidad o de menor punibilidad, la defensa técnica y muchos otros. Se ha identificado a numerosos funcionarios corruptos y se le ha pedido encarecidamente a las Cortes que los separen de sus funciones judiciales
y se ha demostrado que muchas personas de la Comunidad y de su entorno han estado ilegal e injustamente privadas de su libertad por meses y años y deben ser indemnizadas por el Estado.

En muchos de los procesos corruptos que se han llevado a cabo contra miembros de la Comunidad o pobladores de su entorno, se ha comprobado que los ex milicianos "desmovilizados" han sido forzados por los miembros de la Fuerza Pública a declarar que la Comunidad le ha hecho donaciones en dinero, alimentos, maquinarias y hasta armas a la guerrilla comandada por alias "Samir". Numerosas fábulas que reposan en los expedientes sin ningún sustento probatorio pero que escandalizan por la audacia de sus falsedades recompensadas y remuneradas, quieren hacer creer que alias "Samir" es quien ha dictado las directrices básicas para la Comunidad de Paz, cuando la verdad es que la Comunidad ha censurado siempre y públicamente sus delitos y sus presiones. No hay duda de que, ahora que él está trabajando con la Brigada 17, le ofrecerán numerosas prebendas y remuneraciones para que se invente quién sabe cuántas "colaboraciones" de la Comunidad con su
estructura insurgente, con el fin de poder judicializar a sus líderes, integrantes y acompañantes.

No pocas veces hemos comprobado que la Brigada 17 remunera con muchos millones de pesos, no sólo las falsas declaraciones, sino las muertes de pobladores y los robos y atracos que han sido perpetrados contra la Comunidad, como el robo del computador de la Comunidad en julio de 2006 o la masacre de seis jóvenes en la vereda La Cristalina el 26 de diciembre de 2005.

A partir de la masacre de febrero de 2005 en las veredas Mulatos y La Resbalosa, la Brigada en connivencia con la Vicepresidencia de la República, acudió a falsos testigos para confeccionar una versión falsa del crimen y vendérsela al cuerpo diplomático y a la comunidad internacional. Sólo la constancia de un grupo de congresistas de los Estados Unidos que se propuso investigar y esclarecer tan horrendo crimen, forzó a la Fiscalía a abandonar el montaje urdido por el Gobierno y comenzar a procesar a los militares que lo perpetraron, pero más de 600 crímenes de lesa humanidad continúan en absoluta impunidad gracias al manejo amañado de tal modelo de justicia controlado minuciosamente por la Brigada/Fiscalía. La Comunidad ha comprobado ofertas de millones de pesos de la Brigada para que campesinos privados de su libertad declaren que las víctimas de crímenes del Ejército "eran guerrilleros y murieron en combate".

Tanta corrupción y tanta ignominia de instituciones del Estado que pretenden profesar respeto por la Constitución y las leyes, nos mueve a solicitar nuevamente de la comunidad internacional, de las personas con principios éticos y de las redes de solidaridad que siempre nos han apoyado en la demanda por el respeto a nuestros derechos elementales, un nuevo reclamo al gobierno colombiano, una nueva censura por sus iniquidades y una nueva exigencia de respeto al derecho y a la ética.