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Derechos humanos
Delegación asturiana en Colombia
A la comisión le preocupa la reparamilitarización en connivencia con sectores de la fuerza pública en todas las regiones visitadas y bajo diferentes nombres: Águilas Negras, Rastrojos, Urabeños, Clan Úsuga, etc.
Semanario Voz / Domingo 13 de marzo de 2016
 

Una delegación asturiana visitó en los últimos once días comunidades, organizaciones sociales y víctimas del Alto Mira y San Luis Robles, municipio de Tumaco; autoridades indígenas de la ACIN en Santander de Quilichao, y del CRIC en La María, en el departamento del Cauca; comunidades campesinas de Gaitania, en el Tolima; presos políticos y prisioneros de guerra en la cárcel Picaleña de Ibagué; organizaciones sociales en Tibú y Cúcuta (Norte de Santander), Arauca y Saravena, en Arauca) y Yopal, en el Casanare.

Después de sostener reuniones con autoridades civiles y militares en Cúcuta, Yopal y Bogotá, manifestaron en rueda de prensa, algunas preocupaciones que marcan la situación de graves violaciones de derechos humanos en el país. En su comunicado oficial, saludan los avances en la mesa de diálogo con las FARC en La Habana y el cumplimiento del cese unilateral del fuego por parte de esta guerrilla. Al tiempo, constata el incremento de la confrontación con el ELN y el EPL, insurgencias que han expresado una voluntad de diálogo que no encuentra eco en el gobierno colombiano.

Preocupaciones de la visita

Una de las preocupaciones se liga al fallo de la Corte Suprema de Justicia que revoca la decisión del Tribunal Superior de Medellín que había calificado los crímenes contra la Unión Patriótica como de lesa humanidad.

Su preocupación por el aumento de las agresiones en contra de la población civil. “Más de 60 defensores-as asesinados en el último año confirman la falta de protección eficaz para dirigentes sociales y defensores de derechos humanos, opositores políticos y quienes se oponen a los planes de gran minería y agronegocios.

Para esta comisión es preocupante la situación ilegal, inconstitucional en la que se encuentran la población carcelaria y de manera especial los prisioneros de guerra de las FARC y del ELN recluidos en pabellones de máxima seguridad de la cárcel Picaleña, en Ibagué. El incumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional T282 del 2014 que ordena el cierre de la cárcel de Valledupar por insalubridad y por las violaciones de derechos fundamentales de las personas recluidas.

Rearme paramilitar y militarismo

A la comisión le preocupa la reparamilitarización en connivencia con sectores de la fuerza pública en todas las regiones visitadas y bajo diferentes nombres: Águilas Negras, Rastrojos, Urabeños, Clan Úsuga, etc. Según afirmaron, estos se ubican en casi todo el territorio nacional, y en todas las zonas visitadas, aterrorizando a la población y al campesinado para despojarlo de sus tierras.

Al tiempo que expresan su preocupación por la poca diligencia del Estado para investigar y hacer seguimiento a crímenes que se han cometido en contra de líderes sociales, como lo es el caso de Carlos Pedraza, líder de Congreso de los Pueblos asesinado hace más de un año, y Daniel Abril en Casanare.

Igualmente hacen referencia a las violaciones del DIH por parte de la fuerza pública que sitúa tanques, tropas y material de guerra en sitios poblados y en tramos de las carreteras junto a viviendas y escuelas en las vías entre Tumaco-Chilví; Cúcuta-Tibú, y Arauca-Saravena-Yopal. Violatorio del DIH es que el ejército nacional haya construido una base militar, una pista de aterrizaje y un muro que dividen en dos el casco urbano de Planadas en el departamento del Tolima.

Plan nacional de desarrollo y tierras

De acuerdo con el PND, consideran que existe un desmantelamiento de los programas de reforma agraria, y la entrega de baldíos de la nación a empresarios y multinacionales violando derechos derivados de la posesión y de la propiedad de colonos y campesinos, los proyectos mineros y agroindustriales del gobierno que desconocen los planes de vida y de desarrollo de las comunidades. Estos puntos se consideran como contradictorios a lo preacordado en el punto de Reforma Rural Integral en la mesa de La Habana y de lo firmado con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular durante las movilizaciones del 2013 y 2015.

El estado de abandono y revictimización en que se encuentran las víctimas, a pesar de la profusión de normas y agencias que avanzan poco en temas como la restitución de las tierras cuyos reclamantes son asesinados. Es el caso de Hernando Pérez, y Andrés Manuel Narváez solicitantes de tierras asesinados.

Llamamiento al Gobierno

Durante doce años los asturianos han acompañado a Colombia en calidad de observadores frente a la violación de los derechos humanos, han acogido 99 personas en el Programa Asturiano de atención a Víctimas de la Violencia.

En su última visita acordaron llamar al gobierno colombiano a otorgar garantías y proteger de manera efectiva a los líderes sociales y a quienes defienden los derechos humanos. Exhortar al gobierno a declarar el cese bilateral e indefinido del fuego y de las hostilidades aprovechando la fecha el 23 de marzo próximo. Instar al gobierno colombiano a atender las demandas territoriales de los pueblos indígenas, a proteger sus territorios y a hacer efectiva la consulta previa, libre, informada y consciente (…). También instan al gobierno a buscar coherencias entre lo que acuerda en La Habana y lo que ocurre en las cárceles con los prisioneros de guerra y prisioneros políticos.

Esta delegación estuvo integrada por Tania González; Eurodiputada de Podemos, miembro del Parlamento Europeo 2015-2019, Lucía Montero; diputada de Podemos en la Junta General del Principado de Asturias, Belén Garzón, representante de la ONG Ingeniería Sin Fronteras Asturias, Aquilina Fueyo, profesora de Ciencias de la Educación, Universidad de Oviedo, Javier Arjona, integrante SoldepazPachakuti, Carlos María Maena, abogado laboralista, Javier Orozco, coordinador del Programa Asturiano de Derechos Humanos.