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Editorial del Semanario Voz
El paramilitarismo desbordado
Si el Gobierno nacional no toma cartas en el asunto y se decide a actuar, seguirán los asesinatos de dirigentes de la izquierda y activistas sociales, y los procesos de paz estarán condenados al fracaso.
Semanario Voz / Viernes 8 de abril de 2016
 

El “Clan Úsuga”, que también se hace llamar “Autodefensas Gaitanistas”, comandadas por un tal “Otoniel”, ex integrante del Ejército Popular de Liberación, y cuyos desmovilizados nutrieron las filas del paramilitarismo, se pusieron de ruana el país, durante la semana pasada. Decretaron un “paro armado” que afectó a varios departamentos (Antioquia, Córdoba, Chocó, Sucre y Magdalena, entre otros). Fue parte de los preparativos de las marchas uribistas del sábado 2 de abril, porque los criminales invitaron a la gente a participar en ellas. Proselitismo armado con la mayor tranquilidad,

Por cierto, el flamante jefe del Centro Democrático, senador y ex presidente Álvaro Uribe Vélez, ni ninguno de sus directivos, tan locuaces en otros casos, hicieron ninguna declaración de repudio al “paro armado” paramilitar y mucho menos rechazaron los crímenes recientes de militantes de la izquierda y activistas de derechos humanos. Como que se sintieron bien con las acciones delincuenciales de estos bandidos, que a la hora de la verdad contribuyeron a sus marchas de odio y de guerra. En ellas aparecieron los opositores a la restitución de tierras, que mediante la violencia se oponen a que sean entregadas a sus anteriores dueños o a las víctimas del conflicto. Varios de los promotores de la restitución de tierras han sido asesinados.

Llamó la atención que las bandas paramilitares se tomaron las carreteras y algunos barrios de Medellín para presionar con actos vandálicos el “paro armado” en la más completa impunidad, por ninguna parte aparecieron el Esmad o los militares para “preservar el orden público”, como siempre lo hacen para reprimir las luchas sociales y populares. Pareció que la Fuerza Pública se sumó al paro de los provocadores paramilitares.

Este tema del paramilitarismo está obstruyendo el camino de la paz. El Gobierno Nacional se niega a reconocer la existencia del mismo y lo califica de Bandas Criminales (Bacrim) y de posdesmovilizados, como los calificó el ahora viceministro del Interior, Guillermo Rivera. Pero el que trató el tema con mayor desparpajo fue el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien en entrevista para el diario El Tiempo, el pasado domingo 3 de abril, dijo sin inmutarse la siguiente perla: “Las FARC están usando el fantasma del paramilitarismo para dilatar su decisión final de firmar el acuerdo de paz, y eso es inaceptable”.

Como quien dice, para el ministro Villegas, el paramilitarismo es un fantasma, no existe. Parodiando al presidente Santos: “El tal paramilitarismo no existe”. ¿Habrase visto semejante adefesio? Así será difícil un compromiso real del Gobierno para actuar contra las bandas paramilitares, herederas del pasado. Actúan con las mismas complicidades y con la mayor impunidad. ¿Quién, entonces, señor Ministro, asesina a los militantes de la izquierda y a los activistas de derechos humanos? ¿Quién atentó contra Piedad Córdoba en Quibdó? Claro, el gobierno ya respondió. Los muertos son por razones distintas al conflicto (riñas, ajuste de cuentas y líos pasionales), así lo explican sus voceros. Y el propio ministro insinuó que lo de Piedad fue un autoatentado. Eso no es serio. Desdice mucho de un Gobierno, el que por cierto, muchas cosas no las hace bien. Ni siquiera ayuda a sacar adelante los diálogos de paz con semejantes explicaciones inanes. La gente no es boba.

El paramilitarismo sí existe, es un asunto serio y que no da para juegos retóricos. Es una realidad, la misma criatura del Estado de siempre. Tiene nexos con agentes del Estado, en particular la Fuerza Pública y mandatarios regionales que ayudó a elegir, con el narcotráfico, con la parapolítica, con los ganaderos y la extrema derecha. Ordóñez y Uribe no dicen ni una palabra sobre ellos, el ministro, más avezado, asegura que son fantasmas. Lo cierto es que si el Gobierno nacional no toma cartas en el asunto y se decide a actuar, seguirán los asesinatos de dirigentes de la izquierda y activistas sociales, y los procesos de paz estarán condenados al fracaso.