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Columna de opinión
Es hora de la connivencia o ruptura colectiva
Uldarico Flórez Peña / Jueves 14 de abril de 2016
 

“El acusado … por ninguna razón del mundo callará lo que debe decir” El juicio del cuartel Moncada y la historia me absolverá. Fidel Castro

Este documento va dirigido a los 9500 presos políticos que han sido privados de la libertad y que se encuentran en las cárceles y mazmorras del régimen oligárquico, a todos esos combatientes populares que sufren las atrocidades y humillaciones por parte del Inpec y a los defensores que han apoyado y denunciado las horribles prácticas de la Fiscalía y los organismos de inteligencia del Estado, la arbitraria administración de justicia, la judicialización de la protesta social, las capturas ilegales en masa contra dirigentes políticos, populares, sindicales y sociales y contra simples campesinos y ciudadanos por la utilización de testigos ocultos, informes secretos y testimonios de desertores e informantes que fabrican grabaciones violando el debido proceso, el derecho de defensa, la presunción de inocencia, el derecho a la libertad, entre otros. [1]

Este documento va dirigido a todos los familiares desplazados por la guerra que aspiran a que se les garantice el derecho a una vida digna, a su integridad y a vivir en paz; a los colegas defensores por su valiente labor, por su dedicación, claridad y consecuencia, quienes en desigual ejercen la protección de los derechos de los acusados asumiendo los procesos hasta descubrir una verdadera telaraña jurídica.

Se exige justicia verdadera, no más juicios amañados, testigos ocultos, falsos testimonios, violación de los derechos fundamentales de los detenidos, no más irespeto a la defensa, al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la libertad, al secreto sumarial, a la práctica de pruebas, se exigen juicios justos e imparciales, cese a las represalias contra la oposición, fin de la criminalización de la protesta social. Llegó la hora de defenderse desde la ruptura colectiva, esa es otra estrategia judicial que implicaría un trabajo de orientación política para todos los abogados defensores de presos políticos, para dirigir colectivamente esta postura de rebeldía.

Las circunstancias en las que se encuentra el proceso de paz en La Habana, Cuba, en su etapa final y la situación de incumplimiento por parte del Gobierno con los prisioneros políticos ante los graves hechos que se vienen presentando en las cárceles y penitenciarias del país con la violenta represión por parte del Inpec; implica una crítica frontal al funcionamiento de la justicia y su sistema punitivo como enemigo interno. Con políticas como la de judicializar a los defensores de DDHH, caso del profesor Miguel Angel Beltran Villegas, y la puesta en funcionamiento de todo una estructura contra las Farc-EP desde la Fiscalía General de la Naciónl: la Unidad Nacional de Análisis y Contextos, creada mediante la resolución No. 01810 de octubre de 2012, como instrumento de política criminal enfocado a enfrentar principalmente fenómenos de delincuencia organizada mediante el uso de herramientas de análisis criminal y creación de contextos con el objetivo de articular la información aislada que actualmente se encuentra en las diversas unidades de la entidad. Asume los procesos que hacen parte de las situaciones y los casos priorizados por el Comité de Priorización de Situaciones y Casos de la Fiscalía General de la Nación [2].

La justicia viene actuando para tener procesos contra los presos políticos que serán objeto de amnistías o indultos: los partidos de izquierda, los intelectuales, académicos, defensores de DDHH, abogados, entre otros. La ruptura colectiva debe ser una respuesta ética y moral, todos los montajes judiciales deben pasar a un segundo plano, así como las circunstancias de la acción, se debe hacer un cuestionamiento político al orden público y a las políticas punitivas del Estado. Es hora de acusar a los jueces y fiscales que son los responsables de la persecución y enjuiciamiento de los presos políticos colombianos, de eso se deberá encargar la nueva Jurisdicción Especial para la Paz. Es hora de atacar a los acusadores e investigadores.

Los presos políticos deben aprender a defenderse de otra manera, no tiene sentido que sigan asistiendo ante un sistema judicial que históricamente los ha perseguido, acusado y condenado con penas absurdas y multas impagables ¿Qué sentido tiene darle elementos probatorios a un ente que se ha dedicado a perseguir y criminalizar a los luchadores sociales y a los que han ejercido el derecho de rebelión frente a unas políticas de terrorismo de Estado? No se pueden respetar las leyes que fueron creadas por un legislativo copado por el narcotráfico y el paramilitarismo, hay que cuestionarlas abiertamente o acaso ¿Existe algún mandatario condenado por la comisión de absoluciones?

El campo de batalla de los presos políticos hoy es la connivencia o la ruptura colectiva, esa debe ser la estrategia de inviolabilidad jurídica. Si se va a crear una Jurisdicción Especial para la Paz [3] sin participación de la organización rebelde de las Farc-EP, debe ser allí donde se denuncie la desaparición de personas, los más de 85 mil desaparecidos [4]. También la comisión para el esclarecimiento de la verdad será el escenario donde los presos políticos puedan denunciar los hechos que dieron origen al conflicto como el genocidio de la Unión Patriótica, porque estos graves crímenes de Estado no deben quedar en la impunidad. En esa jurisdicción de paz los presos políticos deben contar con las garantías para que haya verdad, justicia, reparación y no repetición, frente a la angustia que ha vivido el pueblo colombiano por la violencia estatal, terrorismo de Estado, persecución y muerte; será con esa jurisdicción con la que se establecerá un compromiso real para la promoción, el respeto y la garantía de los DDHH.

Se está creando una nueva ley positiva que será la que se encargue de garantías procesales para los presos políticos. Los actuales Código Penal y Procesal Penal no tienen elementos jurídicos que permitan una verdadera defensa técnica. Las penas establecidas allí obedecen a un criterio de enemigo interno, de terroristas, de narcotraficantes, como en otras épocas también los judicializaron como bandidos, chusmeros, asaltantes de caminos. ¡Siempre se les ha juzgado como enemigos!

Siempre los han combatido desconociendo los convenios de Ginebra [5], el derecho de gentes, el DIH, incluso los calatalogaron como una “amenaza terrorista” en un régimen ilegal y paramilitar que se enclaustró en el poder con una política criminal de “seguridad democrática”. ¡Hasta intentaron refundar la patria! Contra esa justicia debe haber un reproche total por parte de los presos políticos de connivencia o ruptura colectiva. No se puede aplicar esa justicia a los presos políticos. Deben los presos políticos denunciar tanta injusticia que se ha cometido contra ellos, tienen el derecho de hacerlo en la Jurisdicción Especial para la Paz, tiene derecho de castigar al tirano, es preciso que el pueblo sepa la verdad.

Los preso políticos no deben ningún respeto a las leyes que los persiguen y condenan, hay que desaprobarlas no asistiendo a las audiencias y juicios amañados donde les esperan largas condenas ¿Acaso no ha sido este régimen neoliberal el responsable de la miseria en que vive el pueblo colombiano? Los rebeldes e insurgentes no son responsables de la tragedia que vive Colombia, son verdaderos luchadores sociales que tienen una oportunidad para que la historia los absuelva.

Se trata pues de que los presos políticos se dignifiquen mediante el proceso político que se desarrolla en La Habana, Cuba, que trata de ponerle fin a uno de los conflictos más antiguos del hemisferio occidental, de una guerra que desató un régimen oligárquico contra el pueblo colombiano; es hora de poner en tela de juicio todo su andamiaje jurídico, como decía el maestro Eduardo Umaña Mendoza: "Son los mejores defensores, la gente, el pueblo es quien debe organizarse, quien debe defenderse, nosotros somos técnicos pero ellos son realmente los jugadores, a ellos uno se les debe. El aparato de justicia está hecho para los de arriba, sus normas son para defender a los privilegiados. Los luchadores populares, los desaparecidos, los asesinados y sus familiares recorren el camino hasta llegar a encontrarse nuevamente con la impunidad, el rostro de hierro estará siempre custodiado, pero si no hacemos lo necesario, si no asumimos la defensa, no podemos defender y demostrar que ese aparato de la ’injusticia’ es un aparato de guerra, de destrucción de los pobres, por eso es necesario defender o si no mejor renunciar". [6]

Algunas experiencias enseñan que esta estrategia judicial es posible, casos como el de Dimitrov, Fidel Castro y otros demuestran que llegó la hora de levantarse contra tanta arbitrariedad. Dimitrov por ejemplo. de manera valiente en un proceso ante un Tribunal Alemán, frente a Goering, cuando el Reichstag había ardido, cuando los dirigentes del Partido Comunista estaban en campos de concentración, no dejó de afirmar con orgullo ser comunista; es decir que si la estrategia de connivencia o ruptura colectiva se da, los acusados ya no estarán solitarios, serán militantes farianos o elenos si mientras ellos estén presos sus camaradas en todos los frentes continúan la lucha por nuevos medios para arrancarlos de las garras del enemigo [7]. Dimitrov, como su abogado y amigo Marcel Willard, tenían la tendencia a expresarse en términos de lucha militar. Su relato alternativo del proceso de Leipzig sería para los presos políticos colombianos de gran interés didáctico. Ese movimiento Internacional de solidaridad cada día crece más y se debe organizar a nivel nacional la amnistía e indulto para pedir la liberación de todos los presos políticos. ¡Hoy en día renace la esperanza para los presos políticos colombianos!

Es la hora de la ofensiva jurídica desde la connivencia o la ruptura colectiva, es la hora de atacar a los inquisidores, quienes desataron el terror contra el pueblo a través de masacres, genocidios, falsos positivos, desapariciones forzadas, detenciones masivas [8] y arbitrarias y contra la agonía que ha sufrido el pueblo colombiano; es la hora de los presos políticos. Es la hora de tomar la iniciativa y ofensiva, es la hora del plan estratégico jurídico, es la hora de arremeter contra los falsos testigos, contra las pruebas ocultas, contra los expedientes de la Unidad de Contexto de la Fiscalía. Es la hora de desenmascar a los verdaderos responsables de la sistemática y continua guerra sucia y terrorismo de Estado que se ha desatado contra el pueblo colombiano. ¡Llegó la hora de sentar en el banquillo de los acusados a los que por más de 60 años han perseguido y condenado a los luchadores sociales: la cadena de mando demostrará quienes están detrás de todo este andamiaje!

No se puede olvidar que el capitalismo en Colombia desde su nacimiento ha estado asociado a la guerra sucia con la injerencia gringa, pues los últimos hechos del presidente de la “paz” Juan Manuel Santos, han tensionado los diálogos de La Habana porque ¿Cómo podría la insurgencia confiar en las promesas de un Gobierno que con su asociación a la OTAN acentúa una perniciosa vocación injerencista y militarista? [9]. Los que defienden el pensamiento crítico [10], las ideas del progreso y las convicciones del pueblo, son un ejemplo de dignidad, son hombres y mujeres que deben entrar en procesos de connivencia o ruptura colectiva y ser conscientes de su destino histórico hablando como verdaderos revolucionarios en los estrados populares y tomando la ofensiva que ya nadie podrá contener, ese día se instalará la Jurisdicción Especial de Paz.

[1Foro TLC Colombia-Suiza y los derechos humanos, febrero 12 de 2010, ponencia de la Unidad Investigativa Bolivariana.

[2Fiscalía General de la Nación, resolución No. O1810 de octubre de 2012.

[3Comunicado conjunto No. 64 “Acuerdo sobre las víctimas: sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Incluyendo la Juridisdicción especial para la paz y compromiso sobre derechos humanos. La Habana-Cuba, 15 de diciembre de 2015.

[4El Espectador, 31 de agosto de 2013.

[5Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra de 1949, CICR.

[6Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 20 de abril de 2004, Memoria y Justicia 6 años de impunidad.

[7Estrategia judicial en el proceso político, Jacques Vergues, Anagrama Colección Argumentos.

[8Una propuesta para los presos políticos de Arauca, Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, enero de 2008.

[9IX Seminario internacional Marx vive, problemas de la paz y la guerra en el capitalismo actual, Atilio Barón, Universidad Nacional de Colombia, 9 de marzo de 2015.

[10Miguel Ángel Beltrán Villegas y su monumental obra intelectual sobre el pensamiento crítico, Wldarico Flórez Peña, Anncol, enero 5 de 2016.