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Informe sobre la situación de derechos de las víctimas en Norte de Santander (1999-2008)
Para que haya verdad, sin víctimas silenciadas
Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez / Miércoles 11 de febrero de 2009
 

La Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez es una entidad sin ánimo de lucro, que persigue como fin social acercar el derecho a las comunidades de los sectores sociales y populares, de manera tal que éste se ponga al servicio de las realidades comunitarias, sociales, políticas y culturales en que se encuentra inmersa la población. De la misma manera, impulsa el desarrollo de una sociedad democrática, pluralista, tolerante y respetuosa de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario y propende porque en nuestro ordenamiento jurídico se desarrollen los conceptos y principios de un derecho garantista y democrático, que desarrolle realmente los principios del Estado Social y Democrático.

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Este informe tiene dos propósitos fundamentales, el primero es el de sensibilizar a la opinión publica nacional e internacional sobre la realidad social vivida desde la perspectiva de las victimas; y el segundo es que sea un instrumento de denuncia para las autoridades públicas del orden local, regional y nacional, que requieren para analizar y reflexionar sobre las políticas públicas que en la actualidad son dirigidas a las víctimas, donde ponemos de manifiesto la vulneración de los derechos humanos de los sectores históricamente oprimidos, excluidos y perseguidos, como campesinos, indígenas, estudiantes, sindicalistas, líderes sociales y populares y opositores políticos, y que contrario a un proceso de dignificación humana y de realización de los derechos fundamentales de las víctimas y de la sociedad a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, muy por el contrario los resultados han sido como es públicamente conocido la consolidación de la impunidad, la participación en la vida política, social, económica y militar de antiguas y nuevas formas de paramilitarismo, también el gobierno en su afán de convencer a opinión publica y a la comunidad internacional ha convocado a la denuncia, a la reconciliación forzada y esto sólo ha traído para las victimas la generación de falsas expectativas, revictimización, irrespeto y desesperanza en la realización de sus derechos a la búsqueda de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.

Esperamos que las realidades, inquietudes, solicitudes y demandas de las víctimas que aquí se revelan, puedan de alguna manera reflejar lo ocurrido en Norte de Santander, sin pretender abordar toda la problemática de las víctimas ni profundizar en el análisis económico o político de lo sucedió y por qué sucedió, sino mas bien presentar lo qué está pasando en la actualidad, e intentar analizar que va a suceder ahora con las víctimas y la realización de sus derechos en un escenario como el que se enfrenta de incertidumbre y vulnerabilidad.

Por esta razón, hemos decidido realizar el análisis de la implementación de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) y sus decretos reglamentarios, y el impacto de este marco jurídico en la realización de los derechos fundamentales de las víctimas y de la sociedad, en el contexto del departamento de Norte de Santander, teniendo en cuenta las dinámicas de violencia implementadas por los paramilitares en esta región desde 1999 hasta la supuesta desmovilización en diciembre del 2004, y lo que continuó para las víctimas y habitantes del departamento desde ese momento hasta la fecha. Además intentamos aportar al análisis de los posibles escenarios que en materia de impunidad se puedan presentar a futuro, y que pondrán a prueba una vez más la incansable necesidad de búsqueda de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad que tienen a miles de personas en el desconcierto y el dolor, decididas a luchar para que los delitos por los que son víctimas no queden en la impunidad.

El informe estará desarrollado en tres fases: una primera que obedece a la recuperación de la memoria histórica. En esta damos cuenta de quiénes fueron los victimarios y quiénes sus víctimas. Una segunda fase, relacionada con el proceso de desmovilización de los grupo paramilitares y la consolidación de la impunidad a través de la administración de justicia y la expedición de marcos jurídicos y obviamente, la imposibilidad de ejercicio y realización de los derechos de las victimas a través de la implementación de programas de atención a víctimas y la expedición de la ley 975 de 2005; y finalmente, una tercera fase de análisis sobre lo que pueden esperar las victimas asentadas en Norte de Santander frente al ejercicio real de sus derechos a la búsqueda de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, de acuerdo al marco normativo vigente expedido por el gobierno nacional y el futuro desarrollo del proceso de la Ley de Justicia y Paz.


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Informe DDHH