A la cotidianidad de las Universidades publicas colombianas, en lo corrido del siglo XXI, le fueron paulatinamente incorporados como asuntos sin respuesta, elementos estructurales de crisis evidentes en el déficit acumulado superior a 13 billones de pesos, el 60% de la planta profesoral y de trabajadores a contrato, la creciente brecha tecnológica, la deficitaria investigación que crece en cifras pero no en avances de frontera, la creciente cifra de jóvenes sin acceso a la universidad, el modo de gestión privada, la separación radical entre academia y administración, el marketing de titulaciones rentables y la imparable deserción que oscila entre el 30 y el 50%. Estos problemas que son estructurales fueron incorporados mediante la instalación de una manera especifica de gobernar, que obedece a un sistema cerrado de poder, que esta ahí para quedarse.

La sumatoria de problemas está asociada al modelo económico neoliberal, que convirtió al conocimiento y a todos sus componentes en mercancía, y a la gobernabilidad en un asunto de control político de oponentes, excluyendo la pluralidad y provocando el silenciamiento a las formas de resistencia de la comunidad académica de profesores y estudiantes y de funcionarios y trabajadores. Este sistema de poder aplica una novedosa fórmula de respuesta y ataque que combina, según la capacidad de su oponente, técnicas de presión, represión o seducción. Este poder empuja a la fragmentación por problemas de sectores, de grupos, de números pequeños fáciles de controlar. Su centro de interés principal es impedir la unidad del todo universitario. El modo de decidir y controlar responde a la estructurada de una máquina organizada de poder inescrutable, que tiende a minimizar cada problema y a darle por separado un tratamiento técnico paliativo valorado por costo beneficio.

A pesar de la instalación y solidez de esta forma de poder, los problemas están ahí, no son estáticos, se amplían y por efecto de acumulación tienden a reventar su envoltura de formalidad a la que son sometidos. La percepción de los problemas y la forma de tratarlos cambia y en buena medida inciden los vientos de paz, que a medida que se acerca el acuerdo definitivo del fin de la guerra conducen a creer que habrá una repotenciación de la lucha social universitaria, de la que se esperan modos de acción alternativos, capaces de provocar un rápido y generalizado ataque contra las técnicas del poder que toma de manera unilateral y a veces unipersonal las decisiones.

Un punto de confluencia del conflicto social universitario es el estado de ilegitimidad sobre el sentido, significado y estructura de los Consejos Superiores, a los que anuncia como corresponsables de propiciar, modular e imponer una manera de gobernar y tomar las decisiones académicas basados en fundamentos ideológicos de partido y alianzas de poder tradicional, que le restan valor y contenido a los fundamentos de la vida académica, científica y cultural como la ética, la política, la democracia y el resultado de sus mismos estudios científicos. Las decenas de recurrentes comunicados anuales de estudiantes, profesores y trabajadores coinciden en rechazar, convocar y llamar a la atención y solución a los mismos problemas, cada vez mas hondos, que el orden del día oficial evade. Estas actuaciones le sirven para: poner en retirada las voces adversarias y acelerar la privatización (la autofinanciación supera los limites del 50% de los ingresos); forzar la despolitización (reducción de sindicalizados, fragmentación de grupos y colectivos, control de representaciones, cooptación de adversarios); y la segmentariedad de la estructura del sistema, dividiéndolo en múltiples partes que debilitadas son presa fácil del control. Esta dinámica de poder resulta contraria a la academia y se extiende llevando inclusive a las universidades a hacer tareas de ONG, cumplir funciones de alcaldía, ofertar cursos y diplomas por mercadeo, vender de todo tipo de mercancías disponibles en su shopping y crecer para debilitarse aún más.

Parte del programa de la máquina inescrutable de poder ha sido aislar las resistencias políticas, de pensamiento crítico y de acción gremial y sindical, provocándoles fisuras, desconfianzas y desesperanzas o sometiéndolas al acoso y amenazas a la estabilidad laboral o enfrentándola a argucias legales de intimidación que minen su potencia. Al aislamiento (guiado por el esquema de individualización del derecho penal sobre el presunto sindicado) sigue el programa de premios a la adhesión y castigo a la independencia. En los cuerpos colegiados, en los que descansa el espíritu colectivo, los estamentos pierden su identidad y devuelven dicho concepto y prácticas a su origen medieval y los elegidos llegan prefabricados o son incorporados al centro del poder.

En el modo de acción del poder, que resulta tradicional e intolerante, se observan tres niveles: de centro, de mando o potencia, donde se reproduce el programa de poder superior de partidos o de alianzas y se define lo esencial, lo macro (Estado-Sociedad-Universidad), el largo plazo de la continuidad, allí actúan el Consejo Superior y el Rector; de Difusión, formado por centros intermedios, que distribuyen las orientaciones del centro de potencia, opera en lo micro (Universidad-Facultades) y actúa sobre las acciones de los miembros de la comunidad académica, allí se destacan altos directivos, decanos; de transacciones generales (escuelas y programas e instancias de control, propaganda y otros agentes internos y externos), que intervienen –aparentemente- por separado a través de instancias complementarias de beneficio, compensación, control, jurídicas, de bienestar.

Evidentemente hay un poder estructurado e inescrutable, y seguramente será la movilización social la que se encargue de activar la agenda de lucha social universitaria que impacte con otras y acentradas formas de poder, construidas en colectivo y desde abajo, y con perspectiva de rediseñar una universidad en y para la paz (sin el referente de la lucha armada). Reinventar modos de acción y y recuperación simbólica y real de lo público, lo ético, lo político, lo común y frenar la culminación del proyecto en curso orientado a hacer fracasar a las universidades públicas en su naturaleza pública y democrática y llevarlas a la quiebra como proyecto político académico de la sociedad.

El reinicio de la movilización social universitaria inevitablemente tendrá perspectiva de paz y derechos, y será en el movimiento mismo –no en la inmovilidad, ni con base en un programa previo- que se formule su agenda global y propia, integrando a sus contenidos la larga lista de reivindicaciones aplazadas, conquistas degradadas, derechos a medio camino, pero a la vez que enfrente de manera directa en el presente inmediato a los responsables del daño estructural provocado a las universidades y devele las maniobras de control del poder que subyace en las decisiones.

La brújula indica un norte de movilización a partir de iniciativas comunes y de nuevas formas de lucha como base de una era universitaria naciente, que conserve la memoria de luchas y conquistas como Córdoba, Argentina, de 1918, Mayo Francés y Mexicano de 1968, y la resistencia a la barbarie en Colombia, más las experiencias concretas de cada universidad.