El pasado domingo 8 de mayo de 2016, el departamento Nariño, municipio Policarpa, en el corregimiento Elegido, siendo las 5:00 de la tarde, miembros de la Policía Nacional detuvieron una camioneta de servicio público que se dirigía a Pasto. Al interior del vehículo se encontraban Eduardo Meneses y Giovanni Castelblanco, quienes al ser requeridos por el grupo de uniformados se identificaron como personas que vienen trabajando temas de comunicación con las Juntas de Acción Comunal del río Patía en el municipio Maguí Payán. De inmediato el grupo de agentes decidieron conducir a Eduardo y Giovanni a la estación de policía, junto a un médico que también se transportaba en el automotor.

En la estación de policía los agentes procedieron a revisar la información de los computadores que llevaban con sigo los retenidos, tomando fotografías a sus correos electrónicos, luego expresaron que eran guerrilleros. Después un patrullero condujo a Eduardo Meneses a una oficina en la que se encontraban seis policías que lo señalaron nuevamente de ser guerrillero y lo intimidaron manifestándole que en contra de él existía una orden de captura. Los uniformados tomaron fotografías a los documentos de identidad de los detenidos y los obligan a firmar un documento, tomándoles las huellas dactilares, para dejar constancia de la realización de un supuesto trámite regular. Finalmente Eduardo Meneses y Giovanni Castelblanco, junto al médico que los acompañaba, fueron puestos en libertad.

Cabe señalar que Eduardo Meneses y Giovanni Castelblanco son miembros del Colectivo Celuloide y Versión Libre, respectivamente, e integrantes del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano -Pupsoc- y de la Comisión de Comunicaciones del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en Nariño.

Por todo lo anterior se responsabiliza al Estado Colombiano en cabeza de Juan Manuel Santos, a la Gobernación de Nariño en cabeza de Camilo Romero y al coronel Juan Carlos Rodríguez comandante del Departamento de Policía Nariño por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos cometidas por integrantes de la Policía Nacional extralimitándose en sus funciones.

Se exige al Estado Colombiano, a la gobernación de Nariño y a la Defensoría del Pueblo el inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha formulado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, La comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos internacionales. Así mismo adelantar las medidas necesarias para lograr garantizar los derechos de los integrantes del Pupsoc y de Marcha Patriótica que se están viendo afectados por la acción irregular e ilegal de integrantes de la Policía Nacional. Y por último desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos consagrados en esta denuncia.

Se solicita a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, en el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas. Se insta a los organismos de derechos humanos y organizaciones populares a mantenerse atentos frente a la crítica situación de derechos humanos que está afrontando Nariño.