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Análisis
Las quejas de Claudia López y el Procurador
La ruta hacia un tratado de paz de Estado acerca el acuerdo final
Camilo González Posso / Sábado 14 de mayo de 2016
 

La senadora Claudia López y el Procurador Alejandro Ordóñez salieron por diferentes canales a criticar el anuncio de un nuevo acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC.

La senadora no ha hecho aún ninguna critica al contenido jurídico del acuerdo y se ha limitado a protestar porque el gobierno hizo una concesión unilateral al aceptar la propuesta de las FARC de considerar el Acuerdo Final un acuerdo especial de derecho internacional humanitario. Rechaza con su vehemencia característica que en La Habana le manden al Congreso la redacción de un parágrafo para que el gobierno lo proponga en el Acto Legislativo para la paz que está en su última vuelta.

Es una queja insustancial y poco apropiada para la inteligencia de la Senadora. Ella sabe bien que en el conjunto del Acuerdo hay concesiones de parte y parte y que no cabe duda de la condicionalidad de su vigencia a la dejación de las armas y a la adopción de un mecanismo de refrendación que le permita expresarse al pueblo en votación libre. Lo del texto en el Acto Legislativo es un agregado para la consideración del Congreso de la República que escuchará a la oposición y a todos los que quieran poner su pica en Flandes.

Pronto se dará cuenta Claudia López de la levedad de su alegato y no hay duda que, ya metida de cabeza, se inventará mejores argumentos contra este acuerdo que sólo pretende dar alguna seguridad jurídica a lo que se firme en La Habana.

Ordóñez en cambio no esta preocupado por la dignidad del Congreso sino por el avance de las conversaciones hacia el fin del fin del conflicto armado. Por eso hace un alegato para sumarse a la resistencia virulenta a todo el pacto de paz. El Procurador lanza su proclama de guerra amenazando al Presidente de la República con acusaciones terribles por supuestamente romper el orden constitucional para entregarle el país a las FARC.

Como toda proclama de guerra esta también es delirante y falsifica el contenido del acuerdo sobre blindaje jurídico a los pactos para decir que en La Habana se firmó un tratado internacional que se coloca por encima de la constitución. El propio Presidente le habría dado un golpe de estado al ordenamiento jurídico y se habría convertido en tirano. Solo le falta al Procurador invocar el sagrado derecho a la rebelión y llamar a pasar de la resistencia hablada a armar la resistencia.

Dice Ordóñez “Buscan Ustedes que los Acuerdos, por el solo hecho de ser convenidos y firmados por usted y Timochenko tengan automáticamente la categoría de normas con fuerza constitucional”. Falso. No hay nada automático en el mencionado acuerdo. Por el contrario las FARC han aceptado que tiene que seguirse el procedimiento que ordena la Constitución para aprobar lo convenido como parte de un Acto Legislativo que le da carácter de acuerdo especial humanitario y luego se incorpora al bloque de constitucionalidad con el trámite de una ley ordinaria. En los debates y conciliaciones en el Congreso de la República las mayorías decidirán la suerte de ese tema. Y la Corte Constitucional hará el control del caso “único y automático”.

Dice Ordóñez: “.. la Mesa de Conversaciones de La Habana se reviste de poderes constituyentes”. Falso. Los acuerdos que firme el gobierno están regulados por la Ley 418 de 1997 con la enmienda al artículo 5 aprobada por el Congreso en febrero de 2016. Nadie pretende que la sola firma transforma lo acordado en parte del bloque de constitucionalidad. Para que lleguen a ese rango tienen que seguir los tramites de rigor.

Dice Ordóñez: “Pretenden que ni siquiera la voluntad popular pueda modificar tales acuerdos, tampoco el Congreso de la República ni ahora, ni en el futuro”. Confusionista. Con el texto aprobado la Mesa pretende que el Acuerdo de Paz sea un compromiso de Estado y que la implementación sea una obligación de este y los próximos gobiernos. Pero el darle rango constitucional al acuerdo, y por tanto a la obligación de cumplirlo con el concurso de todas las instituciones, le da mayor estabilidad que si se queda solo como pacto de gobierno pero no lo hace inmodificable.

Aun si se llegara a reconocer como Tratado Internacional sigue el riesgo de que un gobierno ultraderechista, Dios no lo quiera, en ocho o diez años, le dé por desconocerlo, no aplicarlo y dejar parte de lo pactado como letra muerta. Ya ha ocurrido y puede volver a pasar. O pregunte sobre varios tratados internacionales que están en suspenso o cantidad de artículos de la Constitución que no se han estrenado 26 años después como el que obliga a aprobar un Estatuto de la Oposición o a adoptar un nuevo ordenamiento territorial.

Dice Ordóñez: “Equivale a someter de forma dictatorial al pueblo colombiano a la voluntad de las FARC y del Gobierno”. “Lo que ustedes anunciaron conlleva que el pueblo ya no es soberano y que la soberana es la Mesa de Conversaciones de La Habana”. “El gobierno no tiene la facultad de atribuirse el poder constituyente”. Todo peligroso… pura tergiversación para justificar la acción intrépida en contra la imaginaria Dictadura.

Nada dice el Procurador sobre la novedosa ruta del Acuerdo de Paz en el escenario internacional. Definido como Acuerdo Especial de aplicación de las normas del Derecho Internacional Humanitario el gobierno lo remitirá al Secretario General de las Naciones Unidas para que haga los oficios necesarios para que el Consejo de Seguridad lo incorpore como anexo a la resolución que aprobó el envío de una Misión de Verificación de la dejación de las armas y del cese definitivo al fuego y a las hostilidades. No se dice que con ese paso el Acuerdo adquiere automáticamente el carácter de Tratado Internacional pero, espántese Doctor Ordóñez, una vez eso suceda y si fuera necesario, el Congreso de la República puede ratificarlo y elevarlo a compromiso ante la comunidad de naciones.

Lo que tiene perturbado al Procurador es que hay nuevos pasos hacia la firma del acuerdo de paz y que se acuda al Congreso para que con sus mayorías le dé estatus de Pacto de Estado de obligatorio cumplimiento. Cuanto más se acerque el fin del conflicto armado y menos argumentos tengan para el llamado a la solución armada, más frenética se pondrá esta oposición virulenta.

Bogotá D.C. 13 de mayo de 2016.

Indepaz