Comunicado de prensa
¡Justicia y libertad! ¡Cese la represión sobre las organizaciones sociales!
/ Martes 17 de febrero de 2009
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Confluencia de organizaciones sociales de derechos humanos de Barrancabermeja y el Magdalena Medio.
La persecución sobre las organizaciones sociales y defensores de derechos humanos de Barrancabermeja y la región del Magdalena Medio se ha venido incrementando en el último año; además de las ejecuciones extrajudiciales de campesinos, el Estado recurre a las amenazas sistemáticas, a la judicialización y al encarcelamiento de líderes sociales pretendiendo romper el tejido social a través de una serie de hechos que atentan contra la vida y los derechos fundamentales.
Durante los dos mandatos de Álvaro Uribe Vélez se han presentado esta serie de hechos que corresponden a una campaña sistemática de represión y terror estatal inspirada en la doctrina de la acción integral y la recuperación militar y social de los territorios, al menos 24 campesinos han sido asesinados por las Fuerzas Militares en el Magdalena Medio y otros cuatro fueron víctimas de desaparición forzada.
En el mes de abril de 2008 fueron amenazados por los paramilitares numerosos líderes sociales y sacerdotes del sur de Bolívar. Entre junio y julio, circularon en el puerto petrolero diversas amenazas y panfletos dirigidos a sindicalistas, dirigentes de organizaciones sociales, líderes comunitarios, jóvenes, entre otros sectores sociales. Las muertes violentas continuaron: fueron registrados durante el 2008 más de 70 homicidios.
La destitución de varios oficiales responsables de violaciones a los derechos humanos no puede corresponder a la justicia plena, es necesario llevar estos casos y sus responsables ante la justicia ordinaria y no a la justicia penal militar que es un mecanismo de impunidad. Se debe establecer también la verdad de los crímenes en los que tienen responsabilidad los altos cargos del gobierno y del Estado.
Los informes de inteligencia del ejército y del DAS, así como los testimonios de desertores e informantes al servicio de los comandantes militares responsables de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos no deben tener valor probatorio en el proceso que se adelanta contra los líderes sociales de la región.
Exigimos que las audiencias del juicio contra Andrés Gil y Miguel González Huepa, dirigentes históricos de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), sean realmente imparciales, sin las presiones de los victimarios que se han presentado durante el proceso. Así mismo, exigimos transparencia en los procesos judiciales que se adelantan contra otros defensores de derechos humanos de la región.
Barrancabermeja, 17 de febrero de 2009