La consigna fue clara: "¡Libertad, libertad, libertad!". Centenares de agricultores soportaron ayer los 38 grados de temperatura y caminaron exigiendo del Estado la liberación de dos dirigentes de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, Acvc, Miguel Ángel Huepa y Andrés Gil, detenidos por las autoridades por el presunto delito de rebelión.

Luego de un acto protocolario partieron desde la sede de la USO Nacional y se concentraron al frente de la Fiscalía, para realizar su acto simbólico.

Tres pilares básicos promovieron la marcha, las arengas, las pancartas y un acto musical frente al Palacio de Justicia, todo ello con el fin de exigir la liberación de los detenidos, solicitar al Gobierno Nacional detener el reinicio de las fumigaciones con glifosato, y continuar con el procedimiento de erradicación manual de cultivos ilícitos. Además demandaron mayores garantías de protección para no perder sus tierras.

"Exigimos justicia ante la injustita, hicimos esta marcha en solidaridad con los dirigentes ya que se les ha violado el debido proceso. No hay pruebas que los comprometan y aún así se solicitó la libertad y la Fiscalía no la ha hecho posible, esperamos que mañana (hoy) el juez que adelante la audiencia, nos entregue una respuesta positiva", dijo Álvaro Manzano, agricultor y Secretario de la Acvc.

El antecedente

El pasado 29 de septiembre de 2007, el dirigentes Andrés Gil y Miguel Ángel Huepa junto con otros tres líderes que se encontraban en una reunión con la comunidad de San Lorenzo, en la zona rural de Cantagallo, fueron detenidos por las autoridades cuando agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) junto con miembros de las Fuerzas Militares ingresaron al lugar.

El mismo día, otro dirigente fue también detenido en su residencia en Barrancabermeja, después de que agentes de la DAS y unidades del Ejército allanaron la oficina regional de la ACVC. Posteriormente a un proceso judicial, varios dirigentes fueron liberados por el Gobierno. Pero los dos antes mencionados siguen en el proceso por el delito de presunta rebelión.