Agencia Prensa Rural
Mapa del sitio
Suscríbete a servicioprensarural

Putumayo
En acciones cívico-militares de la fuerza pública están usando a menores de edad
Marcha Patriótica Putumayo / Miércoles 15 de junio de 2016
 

Si Colombia camina hacia la Paz y los menores de edad que están en las filas de las FARC-EP van regreso a sus hogares. ¿Qué opinión tienes que la Policía y Ejército han intensificado programas o actividades con menores de edad en tiempos de paz?
Pregunta realizada en la Radio Comunitaria Ocaima Estéreo- Programa Tú Radio en la Frontera-
Puerto Caicedo, Putumayo.

Durante el mes de diciembre de 2015, enero y comienzo del mes de junio de 2016, en diferentes municipios del departamento como San Miguel, Puerto Caicedo y Puerto Asís, entre otros del departamento del Putumayo, se han presentado diferentes acciones cívico-militares por parte de la fuerza pública, ejército nacional y policía nacional, en la que ha estado de por medio la población civil, en especial los menores de edad. En nuestro ejercicio como defensores de derechos humanos, pensamos que es urgente y pertinente que las autoridades locales y funcionarios públicos consideren estas acciones como violaciones al Derecho Internacional Humanitario y vulneraciones a los derechos constitucionales de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, quienes son la generación de paz.

Como defensores y defensoras de derechos humanos y como jóvenes de nuestro país, no sólo ayudamos a la población que solicita nuestra ayuda como portavoces de denuncia sino que estamos además convencidos de que construimos Estado con nuestra capacidad de gestión y construcción de paz. Consideramos que la reconciliación nacional debe quebrar la lógica guerrerista hacia todas las generaciones y el fin de la guerra es la búsqueda de la eliminación de todas las violencias estructurales, entre esas, la militarización de la vida rural, de la vida juvenil y de la niñez. Sin esto será imposible lograr una paz estable y duradera.

Que exista hoy un acuerdo entre el Gobierno Nacional y la Insurgencia que busquen rutas y mecanismos para desescalar el conflicto, protegiendo la integridad de los menores de edad involucrados en la guerra, es un avance relevante hacia las garantías de no repetición de nuevos hechos violentos. Esperamos que las políticas públicas de niñez y Juventud sean aplicadas en todo el territorio, de la mano de la entidades competentes como el ICBF, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y demás.

Rechazaremos como defensores de la vida en toda su expresión que la fuerza pública, Ejercito Nacional o Policía Nacional, militaricen la vida de los jóvenes y de la niñez. Cuando hacen las actividades cívico militares con menores de edad, reproducen en el imaginario de la población más joven y vulnerable, la necesidad de un uniforme militar o policial como autoridad. Y las formas y mecanismos no son más que prácticas de manuales de guerra que incluyen el reclutamiento, adoctrinamiento y militarización de la vida.

En el imaginario de los jóvenes, niños y niñas no se puede generar, fundar o manipular psicológicamente, que el uniforme militar sea la única autoridad válida y la forma de solucionar problemas estructurales. Incluso no se pueden criminalizar las actividades juveniles, ni atender el problema de consumo de drogas con represión y fuerza, como única solución, sin atender integralmente las causas de los conflictos de la vida juvenil y de la niñez. Por eso, no podemos olvidar que la omisión y ausencia del Estado representado en las alcaldías municipales es una causa prolongada de los problemas estructurales de pobreza, educación y alimentación. En ese sentido, autoridades como el ICBF, Personerías Municipales, Defensoría Del Pueblo y Secretarías de Gobierno, secretarías o programas para la infancia, la adolescencia y la juventud, son autoridades válidas que pueden ejercer soberanía como gobierno y tienen la potestad, entre otras, para prohibir las acciones cívico militares que pongan en riesgo la integridad cultural, psicológica, moral y física de la niñez, infancia, adolescencia y juventud.

Pero debemos llamar la atención que, cuando autoridades locales justifican estas acciones cívico militares como un logro o como metas cumplidas de sus gobiernos con la población más joven de nuestros territorios, lo que en realidad están haciendo es quitarle el trabajo a las entidades competentes y funcionarios responsables del ICBF, a los programas de las madres comunitarias e incluso a la responsabilidad por parte de los establecimientos educativos, profesores de artes y deportes y de pedagogía infantil. Las administraciones locales en conjunto con la fuerza pública no pueden lavarse las manos de la responsabilidad social y presupuestal en la implementación de programas dirigidos a niñez, infancia y adolescencia.

Si una administración municipal promueve dichas acciones cívico- militares, podrían poner en detrimento el patrimonio y presupuesto de los ciudadanos, por privilegiar o preferir la fuerza pública sin mecanismos idóneos de la administración para contratar o dejar de contratar funcionarios y personal adecuado para atender a los menores de edad, como el ICBF, madres comunitarias e incluso, profesores de artes, deportes y pedagogía infantil.

Hoy los esfuerzos por construir un país en paz, han formado personas idóneas e incluso profesionales de diferentes disciplinas para hacer actividades de pedagogía infantil, social, comunitaria, y para la paz con la población más vulnerable que amerita un tratamiento especial y no mediocre. En nuestros municipios y en todo el país no se puede permitir que un funcionario de la policía o el ejército haga acciones improvisadas, interactúe con nuestros hijos y le enseñe doctrina militar. Generalmente ese funcionario de la fuerza pública viene de ciudades lejanas, ajeno a lo que sucede aquí, que no está capacitado para población menor de edad, no conoce tampoco la cosmovisión de nuestro pueblo campesino, indígena y afrodescendiente.

En conclusión, las acciones cívico-militares por parte de la fuerza pública son una infracción al Derecho Internacional Humanitario. Lo que se ve como una gestión social con la población, hace parte de operativos de consolidación militar, obedece a una cada de mando, se implementa como ventaja territorial y consolidación por parte de la fuerza pública, en donde se abusa de la posición de garante y de la autoridad con población indefensa, vulnerable, que incluso permite una violencia casi invisible y silenciosa. Cuando acepta que sus hijos salgan en fotografías, uniformados o reclutados, son usados para las cifras de resultados positivos y operaciones de inteligencia de la fuerza pública; gestos de buena voluntad que provenientes de un lenguaje guerrerista, no han dejado nada bueno en esta historia del departamento y si han generado desde muy temprana edad en la población joven, la idea de que son necesarias el uso de armas.

Agradecemos a los medios comunitarios, alternativos y populares, a las organizaciones e instituciones del nivel nacional e internacional defensoras de derechos humanos y de la niñez, la infancia, la adolescencia y la juventud para que ayudemos a denunciar en conjunto hechos que ponen en riesgo la integridad física y psicológica del futuro de las generaciones más jóvenes, no callar y no naturalizar ninguna forma de violencia es el primer paso, para que en unidad construyamos esa anhelada, real y posible paz estable y duradera con justicia social.