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CIDH aborda caso sobre desaparecidos en La Esperanza
El Estado colombiano responderá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato de un campesino y la desaparición de 14 personas en la vereda La Esperanza, departamento de Antioquia
Agencia de Prensa IPC / Miércoles 22 de junio de 2016
 
Foto: Corporación Jurídica Libertad

Entre los días 21 y 22 de junio del presente año la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abordará el caso de la vereda La Esperanza del municipio Carmen de Viboral en el Oriente antioqueño. La audiencia pública se realizará en Costa Rica en el marco del 54 periodo de sesiones extraordinarias de la Corte.

Los hechos, indica un comunicado de la CIDH, sucedieron entre el 21 de junio y el 27 de diciembre de 1996 cuando en la vereda La Esperanza se registró la desaparición forzada de 14 personas, entre ellas tres niños; la presunta ejecución extrajudicial del campesino Javier Giraldo Giraldo; y la privación de la libertad de un infante.

A Flor Gallego Hernández, esposa de Hernando de Jesús Castaño y hermana de Juan Carlos y Octavio Gallego Hernández ambos desparecidos; la audiencia del 21 de junio le genera gran expectativa porque, según ella, “como familiares esperamos que el Estado pueda reconocer su culpa, reconocer lo que cometió el Ejército, pero sobre todo tenemos como expectativa que podamos conocer la verdad, que los paramilitares y los demás implicados reconozcan lo que hicieron, que esto sea parte de una verdadera reparación integral y colectiva”.

Como responsables de estos crímenes, las víctimas señalan a paramilitares del Magdalena Medio que habrían actuado con la presunta connivencia de miembros de la Fuerza Pública.

Por esta razón, en el año 2001 la justicia colombiana inició un proceso contra el Mayor del Ejército Carlos Alberto Guzmán Lombana, y en el 2007 vinculó en el mismo al exjefe paramilitar Ramón Isaza, excomandante de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio.

Ya son 20 años en los que más de 120 familiares de las víctimas adelantan una lucha por conocer la verdad, exigir justicia y buscar a sus desaparecidos. Sin embargo el caso aún sigue en la impunidad porque “la investigación penal no ha logrado la identificación e individualización de todos los autores materiales e intelectuales de los hechos”, advirtió la Corporación Jurídica Libertad que acompaña a las víctimas en el proceso.

Sobre el caso, esa organización asegura que en las versiones libres de Justicia y Paz, el postulado Ramón Isaza no ha entregado información precisa que permita esclarecer lo sucedido, pues en una ocasión dijo que no sabía nada al respecto; pero luego señaló como responsable de los acontecimientos al fallecido General de la IV Brigada, Alfonso Manosalva Flores, y a otros tres hombres que para el momento de su declaración también habían muerto.

Además, indica la corporación jurídica, “la Fiscalía no ha trazado una ruta para investigar a los mandos militares responsables en los hechos, ni tampoco ha esclarecido la convivencia entre la Fuerza Pública y los paramilitares. De la misma forma los familiares de la vereda La Esperanza han reiterado que durante estos años no ha existido un plan de búsqueda integral que permita encontrar a sus desaparecidos”.

Por estos motivos el caso fue llevado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos con la ayuda del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). En principio el expediente estuvo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emitió una serie de recomendaciones al Estado colombiano para avanzar en el proceso. Pero ante el incumplimiento de las mismas se hizo tránsito del sumario hacia la Corte.

Víctimas de la vereda La Esperanza

Dentro de las víctimas se encuentran Aníbal de Jesús Castaño Gallego, Oscar Hemel Zuluaga, Miguel Ancizar Cardona Quintero (ambos de 16 años), Juan Crisóstomo Cardona de 12 años y hermano de Miguel Ancizar; Juan Carlos Gallego Hernández de 26 años promotor de salud y catequista; Irene de Jesús Gallego de 17 años de edad; Jaime Alonso Mejía; Javier Giraldo Giraldo quien fue asesinado por oponer resistencia para ser montado a un vehículo en el que tenían otras víctimas; Hernando de Jesús Castaño, Octavio de Jesús Gallego, Orlando de Jesús Muñoz Castaño testigo de los hechos ocurridos el 26 de junio de ese año en donde se llevaron a Irene; Leónidas Cardona Giraldo y Andrés Antonio Gallego de 65 años.

Publicado en Agencia de prensa IPC