El cese al fuego ha abierto un sendero claro, y al parecer definitivo, en lo que respecta a la posibilidad del fin del conflicto armado en Colombia y el comienzo de una nueva realidad en el proceso del pos-acuerdo, que entiende la permanencia del conflicto social, pero el fin de las armas como instrumento mediador de éste. En torno a esta nueva realidad han reverberado desde muchos lados (destacándose uno: el PCD) enemigos de decirle tal como tituló Hemingway una de sus mayores obras: Adiós a las armas.

A esta realidad se suman aquellos que de manera directa reproducen el modelo que ha sido el causante de la agudización del conflicto armado; si se le pregunta a un empresario si está de acuerdo con la paz este no dudará en contestar afirmativamente, pero ese mismo empresario no tardará en recurrir a los despidos y a propagar el miedo general ante cualquier conato sindical en su empresa.

Ese es el caso de la sucursal de Tlmark en Pereira, una multinacional que llegó a la ciudad hace 7 años, en los cuales no ha permitido la creación de un espacio sindical en su seno, en el último intento, hace apenas una semana y debido a una serie de despidos masivos y recorte de garantías para los trabajadores, se convocó a una reunión por parte de la subdirectiva CUT Risaralda para hablar de la situación laboral con los empleados y como retaliación la empresa despidió de manera unilateral a la mayoría de los asistentes a este espacio, con la excusa cínica de que era un recorte más dando a entender que la única relación “casual” con el sindicato era que todos los despedidos habíamos participado de una reunión para conocer nuestros derechos.

Es muy difícil pensar una paz que no contemple garantías para la organización autónoma de los trabajadores, también porque esas acciones violentas lo único que hacen es empollar huevos de serpiente que hacen que los trabajadores tengamos que recurrir a métodos más complejos para garantizar nuestros derechos y las administraciones que hablan de la paz, pero que solo se preocupan por los números, deberían tener un papel mucho más coercitivo con las empresas y en especial con las multinacionales, que violan tranquilamente derechos constitucionales mientras posan con premios de emprendimiento otorgados por los entes de gobierno locales. [1]

Si bien el silencio de los fusiles es un paso importante, se convierte en un ejercicio estéril mientras las posibilidades de organización y participación democráticos y legales de los trabajadores sean masacradas; eso sí, con las indemnizaciones de ley y la recomendación laboral, no sea que alguien vaya a pensar que hay algún motivo oculto en el fondo.