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Soldados drogados hirieron con tiros de fusil a dos campesinos en Putumayo
El ejército para librarse de la responsabilidad les pretende montar un falso positivo judicial
 

La Mesa Regional de Organizaciones Sociales del Putumayo, Baja Bota Caucana y Cofania Jardines de Sucumbios (MEROS) celebra y respalda los esfuerzos del Gobierno Nacional y las FARC-EP de construir los acuerdos necesarios para dar fin a la confrontación armada, como condición esencial para la construcción de la paz estable y duradera de nuestro país, además el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas al monitoreo y verificación de éste.

Nos dirigimos a ustedes con el fin de denunciar los siguientes hechos, ocurridos el 8 de Julio del 2016, en el departamento del Putumayo:

Siendo las 11:40 de la mañana en la Vereda el Portal, Corregimiento Teteye del municipio de Puerto Asís, el Ejército Nacional del batallón de Artillería de Santa Ana hizo presencia en la finca de un campesino, habitante de la vereda. En ese momento retuvieron ilegalmente a 12 campesinos, entre esos el dueño de la finca, durante aproximadamente una hora, sin justificar su retención. Cabe resaltar que ningún miembro del ejercito hizo la respectiva presentación, ni explicó los motivos de su presencia en el predio.

Posteriormente, uno de los campesinos fue al rancho de la finca de enfrente, en el cual se encontraban los soldados, se dirigió a éstos, solicitándoles permiso para sacar “tambores vacíos” que eran prestados. Sin mediar palabra alguna los soldados abrieron fuego disparando varias ráfagas en contra de la población civil. Cerca al sitio a menos de 40 metros hay una casa de vivienda en la cual se encontraban menores de edad. Esta situación muestra de una flagrante infracción al Derecho Internacional Humanitario.

Cuando los soldados se dieron cuenta de que dos campesinos estaban heridos, salieron corriendo, sin brindar la adecuada y pertinente atención médica a los heridos que por causa de ellos se encontraban en esas circunstancias. Varios testigos de la comunidad afirman que minutos antes habían visto a los soldados consumiendo sustancias alucinógenas.

La comunidad de manera inmediata se comunicó con la Red de Derechos Humanos del Putumayo, denunciando e informando lo sucedido y solicitando apoyo para el traslado de los heridos al centro de salud más cercano. Se hizo la respectiva gestión para trasladar a los campesinos en una camioneta, ya que en el centro de salud no había ambulancia.

La Red de Derechos Humanos del Putumayo, con el acompañamiento del CPDH, la Comisión Nacional de Derechos de Marcha Patriótica y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, se desplazó hacia la zona con el fin de verificar los hechos y entrevistar a los testigos.

Siendo las 02:30 de la tarde, los heridos llegaron al hospital, después de que la ambulancia los recogió en el Río Putumayo, a 10 minutos del municipio. Entraron por urgencias el señor Luis Alberto Chasoy, afiliado al Cabildo Inga y vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda el Portal. Él se encontraba herido en la axila izquierda por disparo de fusil y David Campoverde, de nacionalidad ecuatoriana, herido en su extremidad inferior Izquierda. Durante 6 horas el hospital de Puerto Asís prestó atención de emergencia. Actualmente ambos se encuentran en recuperación y dados de alta.

En el lugar de los hechos en ningún momento les mencionaron a los campesinos que estaban detenidos. Sin embargo en el hospital le decretaron orden de captura a los dos heridos, situación que demuestra el mecanismo del ejército en complicidad con la Fiscalía para afectarlos.

Durante los procedimientos médicos, hicieron presencia en el hospital miembros del ejército fuertemente armados y de la Policía Judicial adscrita a la Brigada 27, ingresando a la sala de emergencias persuadiendo e intimidando a los pacientes Chasoy y Campoverde, insistiéndoles que debían firmar acta de buen trato por parte del ejército nacional. En su desespero por obtener la firma de los pacientes, a la compañera sentimental de uno de los heridos la Policía Judicial la intimidaron aseverando que obstruía la justicia, de igual forma a los defensores de Derechos Humanos, usando palabras soeces.

A las 6 de la tarde ingresó la fiscal especializada de Puerto Asís en aras de verificar la legalidad de la captura, justificada en la orden de trabajo presentada por el ejército nacional a través de la policía judicial, afirmando falsamente que los habían capturado en la vereda el Portal y que la comunidad había puesto resistencia y se habían generado enfrentamientos por lo cual ellos salieron heridos. Teniendo en cuenta que en ese momento las víctimas se encontraban en el quirófano y que no era posible entrevistarlos, informó que regresaría más tarde.

A las 8 de la noche, regresó la fiscal y se entrevistó inicialmente con Luis Chasoy, posteriormente con David Campoverde. Los dos coincidieron en que no tenían conocimiento de que estaban en calidad de capturados. Por supuesto tampoco les leyeron los derechos del capturado y atentaron contra su vida y dignidad humana. La fiscal les hizo firmar la entrevista efectuada referente a la captura.

El señor Chasoy y su familia han sido víctimas de los desmanes del ejército ya que su hermano fue ejecutado extrajudicialmente y han sido perseguidos constantemente.

Contexto

Reconocemos la importancia del punto 4 de la agenda: Solución al Problema de Drogas Ilícitas, entendiendo que esta región andinoamazónica ha sido afectada por las consecuencias de la aplicación de la política antidrogas (fumigaciones y erradicaciones masivas) que motivaron las marchas cocaleras en 1996 y otro sin número de movilizaciones exigiendo presencia integral del Estado para atender las necesidades de las comunidades indígenas afrodescendientes y campesinas que se han visto obligadas a ser parte de esta cadena productiva.

Hoy es una realidad el ineficiente apoyo a la economía campesina por parte del Estado, motivo por el cual, durante décadas, miles de familias se han sostenido por el cultivo de uso ilícito de la coca, debido a la falta de alternativas productivas. Muestra de ello es que en el 2000, cuando empezó el Plan Colombia, en el Putumayo se concentraba el 40% de los cultivos de todo el país. En el 2013, eran 7.667, y hoy según datos de SIMCI (Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos), se cuenta con 13.609 hectáreas, además de que se sigue usando a la fuerza pública en las labores de erradicación manual lo que ha agudizado la problemática.

Las comunidades insistimos en la necesidad de garantizar un desarrollo rural integral, para empezar a materializar la propuesta que hemos venido construyendo desde hace años y que se dio a conocer el gobierno nacional en el marco de las negociaciones que se sostienen en la región: “programa para la sustitución integral del ingreso derivado del uso ilícito de la coca” que busca transformar las condiciones sociales económicas, políticas y ambientales de las miles de familias del sector rural, para impulsar el tránsito hacia una economía campesina andinoamazónica, articulado a nuestra propuesta de paz para la región “Plan de desarrollo integral andinoamazónico 2035”

En este sentido, saludamos el ejercicio que inicia en el departamento de Antioquia, municipio de Briceño, para poner en marcha un “esfuerzo de sustitución voluntaria de cultivos de usos ilícito como otra medida de desecamiento y construcción de confianza en 10 veredas”. A pesar de ello, vemos con preocupación la grave situación de derechos humanos que se ha suscitado a raíz de la erradicación manual y persecución por parte de la fuerza pública que ha generado la defensa colectiva de la comunidad la tierra el territorio y su forma de producción campesina.

Exigimos

Que Se realice la gestión necesaria para que de manera decidida se avance en la construcción conjunta entre MEROS y gobierno nacional, de una propuesta de sustitución integral que responda a las necesidades estructurales de las comunidades, basado en los avances de los diálogos entre Gobierno Nacional y la MEROS desde el pasado 19 de Septiembre del 2014, insertando además los avances en el punto 4 de la agenda en La Habana, lo cual debe conllevar a la no aplicación de erradicación y fumigación como lo ha orientado el Gobierno Nacional y tampoco la Judicialización de los campesinos.

Que se investigue, individualice y sancione las graves violaciones de derechos humanos consignadas en la presente denuncia.

Se respete el derecho fundamental a la libertad y la presunción de inocencia de quienes en la actualidad ostentan en la calidad de víctimas Luis Chasoy y David Campoverde.

La instalación de una instancia de verificación que garantice el respeto a los derechos humanos a las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas que tienen la voluntad de sustitución de los cultivos de uso ilícito.

Que la cumbre agraria campesina étnica y popular preste especial atención en la situación del Putumayo y exhorte al Gobierno nacional a que cumpla los acuerdos pactados en la mesa única de negociación en torno a la sustitución gradual de cultivos ilícitos.

Por último, como defensoras y defensores de derechos humanos, parte del movimiento social y popular desde el Putumayo, Baja Bota Caucana y Cofania Jardines de Sucumbios ratificamos nuestro compromiso con el proceso que se está adelantando en La Habana, entendiendo que de nuestra participación activa dependerá que lo acordado redunde en la construcción de la paz con justicia social.

Cordialmente,

Mesa Regional de Organizaciones Sociales de la Baja Bota Caucana, Cofania Jardines de Sucumbíos y Putumayo.