El pasado 7 de junio, en un mensaje enviado por correo electrónico, fueron amenazadas 20 organizaciones sociales, de derechos humanos y medios de comunicación alternativa. El remitente, que se autodenomina como grupo anticomunista, declara “objetivo militar” a estas organizaciones, a cuyos integrantes llama “supuestos líderes, abogaduchos y comunicadores camuflados en la civilidad”. En el mensaje se le atribuye la responsabilidad a los amenazados de la mala imagen del gobierno en el exterior, como si no bastaran los informes, documentos y pronunciamientos emitidos por organismos humanitarios, la Unión Europea y el sistema de las Naciones Unidas sobre la crítica situación del país en materia de derechos humanos, y en especial sobre desplazamiento interno, libertad de prensa y persecución política y social, entre otras problemáticas agudizadas como consecuencia de la aplicación de la política de “seguridad democrática”.

A estos mensajes intimidatorios se suman los continuos hostigamientos, atentados y desplazamientos forzados de los que son víctimas los periodistas colombianos, así como las amenazas contra estudiantes y profesores universitarios, como ocurrió en las universidades de Antioquia y Nacional; las que fueron enviadas contra el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Organización Nacional Indígena de Colombia, el periódico Actualidad Étnica, Codhes y otras organizaciones no gubernamentales; el hostigamiento al sindicato Acotv, y las recientes amenazas dirigidas a organizaciones sociales en la ciudad de Barrancabermeja y la región del Magdalena Medio, como las realizadas contra la Organización Femenina Popular. Por eso, este mensaje es apenas la última de una seguidilla de amenazas que, a través de correo electrónico y otros medios, han llegado a estas organizaciones.

Los amenazantes se amparan en la falsa legitimidad que les brinda el pretendido hegemonismo producido por la reelección del actual gobierno y se escudan en el soberbio manto de impunidad que brinda el estatus de desmovilizados.

Una vez más, se evidencia la falta de condiciones para el ejercicio periodístico en Colombia, así como para la labor de defensores de derechos humanos, sindicalistas y lideres sociales. Por esta razón, los comunicadores agrupados en la Coordinación Colombiana de Medios Alternativos denunciamos ante la comunidad nacional e internacional la grave situación a la que está sometido el trabajo periodístico y de comunicación alternativa e independiente en Colombia.

Rechazamos estos actos de intimidación contra periodistas, defensores de derechos humanos y líderes sociales, y hacemos un llamado al pueblo colombiano y a la comunidad internacional para continuar denunciando estos hechos. Así mismo, exigimos al estado colombiano y a las autoridades respectivas que se investigue el origen de estas amenazas y la participación de estructuras paramilitares en estas acciones. De la misma manera, exigimos al gobierno nacional brindar las garantías necesarias para que las organizaciones que promueven la libertad de prensa y los derechos humanos en Colombia continúen con su labor.