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Proceso de paz
De nuevo el procurador busca trabas para promover acuerdos
Más allá de la voluntad del ente de control está la voluntad de las comunidades afectadas por el conflicto que buscan la paz con justicia social.
Agencia Prensa Rural / Martes 23 de agosto de 2016
 
Foto: El Espectador.

Ante las afirmaciones del presidente Santos, donde aseguró que los funcionarios públicos podrán hacer campaña política por el plebiscito, en virtud de la sentencia de la Corte Constitucional, el procurador Ordóñez sacó la directriz Nº 003 del 22 de agosto de 2016 en la que hace otra interpretación de lo señalado por la Corte Constitucional: argumenta que no se está sometiendo a decisión del electorado el derecho a la paz sino el “Acuerdo Final” entre el presidente Santos y la guerrilla.

La misiva resalta que los funcionarios públicos no podrán utilizar recursos del Estado bajo el pretexto de promocionar el plebiscito para un sentido u otro; “El Estado debe garantizar la libertad absoluta del voto, lo cual obliga a que su acción se dirija a posibilitar una ‘decisión consciente e informada’ de los ciudadanos, al igual que a no impedirla”; el Ministerio Público mantendrá vigilancia preventiva sobre los servidores públicos a fin de que se ciñan a las disposiciones y limitaciones establecidas por la Ley y la jurisprudencia relacionada con los mecanismos de participación ciudadana [1].

Así las cosas, Ordóñez, anticipando el aumento de las campañas pedagógicas que se realizan para mostrar los acuerdos de La Habana entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, pone de nuevo un obstáculo al proceso de paz. Tomando en consideración lo anterior, el procurador de nuevo interviene en política sin dejar que otros funcionarios participen en la promoción de los acuerdos.

La disputa en el Estado cada vez es más evidente: por un lado el presidente hace alusión a la paz y a la reconciliación; y por el otro el procurador alineado con Uribe buscan de todas las maneras impedir que gane el sí. En medio de esta controversia Santos pidió a la Corte Suprema tomar una decisión frente a la nulidad de la reelección del procurador. Caso que ya lleva tres años sin fallar.

No se puede olvidar que el procurador ha mantenido posiciones muy polémicas que van en contra de lo que debería ser el garante de derechos del Ministerio Público: se ha manifestado en contra de la restitución de tierras, de los acuerdos de La Habana y de la igualdad de género, entre otros; así mismo se ha entrometido en otras ramas del poder. En este último aspecto hace poco fue derrotado por el fallo del Consejo de Estado que le quitó una de las inhabilidades que se le había proferido a Piedad Córdoba.