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Antioquia: una gobernación irresponsable con las garantías para defensores de derechos humanos y líderes sociales
 

Medellín, lunes, 29 de agosto 2016.

Señor:

Luis Pérez

Gobernador de Antioquia

Señora:

Victoria Eugenia Ramírez Vélez

Secretaria de Gobierno de Antioquia

Referencia: Antioquia, una gobernación irresponsable con las garantías para defensores de derechos humanos, líderes y lideresas Sociales.

Saludo:

El Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Proceso Territorial de Garantías y las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos de ella, rechazamos rotundamente la suprema desidia de la Gobernación de Antioquia que ya alcanza el grado más grotesco de descaro. Lejos de articularse a los compromisos y a la voluntad política hacia las garantías para los defensores, líderes y lideresas de derechos humanos, la Gobernación de Antioquia en cabeza del señor Luis Pérez ha demostrado impúdicamente una política contraria a los derechos humanos para los hombres y las mujeres que en este momento histórico seguimos buscando aportar a la construcción de las condiciones propicias para la paz y un mejor país.

Colombia, un país que transita hacia el fin de un conflicto de más de 50 años, no puede seguir permitiéndose hechos similares al genocidio en los que día a día se van incrementando las agresiones, amenazas y asesinatos contra los defensores de derechos humanos; 35 asesinatos contra líderes registrados a nivel nacional en lo corrido del año 2016, 7 de ellos en Antioquia, sumados a 27 heridos, 20 amenazas, 14 detenciones arbitrarias, 13 judicializaciones, desmonte arbitrario de las medidas de protección de muchos líderes y lideresas amenazados, entre otras formas de agresión que han sido rastreadas en el Informe Semestral de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos CCEEU, demuestran que esta labor de defender los derechos humanos continúa siendo cada vez el más peligroso de los oficios. Pero más preocupante es el desinterés existente por parte de la actual Gobernación y la falta de contundencia del Ministerio del Interior para brindar soluciones que busquen prevenir riesgos y más dolorosas muertes. Todo este macabro escenario debería ser motivo suficiente para que desde las diferentes instancias del Estado colombiano, su Ministerio del Interior, desde la Gobernación de Antioquia y sus funcionarios, se tomaran medidas inmediatas hacia reducir los riesgos de nuestro sector históricamente masacrado por el incumplimiento y las omisiones de las funciones Estatales.

Mientras vemos un desesperanzador panorama con el aumento de ataques contra los diferentes liderazgos en Antioquia, ha sido imposible interlocutar con la institucionalidad regional y, más grave aún, no percibimos la intención de un compromiso cercano siquiera a la sensatez desde la Gobernación del señor Luis Pérez y su Secretaría de Gobierno Victoria Eugenia Ramírez Vélez, quienes deshonran las razones éticas, morales y políticas que están obligados a cumplir. Insistimos en que no es un favor, es una obligación dentro de la jurisprudencia nacional e internacional para Colombia en materia de los derechos humanos y la paz: articularse, vincularse e implementar el marco legal de la política nacional de los DDHH, accionar los compromisos y responsabilidades pactados desde el 10 de diciembre del año 2015, fecha en la que formalmente se instaló la Mesa Territorial de Garantías para Defensores de DDHH en el departamento de Antioquia, tendiente a las garantías, protección y prevención de los riesgos existentes contra líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos.

El abandono, la orfandad y la indignación que sentimos las organizaciones pertenecientes al Proceso Territorial de Garantías se basa en la evidente invisibilización y clara miopía intencional de la Gobernación de Antioquia quien no se adolece de la irracional barbarie a la que estamos expuestos todos los defensores. Sin embargo, sí es diligente para insultar nuestra calidad de defensores con sus desplantes, su falta de voluntad a una política real hacia la paz, su siempre inasistencia a las invitaciones formales de evaluación de la situación de derechos humanos que hemos programado y a las cuales les hemos invitado, tal como la iniciativa desde las organizaciones sociales por activar la Mesa Territorial de Garantías con la Gobernación de Antioquía programada para el día 12 de febrero y que radicamos previamente bajo radicado R-216010038631. Tampoco asistieron a la Audiencia de Balance de Garantías del pasado 26 de mayo que radicamos bajo el R-2016010190095 y tantas otras. Hasta hoy se desconocen decisiones de parte de esta Gobernación en el Marco de las Garantías. A partir de ahí hemos contado solo con recibir un continuo irrespeto institucional hacia este noble espacio jurídicamente reglamentado para con las organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos. Las políticas de la Gobernación demuestran claramente su desgano por vincularse a la agenda de los compromisos nacionales de la Mesa Territorial de Garantías enmarcadas por el decreto 4100/11, perteneciente al Sistema Nacional de Derechos Humanos, que tiene el fin de articular a las entidades e instancias del orden nacional y territorial, coordinar sus acciones, promover el respeto y las garantías de los defensores de derechos humanos mediante el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de una política integral.

Han sido muchos los llamados internacionales, incluso las súplicas de los gobiernos de Canadá, Estados Unidos, Noruega y Suecia [1], para insistir en la toma de decisiones necesarias y oportunas del Estado colombiano hacia detener los asesinatos de defensores de derechos humanos, líderes sociales y políticos. Estos gobiernos claman al unísono cese este genocidio que se mantiene en el tiempo y así mismo se reduzcan todas las formas de riesgo existentes, se fortalezca la institucionalidad de cara a la democracia de un Estado Social de Derecho y se permitan las condiciones para ejercer esta importante labor en el país.

Hacemos un nuevo y definitivo llamado de urgencia a la Gobernación de Antioquia para que de una vez y sin dilaciones malintencionadas asuma sus compromisos y responsabilidades constitucionales, el marco jurídico nacional e internacional en materia de prevención, protección e implemente con la Mesa Territorial de Garantías un absoluto, urgente y diligente Plan de Garantías hacia defensores, defensoras, líderes, lideresas sociales que defendemos los derechos humanos, compromiso de obligatorio cumplimiento firmado por el Estado Colombiano y del cual hace parte jurisdiccional Antioquia.

Instamos a los entes de control, a la Procuraduría General de la Nación para que dentro de sus funciones exhorte a todos los funcionarios públicos, en especial al señor Gobernador Luis Pérez y la señora Victoria Eugenia Ramírez, a acatar la Directiva Presidencial 07/99, la Directiva de la Procuraduría General de la Nación 012/10, los decretos 519/03 art 7, el decreto 2788 del 2003, el decreto 4100/11[2], las Sentencias de la Corte Constitucional T-719/03; Auto 200/07, Sentencia T-025/04; T-496/08, el artículo 2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 2), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 2), la convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (art. 3), las demás a las que haya lugar, las recomendaciones de la OACNUDH y los demás mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos.

Solicitamos a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos, a la Presidencia de la República, al Ministerio del Interior, a la Comunidad Internacional a que se rechacen las omisiones institucionales de esta Gobernación en el marco de los derechos humanos, a que insistan en despertar el espíritu de las garantías para la labor de los defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, a que inciten al señor gobernador de Antioquia Luis Pérez a vincular dichas garantías en la agenda del departamento antioqueño de cara a los nuevos retos que nos ofrece el momento histórico de nuestro país y evitar así la repetición de los dolorosos hechos del pasado.

PROCESO SOCIAL DE GARANTÍAS A LA LABOR DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y LÍDERES SOCIALES DE ANTIOQUIA

Dirección: Calle 71 # 44-59

Teléfono: 2336840

f.sumapaz@gmail.com

defensoresantioquia@gmail.com

cjlibertad@une.net.co

nodoantioquia2016@gmail.com

Suscriben:

Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos CCEE - Fundación Sumapaz - Corporación Jurídica Libertad - Comisión de Derechos Humanos de Congreso de los Pueblos - Marcha Patriótica Antioquia- Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño CAHUCOPANA – Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos FCSPP, Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá.