Agencia Prensa Rural
Mapa del sitio
Suscríbete a servicioprensarural

Incremento de presencia paramilitar en el sur de Córdoba
 

La Asociación de Campesinos del sur de Córdoba -Ascsucor-, integrante de la Coordinación Agrominera del Noroccidente y el Magdalena Medio Colombiano, filial al Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, miembro de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina -Anzorc- denuncia que tras el inicio del desplazamiento de los Frentes 18 y 58 de las Farc-EP hacia los municipios de Ituango y Tierralta y la salida de las tropas de la Brigada Móvil 16 del Ejército Nacional, y su relevo por tropas de la XI Brigada del Ejército Nacional; las AGC o “Clan del golfo” han venido tomando el control territorial y militar en el sur de Córdoba. Del mismo modo, según versiones de las comunidades campesinas, usan escarapelas del ELN para delinquir y someter a los campesinos.

En el sur de Córdoba, en especial en los corregimientos y veredas rurales dispersas de los municipios Montelibano, San José de Uré y Puerto Libertador; en su mayoría el campesinado subsiste de la siembra de hoja de coca. Los habitantes de esta región se encuentran en grave riesgo dado el incremento y recrudecimiento de la presencia de las AGC o “clan del golfo”.

Este grupo paramilitar ha conminado a la población civil, cercenando las libertades constitucionales y generando coerción de la movilidad, extorsionando y reclutando forzosamente a jóvenes campesinos. El SAT Nacional emitió el 25 de agosto del presente año el Informe de Riesgo Nº 030-16A.I. de Inminencia 1 en el que pormenorizaba situaciones veraces que acontecen en el territorio en mención.

Agudiza la vulnerabilidad y riesgo de la población campesina el hecho de que no haya presencia de las Fuerzas Militares; en especial en el corregimiento Juan José (Puerto Libertador) en donde hasta el 31 de julio del presente año operó la Brigada Móvil Nro. 16: Hoy estos territorios están en manos de las AGC o “clan del golfo”.

Este grupo paramilitar ha convidado de manera obligatoria a la población civil, comerciantes, organizaciones sociales -entre ellas Ascsucor- a reuniones en donde dejan claro que ellos dominan el territorio e imponen con terror sus reglas delictivas, imponen extorciones y coartan la libertad de movimiento y locomoción de los campesinos. Con gran preocupación Ascsucor denuncia estos hechos, anunciando que ello pone en grave riesgo nuestras vidas toda vez que es este grupo paramilitar ha amenazado las acciones sociales en defensa del campesinado surcordobes.

Preocupa también que, en el marco de los procesos de paz entre el Gobierno Nacional, las FARC y el ELN; ocurran hechos tan graves que se transforman en violación flagrante a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

Por todo lo anterior se exige al Ministerio de Defensa ordenar y requerir las medidas necesarias y pertinentes que deban asumirse para contrarrestar la situación de riesgo y terror que se presenta en los municipios Montelibano, San José de Uré y Puerto Libertador, sus corregimientos y veredas aledañas. Al Ministro del Interior y de Justicia, solicitar y exhortar a los organismos de gobierno nacional, departamental y municipal con el fin de asegurar la libertad, la vida, honra, paz, seguridad, integralidad; así como poner en marcha medidas que contrarresten el accionar delincuencial, el incremento y recrudecimiento de la presencia del paramilitarismo. Al director nacional de la Unidad Nacional de Protección, conjurar inmediatamente los riesgos mediante la prestación del servicio de protección plena a los defensores de derechos humanos y dirigentes campesinos que agrupan la colectividad de Ascsurcor toda vez que los esquemas asignados no sólo son insuficientes, sino que también para algunos casos nunca han sido habilitados pese a la existencia de resoluciones aprobatorias por el Cerrem.

Se solicita al Defensor del Pueblo Nacional, al Coordinador Residente y Humanitario de la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia, al Procurador disciplinario delegado para los derechos humanos, al Fiscal General de la Nación, al Consejero Presidencial de DDHH y DIH; instar de manera urgente a quienes competa implementar las medidas necesarias a fin de preservar las libertades, el orden, la justicia y soberanía que se han desvirtuado en la región en el marco de las declaraciones de los derechos humanos y los derechos de los pueblos, afianzados en la Constitución Política y demás actos de ley, protocolos y tratados internacionales.

Se responsabiliza al Estado colombiano, en cabeza de Juan Manuel Santos Calderón, por lo que pueda suceder en estos territorios. Recordando que la responsabilidad primaria de protección de los derechos humanos recae, de acuerdo con los principios constitucionales y el articulado de los tratados y convenios internacionales, sobre el Estado colombiano por ser éste el sujeto responsable de velar por el cumplimiento de lo consagrado en la Carta Política y por ser el que adquiere los compromisos en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario ante la comunidad internacional. Por tal razón su mayor deber jurídico es el de prevenir las violaciones frente a estos derechos y tomar las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables por su acción u omisión, o tomar las medidas correctivas de carácter administrativo o político que impida que estos crímenes se sigan perpetrando.