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Informe de las comunidades sobre muerte de guerrilleros en el sur de Bolívar
Los insurgentes fueron asesinados por francotirador y no en combate como afirmó el ejército
Aheramigua / Viernes 18 de noviembre de 2016
 

La Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó (Aheramigua), en conjunto con las comunidades de la vereda El Golfo, del municipio de Santa Rosa del Sur de Bolívar, realizó una comisión de verificación ante los hechos ocurridos el día 13 de noviembre de 2016, que dejaron como resultado el asesinato de dos guerrilleros de las FARC-EP y un tercer capturado, por parte de miembros de la V Brigada del Ejército Nacional que operan en la región.

La comisión estuvo en comunicación con el presidente de la Junta de Acción comunal de la vereda El Golfo. Se recopila versiones de los hechos con los pobladores más cercanos al lugar. Aquí los hechos.

En la vereda el Golfo, en un sitio conocido como la “Y” hay dos casas de familia que son negocios, con tiendas para consumo de alimentos, hospedaje y bodegas para guardar mercancía y motos. El domingo 13 de noviembre, en una de las casas donde se encuentran cuatro hombres, dos mujeres y dos niños, uno de 40 días de nacido y cuya madre es menor de edad, presenciaron el asesinato de dos insurgentes de las FARC y la captura de un tercero.

Narran los habitantes que aproximadamente a la 1:30 pm, “Joaco” se encontraba hablando por celular y de manera inesperada cayó al piso. El disparo que recibió fue levemente percibido. En ese momento, “Mónica” se inclinó a ver qué le sucedió y también recibió un disparo quedando en el suelo. Las personas allí presentes se dan cuenta que son francotiradores. Los miembros del Ejército estaban aproximadamente entre 30 y 40 metros de donde se encontraban los guerrilleros y, tras los disparos, lanzaron dos ráfagas de disparos al aire. El tercer insurgente que iba llegando a la casa fue capturado por el Ejército, quienes le ordenaron tirarse boca abajo, con las manos sobre el cuello.

En medio de la situación, había una menor de edad que vive en la segunda casa, quien cortaba unas guayabas y presenció el hecho.

Por su parte, el francotirador encañonó a un hombre que estaba llegando al sitio, lo insultó y le dijo que se tirara al piso. Frente a esta orden, el hombre afirmó que es un civil. Este hombre es el padre del niño recién nacido.

Los miembros del ejército entraron a las viviendas ultrajando a las familias, insultando a las personas, solicitaron números de la cédula, tomaron las huellas de los habitantes y números telefónicos, realizando una acción de empadronamiento. Dentro de los uniformados se encontraban dos encapuchados, uno de contextura gruesa y el otro de contextura delgada.

Dentro de los reiterados insultos que recibieron los pobladores, el Ejército señaló que son colaboradores y cómplices de la guerrilla. Entre el grupo de los pobladores estaba el presidente de la Junta de Acción comunal a quien el Ejército culpó directamente como cómplice.

A las cuatro de la tarde llegó un helicóptero del cual descendieron tres policías quienes se dirigieron a la casa y empezaron a diligenciar un formato que portaban. Mientras tanto, un soldado pidió un lazo prestado para medir desde donde estaban los cadáveres a la esquina de la casa.

Aproximadamente a las 12:30 am se hizo el levantamiento de los cadáveres. Se señala que de los tres insurgentes solo uno tenía un canguro y que el capturado llevaba una memoria colgada al cuello. Los tres portaban armas cortas. Al capturado, se le acercó un miembro del ejército quien le dijo algunas palabras al oído y le dio comida.

Los habitantes también señalan que algunos de los soldados habían sido vistos días atrás, vestidos de civil, comprando cosas en el lugar de los hechos y viendo televisión en la casa.

Casa donde sucedieron los hechos

Riesgo de desplazamiento

La población está en alto riesgo de desplazamiento por el miedo y la incertidumbre que generaron los tratos por parte de los miembros de la fuerza pública, específicamente los señalamientos de ser colaboradores y cómplices de la guerrilla y por la presencia de los sujetos encapuchados.

Teniendo en cuenta que la misión tripartita debe llegar a sus propias conclusiones desde una investigación exhaustiva de los hechos, ponemos estas solicitudes de manera urgente a ser consideradas lo más pronto posible, con una necesidad de monitoreo y acompañamiento constante en el territorio.

Son necesarias las investigaciones sobre las acciones de trato hacia la población en el marco del operativo militar, el uso del lenguaje soez e insultante, las acciones psicológicas de constreñimiento.

Debe darse el esclarecimiento del porqué miembros de la fuerza pública están escondiendo sus rostros en los operativos o, si no es así, investigar y aclarar quiénes son las personas encapuchadas que acompañan los operativos.

Son importantes las acciones de prevención de desplazamiento forzado, protección a los habitantes de los cuales la fuerza pública tiene la información y seguimiento de posibles situaciones de riesgo que se les puedan presentar, en especial al presidente de la junta de acción comunal, a quien señalaron fuertemente de ser cómplice.

Hay secuelas psicológicas en quienes presenciaron los asesinatos. Por ello, solicitamos a las entidades responsables en materia de derechos humanos y acompañamiento de víctimas la presencia en el territorio para un acompañamiento integral, principalmente de la menor de edad gestante, quien resultó ser la más afectada en los hechos.

Situaciones de contexto que no han sido investigadas

Aquí se expondrán antecedentes constituidos por hechos que a lo largo del año se han presentado en Santa Rosa y que han sido denunciados respectivamente por Aheramigua. Hasta el día de hoy no tenemos conocimiento por parte de las instituciones sobre procesos de investigación disciplinaria y penal contra los involucrados.

Las acciones de la Fuerza Pública que se han realizado a lo largo del año en este territorio han tenido como sustento la presencia del ELN en la zona. Sin embargo, se han presentado varios hechos con inconsistencias del porqué ocurren y qué objetivo tienen; persisten entonces las acciones que generan incertidumbre ante las actuaciones de los miembros de la fuerza pública que están en el territorio y que realizan las maniobras militares.

El día 27 de agosto se realizó la captura de cinco miembros del Frente 4 de las FARC-EP en el corregimiento de Puerto Claver, municipio del Bagre, por unidades adscritas a la V Brigada del Ejército. Esta información fue desmentida por el Ejército Nacional argumentando que los guerrilleros pertenecían al Ejército de Liberación Nacional (ELN), sin embargo, las FARC en comunicado del 29 de agosto del Bloque Magdalena Medio, reiteraron que los guerrilleros capturados pertenecían al frente 4 y se movilizaban a la Zona Veredal de Carrizal.

Para el mes de septiembre, líderes de la Asociación comunicaron la situación de sobrevuelos sobre un campamento del frente 37 de las FARC en Santa Rosa, lo que generó temor, zozobra y problemas de seguridad a la comunidad aledaña.

El 16 de agosto de 2016, Aheramigua comunicó y denunció la persecución, seguimiento e intimidación de sus miembros. “El día de hoy desde las 3pm, en el municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar, Germán Espinel, miembro de Aheramigua, fue amedrentado por los seguimientos que le hizo un hombre desconocido, quien se transporta en una moto sin placas y realizó contacto visual amenazante a German.

Cabe anotar que Espinel es el encargado del área de comunicaciones de la asociación y, si bien se encuentra radicado en Bogotá, su labor le obliga a estar en permanente movimiento por zonas rurales y urbanas en donde Aheramigua lo requiere”.

El 21 de septiembre Aheramigua pone en conocimiento de la comunidad nacional e internacional la vulneración a la vida digna que están sufriendo las comunidades del Sur de Bolívar, especialmente las de Santa Rosa; además de los constantes señalamientos y estigmatizaciones de los que son víctimas los miembros de la Asociación por parte de miembros de la fuerza pública.

“Desde inicios del mes de septiembre, efectivos de la Policía Nacional han realizado operativos de erradicación de cultivos de uso ilícito en el sector de Fátima de la serranía de San Lucas, en el municipio de Santa Rosa, Bolívar; ante esta acción, la comunidad responde movilizándose masivamente e intentando interlocutar con los uniformados que realizan el operativo, logrando que se detenga el mismo y que se organice una reunión con el Coronel Guio de la Policía de Santa Rosa que se realizaría el 12 del mismo mes a las 2pm.

En los anteriores eventos, el señor Alberto Osorio acompañó y apoyó a la comunidad como miembro de Aheramigua, ya que ésta última, ha trabajado con los campesinos en torno a la idea de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito con garantías y apoyo Estatal.

El lunes 12 de septiembre, representantes de las comunidades bajaron a la cabecera municipal para realizar la reunión prevista, pero el Coronel, de manera displicente, no los atendió aduciendo que no tenía tiempo. El 15 de septiembre atendió a los ciudadanos con el supuesto fin llegar a un acuerdo, pero lo que hizo fue preguntar a la comunidad por “Beto” (así conocen en la región a Alberto), el “bandido que los está organizando”, esto con el fin crear el estigma de subversivo sobre el líder, (hay que recordar que, en la jerga de las fuerzas armadas, se utilizan indistintamente los apelativos de bandido y terrorista para hablar de la insurgencia).

El viernes 16 de septiembre, Alberto Osorio se reunió con el Coronel con el fin de aclarar el asunto, pero durante la reunión, el funcionario público informa que se ordenó detener las erradicaciones, sin embargo, también avisó que tomó fotos y videos a todos los asistentes a la reunión, así como a las personas presentes en los operativos de erradicación y que este material multimedia fue enviado a la fiscalía para que judicialice a los ciudadanos y haga extinción de dominio sobre las fincas de los campesinos. Por otro lado, el uniformado constriñó de manera amenazante para que detallara quiénes eran los de Aheramigua, para qué organizan a la gente, de dónde sacan los recursos para lo que hacen, cuáles son sus miembros, etc., lo cual consideramos una actitud temeraria por parte del funcionario” (Comunicado 16).

El día 2 de octubre de 2016 Aheramigua denunció los señalamientos, constreñimientos y participación indebida en política, que el Batallón 48 “Prócer Manuel Rodríguez Torices”, presente en el corregimiento de Canelos, en Santa Rosa, Bolívar, comete durante las votaciones por el plebiscito instigando a la comunidad a que vote por el No en la entrada del punto de votación preparado para este ejercicio electoral.

“El día 2 de octubre de 2016, los compañeros de Aheramigua presentes en el corregimiento de Canelos, municipio de Santa Rosa, Bolívar, coordinados por el compañero Alberto Osorio, se encuentran desde temprano apoyando activamente la participación en las votaciones para el Plebiscito que refrenda los acuerdos de la Habana.

Tan pronto como los efectivos del Ejército Nacional, pertenecientes al Batallón 48 “Prócer Manuel Rodríguez Torices” se percataron de la presencia de nuestros compañeros, se dirigieron amenazantes hacia el compañero Alberto Osorio para exigir que les exhibiera su documento de identificación, a lo que éste se negó en tanto que esa potestad sólo la tiene la Policía Nacional.

Posteriormente, algunos efectivos se ubican a la entrada del punto de votación y comienzan a decirle a los ciudadanos que van ingresando que “hay que votar por el NO” cometiendo de manera abierta los ilícitos de constreñimiento ilegal y participación indebida en política, siendo más grave aún la situación, por cuanto son actores armados que intimidan a la comunidad que quiere participar en el ejercicio democrático” (Comunicado 17).

El día 8 de octubre Aheramigua denunció la detención ilegal, abuso de autoridad y señalamientos, de los que son víctimas nuestros líderes en el municipio de Montecristo, Bolívar, por parte de servidores públicos adscritos al batallón Nariño ubicados en el mismo municipio.

“El día 8 de octubre, en el corregimiento de Puerto España, municipio de Montecristo, Bolívar, los miembros de las Juntas de Acción Comunal del Caribona (subregión que comprende tres cuartas partes del municipio), se dirigían a una reunión convocada para tratar el tema de las licencias de explotación y transporte de madera, las cuales se encuentran congeladas desde hace varios meses a causa de las investigaciones que recaen sobre la CAR del sur de Bolívar por corrupción; tales congelamientos de licencias ambientales han afectado la vida digna de las comunidades y varios derechos fundamentales conexos a ésta.

Al terminar la reunión, aproximadamente a las 2:30 pm, militares adscritos al Batallón Nariño y comandados por el Sargento Primero Conrado, detuvieron de manera ilegal al compañero Almed Uparela Barrios y a la compañera Leiman Ester Barroso Mejia, miembros de Aheramigua, señalándolos de pertenecer al Frente 37 de las FARC-EP, incautándoles también de manera ilegal, documentos privados en donde se encuentran consignadas las reuniones a las que ha asistido en calidad de secretaria de la Asociación de Madereros del Caribona, además de información personal de las comunidades, líderes sociales y asociados.

Los compañeros fueron puestos en libertad, pasadas las 5:00pm” (Comunicado 18).

Conclusiones

Esperamos que la información aquí recopilada pueda contribuir en la identificación de los elementos que dieron pie para la violación del cese al fuego bilateral por parte del Ejército Nacional. Es importante reiterar que en el marco del monitoreo realizado por las mismas comunidades al cese al fuego, se ha podido evidenciar el respeto al mismo por parte de las FARC, aun en medio de un contexto dificultoso al tener operativos militares constantes contra el ELN quien también está en la región.

Deducimos que la presencia de los militares con prendas de civil en las tiendas pretendía un ejercicio de inteligencia que conllevara a identificar a los sujetos objetivo del operativo. Sin embargo, el hecho de que el Ejército, en vez de capturar e informar a los insurgentes el mismo domingo 13 de noviembre, haya preferido asesinarlos, que no contaban más que armas cortas y quienes estaban en estado de indefensión en la casa de civiles, deja un tufillo de alevosía respecto a la violación del cese al fuego bilateral.

Así mismo, hemos visto con preocupación la información emitida por el Ejército Nacional, presumiendo la continuación de la extorsión y otras acciones delincuenciales por parte de los insurgentes, declaraciones que no son acordes ya que los pobladores indican que los tres insurgentes no realizaban actos ilícitos y tan solo uno llevaba un canguro.

Reiteramos el llamado a que las instituciones realicen investigaciones ágiles que garanticen la no repetición de hechos similares, además que se establezcan las correspondientes responsabilidades y sanciones a los servidores públicos involucrados en la violación del cese al fuego y en los abusos en contra de la comunidad.

Lamentablemente en la historia del país y en esta región, que la hemos tenido que vivir en carne propia, vemos cómo algunos miembros de la fuerza pública se han aliado con intereses económicos y políticos regionales que han conllevado a la vulneración sistemática de derechos humanos. La fuerza pública no trata a los habitantes de los territorios como ciudadanos. Siempre nos han señalado como parte de la insurgencia y sin garantías en el marco de los operativos que se realizan aquí. Cualquier cosa puede suceder.

Finalmente, expresamos nuestra preocupación por los antecedentes aquí mencionados los cuales evidencian las reiteradas prácticas de señalamientos, persecución, estigmatización y hostigamiento hacia la población civil y las organizaciones campesinas defensoras de derechos humanos que desarrollamos nuestra labor en esta zona, por lo que exigimos brindar atención especial a los hechos aquí narrados.