Tanto el presidente de la República como Humberto de la Calle Lombana se apresuraron a decir que el “nuevo acuerdo” con las FARC-EP era mejor, muy superior al anterior. Se cuidaron en decir eso sí a favor de quién. Callaron.

De acuerdo a lo que se conoce hasta ahora sobre dichas modificaciones, se podría decir sin ningún pesimismo que los sablazos contra el acuerdo original que ya había sido aprobado no son para dormir tranquilos.

Recordemos que Santos y los partidos que hacen parte de la llamada “Unidad Nacional”, poco y nada hicieron para que el plebiscito del 2 de octubre saliera ganancioso el sí. De hecho era inocuo. No había necesidad de hacerlo. ¿Por qué se empecinó Santos en hacerlo?

El comandante del bloque occidental de las FARC-EP, Wilson Saavedra, ha dicho recientemente en reportaje concedido a la página web www.pacocol.org: “El presidente de la República, independientemente de la voluntad de paz que pueda tener de sacar adelante el proceso y todo, es un representante de esta clase en el poder y no puede jugar solo”.

Es más. Cuando se le preguntó su opinión sobre la estrategia mediática de polarizar el país entre Santos y Uribe, el comandante insurgente fue contundente en su respuesta: “Allí no hay ningún enfrentamiento”. Efectivamente, no existen posiciones antagónicas entre el santismo y el uribismo, ambos hacen parte del establecimiento. Son las dos caras de la misma moneda.

El comandante del XXI Frente de las FARC-EP, Donald Ferreira, expone también elementos que no se pueden descartar en este análisis. Por una parte afirma sobre los resultados del plebiscito: “Gran parte es culpabilidad del Estado, porque él tiene las manos libres para andar, decir y explicar qué es lo que se ha acordado en La Habana”. Resulta que no lo hizo. Dice adicionalmente el comandante verdad monumental: “En este país el sistema electoral es el mismo corrupto de siempre, el Consejo Nacional Electoral pone a votar hasta a los muertos, a los corruptos, la corrupción está allí”. ¿Quién podría negar estas afirmaciones?

Todos los presidentes que ha tenido Colombia hasta ahora, a excepción de Bolívar, han sido mentirosos e incumplidos. Eso tampoco nadie con dos dedos de frente lo podría negar. Sin embargo, Juan Manuel Santos Calderón resulta campeón en incumplimiento, al extremo que hasta su misma esposa lo ha divulgado.

¿Que Santos tiene elementos de filantropía en su concepción de manejo del Estado? Por supuesto que no. Es un criminal. Sin existir en la Constitución nacional la pena de muerte, ordenó asesinar a sangre fría al comandante Alfonso Cano. Muy orondo y con risa de oreja a oreja él mismo lo dijo públicamente. Era ministro de Defensa cuando se invadió territorio ecuatoriano con bombas para aniquilar al comandante Raúl Reyes violando el Derecho Internacional Humanitario y los protocolos de Ginebra que hablan de la proporcionalidad.

Es decir, pretender establecer diferencias con el narcoparamilitar Uribe no deja de ser un sofisma de distracción para despistar incautos.

Con estos antecedentes reales y concretos la naturaleza del “nuevo acuerdo” suscita grandes y preocupantes interrogantes. Sería fundamental que el Partido Comunista convocara un pleno extraordinario para hacer un análisis colectivo sobre estos temas y otros de suma actualidad y vigencia como por ejemplo la situación internacional con el nuevo inquilino de la Casa Blanca, Donald J. Trump.

El director del semanario VOZ La verdad del pueblo, Carlos Arturo Lozano Guillén, prende las alarmas en su artículo intitulado: “El “nuevo acuerdo” El futuro es para la implementación” [1].

Tres aspectos llaman poderosamente la atención y que el director del semanario subraya con precisión: “Dejar el acuerdo sin el blindaje constitucional (bloque de constitucionalidad), pues queda expuesto a la contrarreforma en futuros gobiernos”. Eso es grave, gravísimo, en una burguesía atrasada, criminal y que no cumple lo pactado.

Sigue Lozano Guillén: “Incluye el concepto de “sostenibilidad fiscal” para la financiación del posacuerdo, poniendo en peligro su concreción por la falta de recursos si así lo alega el poder ejecutivo”. ¿Será que la burguesía colombiana le dará prioridad al acuerdo de La Habana? No le ha cumplido a la Cumbre Agraria por ejemplo, ni a los docentes, ni al país. ¿Esta será por ventura la excepción a la regla?

Un tercer elemento que incluye el periodista de VOZ La verdad del pueblo: “Debilita el concepto de no repetición en este hilo conductor de lo “nuevo” incorporado, que tiene tufillo de unilateralidad porque va en dirección a compromisos de las FARC, mientras el Estado oculta su responsabilidad, así como terceros civiles que son cómplices de la guerra sucia contra la izquierda y del genocidio de la Unión Patriótica como del sempiterno anticomunismo en las políticas oficiales y de las instituciones castrenses”.

Es decir, en el “nuevo acuerdo” mientras que las FARC-EP están obligadas a cumplir el acuerdo en su integralidad, el Estado no, pues puede alegar por ejemplo que no hay dinero o simplemente someterlo a modificación. La situación se torna más preocupante si se advierte las sombras ultraderechistas de Germán Vargas Lleras rondando la Casa de Nariño o un ex procurador Ordóñez o un Zuluaga, por decir algo.

Hay otros aspectos que generan mucha suspicacia por el alto grado de corrupción que hay al interior de los poderes públicos en Colombia. Eso que el tribunal de paz estará integrado solo por colombianos suena muy bonito e incluso, “patriotero”, pero la verdad resulta tozuda y por lo que se ha visto en tantos casos, no puede más que generar preocupación como mínimo.

El pueblo deberá prepararse para enfrentar todos estos desafíos con decisión y coraje, de lo contrario, muy posiblemente estaríamos condenados a otros cien años de soledad como diría Gabriel García Márquez.