La Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó -Aheramigua- informa acerca del inminente riesgo en el que se encuentra la comunidad del corregimiento Puerto López en el municipio El Bagre, Antioquia, en razón al siguiente:

El 22 de noviembre, los hogares de quienes fueran líderes comunitarios, personas que han tenido que refugiarse en las zonas rurales a causa de amenazas paramilitares, amanecieron pintadas con grandes cruces negras. La misma comunidad considera este hecho como una amenaza expresa del paramilitarismo en su contra.

Como ha venido denunciando Aheramigua, sus miembros permanentemente son objetos de señalamientos por parte de los grupos que hacen parte del conflicto armado en la región de Guamocó. Dentro de los hechos más graves se encuentran:

• El 9 de enero de 2016 Jair Suárez, hermano de un miembro de la asociación, fue desaparecido por paramilitares de las “Autodefensas Gaitanistas”.

• Los días 3 y 6 de marzo, María Arrieta, miembro de la asociación, recibió amenazas a través de mensajes de texto.

• El 7 de marzo fue asesinado el líder y tesorero de la asociación, William Castillo.

• Así mismo los días 6 y 7 de abril, Alberto Osorio y Germán Espinel fueron intimidados a causa de los seguimientos que recibieron por parte de extraños.

• Durante el mes de septiembre, Jairo Rodriguez, vocal de Puerto López, recibió amenazas telefónicas a causa de su activismo social en Aheramigua.

Por todo lo anterior se exige al Gobierno Nacional que garantice la seguridad de quienes hacen parte de la asociación y que desmantele las organizaciones paramilitares que actúan en la región. Al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección hacer efectivas las medidas de protección individuales y colectivas que en reiteradas ocasiones han sido solicitadas por Aheramigua. Al gobierno local, departamental y nacional llevar a cabo las medidas pertinentes que brinden garantías y efectividad de los derechos humanos, el derecho a la vida, la integridad personal y psicológica, al trabajo, la libre movilidad, y al acceso a la justicia. A la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría y a las demás autoridades pertinentes que investiguen los hechos aquí denunciados. A la Fiscalía General de la Nación que sean investigados penalmente los actores responsables de los hechos aquí denunciados.

Asimismo se solicita a los organismos internacionales encargados de velar por los derechos humanos intervenir con carácter urgente y exigir soluciones inmediatas al Estado colombiano. A la comunidad nacional e internacional y a las organizaciones defensoras de derechos humanos el acompañamiento a estas regiones golpeadas por los actores armados.

Por último se responsabiliza al Estado colombiano como único responsable de la garantía y protección de los derechos humanos. A la alcaldía de El Bagre como ente territorial que debe velar por la protección de la comunidad. A las autoridades nacionales, departamentales y locales de cualquier situación que se pueda presentar luego de la promulgación de esta denuncia y de las respectivas acciones jurídicas que se emprendan.