Asociación Campesina de Arauca
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Arauca sumida en la tragedia humanitaria
Ferney Tique Vargas / Viernes 20 de marzo de 2009
 

Arauca se ubica como el tercer departamento mas violento de Colombia, producto de la agudización y degradación del conflicto armado interno, pues en el periodo comprendido entre los años 2001 y 2008 han perdido la vida más de 2.597 personas de manera violenta, de estas, cerca de dos mil muertes fueron cometidas por el bloque paramilitar Vencedores de Arauca. En el año 2008 hubo 327 muertes violentas, de los cuales 212 corresponden a civiles representados en campesinos, líderes sociales, comunales, ganaderos, comerciantes, amas de casa, sindicalistas, entre otros. En su mayoría estos hechos fueron cometidos por agrupaciones insurgentes que desde finales de 2005 a la fecha han mantenido una confrontación en la que han perdido la vida más de 350 civiles.

En igual sentido en el periodo comprendido de 2001 a 2008 se ha incrementado el numero de víctimas por minas, que asciende a más de cien personas mutiladas y muertas por este flagelo, ubicando al municipio de Tame en el primer lugar entre los diez municipios de Colombia más afectados, pues entre el 2004 y 2008 tuvo 218 casos (Fuentes: Policía Nacional, Medicina Legal e inspecciones de Policía).

Desde el año 1997 al 2008 han sido expulsados de sus lugares de habitación 13.228 hogares araucanos, para un total de 52.874 personas, de los cuales 8.093 hogares con un total de 33.928 personas han llegado a las diferentes cabeceras municipales a engrosar los cordones de miseria y de paso aumentar el déficit de vivienda y en general a padecer el abandono estatal. Aproximadamente el 80% de estas familias viven con cien mil pesos [cerca de 42 dólares, unos 31 euros, nota de Prensa Rural] mensuales, prácticamente en la indigencia. Tan solo en el año 2008 fueron expulsados de sus casas de habitación 8.697 personas. (Fuentes: Acción Social y Acnur).

Se cree que más de 12 mil araucanos han huido hacia la hermana República Bolivariana de Venezuela y otro tanto hacia el interior del país como consecuencia del conflicto armado interno.

El número de civiles ejecutados extrajudicialmente por agentes del Estado supera los 50. En la actividad ilegal de las capturas masivas o falsos positivos son más de tres mil hombres y mujeres los afectados. Las más golpeadas por esta modalidad inconstitucional han sido las diferentes expresiones populares con una amplia y reconocida tradición de lucha, cuyos líderes y voceros han estado y están en las cárceles, entre ellos los defensores de derechos humanos como el presidente del Comité Permanente Martín Sandoval Roso, de quien exigimos su inmediata libertad.

El presidente Uribe ubicó el departamento de Arauca como un eje estratégico en materia económica, militar y geográfica en el país, por la riqueza petrolera y por ser frontera con Venezuela. A consecuencia de ello es fuertemente militarizado. La existencia de yacimientos petroleros y con ello las gigantescas inversiones del capital transnacional a través de Repsol y Oxy, han exigido el dominio regional y la garantía para la explotación de este recurso natural. Con ello se pretende justificar el incremento del pie de fuerza militar, la violencia paramilitar, la estigmatización, la persecución judicial y política contra las expresiones populares. Como diría Alfredo Molano, “Arauca nació para el país sólo cuando se descubrió el yacimiento de Caño Limón, y desde ese día cada barril de petróleo cuesta mucha sangre”.

Ante esta crisis humanitaria hemos sido persistentes en la denuncia, se han realizado debates en la Asamblea Departamental sobre situación de orden público y derechos humanos, con asistencia de las autoridades civiles y militares; se han presentado proposiciones y pronunciamientos exigiendo el cese de la violencia, el respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, exigiendo garantías políticas, el acatamiento a la libertad de expresión, exhortando a la tolerancia y al respeto por las ideas distintas y la convivencia, e insistiendo en la necesidad de una salida política negociada al conflicto armado que aqueja no sólo al país sino al departamento.

Trabajamos por humanizar las condiciones de vida de la población desplazada en aras de que no sea doblemente victimizada; que se adopte una política única, centralizada y coherente de atención a las víctimas del desplazamiento forzado; persistiremos en la denuncia de todo hecho de violencia; lucharemos por la paz y la terminación del conflicto armado mediante el dialogo, así como exhortamos a los grupos armados en contienda que excluyan de su confrontación a la población civil y sus bienes.

En la actualidad el departamento padece un paro armado decretado por la insurgencia desde el pasado lunes 16 de marzo, extendido indefinidamente en todo el departamento, afectando el sector transporte, las rutas del transporte escolar en Fortul y Saravena, y ocasionando grandes pérdidas en el comercio y la producción agropecuaria. En el momento hay escasez de alimentos, y los que pueden ingresar al departamento son con sobrecostos, lo que agudiza aun más la recesión económica y la tragedia humanitaria.