En vísperas de la Navidad, el país se prepara para una nueva era, pero la gran mayoría de las personas no se han dado cuenta de que la decisión de aplicar el acuerdo de paz con las Farc es irreversible ni de que las cosas no pueden volver a ser como antes. No se puede tolerar, por ejemplo, que se haya puesto en marcha una matanza deliberada de líderes comunitarios en varias regiones del país y no se haya avanzado en la investigación de quienes son los organizadores de esa cadena de crímenes; o que voceros del Gobierno den declaraciones encaminadas a hacer creer que los asesinatos e intentos de asesinatos no tienen relación entre ellos, sino que son casos aislados, “problemas entre vecinos”, como se decía hace pocos años cuando hubo una ola de asesinatos de líderes sindicales en el sector minero y las autoridades explicaban que se trataba de crímenes pasionales, como si repentinamente el Cesar se hubiera convertido en caldera del diablo.

Han reaparecido los funestos enemigos agazapados de la paz, y las autoridades les hacen el juego tratando de distraer. No se necesita ser experto en criminología ni ser un genio estadístico para darse cuenta de que han asesinado un número anormal de líderes sociales en un corto período de tiempo. Tampoco es normal que Colombia haya sido durante muchos años uno de los países con más asesinatos de líderes sindicales. O que al anterior intento que hicieron las Farc de organizarse como partido político y reingresar a la sociedad lo pararon en seco cuando asesinaron deliberadamente y en forma coordinada a muchos de los líderes de la UP. Este antecedente debiera poner en alerta a las autoridades y al resto del país de que se está gestando algo parecido y de que los responsables pueden ser los mismos que organizaron el extermino de la UP y los asesinatos de distinguidos abogados laboralistas de izquierda y de líderes sindicales. Todavía deben de estar ufanándose de haber sido baluartes o muros de contención contra el comunismo.

Cuando se cumplieron 25 años desde que ocurrieron estos hechos, ‘Semana’ publicó una memoria que decía: “Jaime Pardo Leal sabía que lo iban a matar. Su familia sabía que lo iban a matar. La Unión Patriótica sabía que lo iban a matar... El país entero sabía que lo iban a matar. Y finalmente lo mataron. Eran las 3:45 de la tarde del domingo 11 de octubre” de 1987. Esto mismo se puede escribir cambiando el nombre de Jaime Pardo por el de Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, Manuel Cepeda Vargas, Guadalupe Salcedo y quién sabe cuántos más. El país es responsable de que esto no se repita ahora.

La policía y los investigadores de la Fiscalía deben dedicarles la misma atención a los activistas y voceros de extrema derecha que les prestan a los activistas de izquierda, y vigilar estrechamente sus asociaciones y organizaciones, y sus actividades, como lo hacen con las de izquierda. Organizaciones y asociaciones que han estado ligadas con el despojo de tierras y el desplazamiento forzado de campesinos tendrían que estar en la mira de estas investigaciones.

La gente se pregunta, después de estos hechos, “¿qué hubiéramos podido hacer?”. Lo primero que se debe hacer ahora es tener conciencia de lo que está sucediendo, escandalizarse, exigirles a la Policía y a la Fiscalía resultados, e indignarse de que las autoridades no están haciendo lo suficiente para resolver estos crímenes, pero sí se esmeran en dar explicaciones que si no son cínicas son por lo menos ridículas. Hay que asumir responsabilidad a nivel individual y de la sociedad de que se haga lo necesario para consolidar la paz, principiando por la justicia.

Les deseo felices fiestas. Esta columna reaparecerá la tercera semana de enero.

Publicado originalmente en El Tiempo.