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El crimen político es la mayor amenaza contra la implementación de los acuerdos
Marcha Patriótica Antioquia / Miércoles 18 de enero de 2017
 

Con los asesinatos de José Yimer Cartagena, líder del movimiento Político y Social Marcha Patriótica en el departamento de Córdoba y vicepresidente de la Asociación de Campesinos para el Desarrollo del Alto Sinú, Asodecas; Olmedo Pito García, comunero NASA del resguardo indígena Huellas de Caloto, integrante de la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas de Colombia, CONPI, organización filial a Marcha Patriótica; Aldemar Parra, presidente de la Asociación Apícola de El Hatillo, en el departamento del Cesar; Moisés y Chogoló Mosquera, padre e hijo de la comunidad de Salaquí, Chocó, son ya 5 los asesinatos de campesinos e indígenas empezando el año de la implementación de los acuerdos de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos.

Los 129 crímenes políticos contra integrantes de organizaciones de base de Marcha Patriótica en los últimos 5 años son la evidencia contundente de que detrás de éstos hay una clara y sistemática política de exterminar los movimientos sociales, a los defensores de derechos humanos y a los reclamantes de tierras; son, sin la menor duda, la prueba irrefutable de que el paramilitarismo o como sea que llamemos las fuerzas de extrema derecha que se oponen abierta y agresivamente a los acuerdos de paz y su implementación, están detrás de esta violenta ofensiva.

Esta realidad concreta contradice la postura del Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, cuando afirma que no existe paramilitarismo en Colombia, así como la del Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, quien ha afirmado que los crímenes contra líderes de base de los movimientos sociales no son sistemáticos ni tienen conexión entre sí. Afirmaciones incoherentes y hechas añicos con la muerte de cada líder social.

La grave amenaza contra la vida de quienes precisamente están en favor de los acuerdos y del fin del conflicto armado, quienes son la razón de ser de la participación política para la profundización y ampliación de la democracia, nos convoca a la más urgente solidaridad, la más amplia unidad y cohesión del movimiento social y político, de las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda, a poner en alerta máxima a la sociedad colombiana; convocarla a la denuncia, la defensa y la movilización presionando al Estado y sus máximas autoridades para que ejerzan sin vacilaciones e incoherencias el mandato constitucional que ordena la protección de la vida como un derecho fundamental. Si el Estado y sus máximas autoridades no se comprometen a detener la peligrosa ofensiva de la extrema derecha contra Marcha Patriótica, en particular, y el movimiento social en general, se imposibilita seguir hablando de acuerdos e implementación, cuando se sigue asesinando diariamente compatriotas por ser parte de una propuesta política democrática alternativa o de izquierda.

El crimen político contradice de fondo la esencia y espíritu de unos acuerdos que, a lo largo de los cinco temas acordados, señala expresamente que una de las máximas aspiraciones de éstos es que las armas desaparezcan de la política y se respete la vida de los contrarios ideológicos.

No podemos permitir que el Estado, sus instituciones y principales autoridades desconozcan la grave amenaza que pende sobre los acuerdos. En consecuencia, es nuestro deber presionar al Estado para que utilice el monopolio constitucional de su fuerza para la defensa de la vida y los acuerdos, conteniendo, disuadiendo y castigando el crimen político como debe ser, o de lo contrario hundirnos en la impotencia y asistir pasivamente al retorno de la guerra.

Vivir con la angustia y el temor de levantarnos todos los días con un pie en la esperanza de una paz estable y duradera y otro en la tumba, no es sinónimo de reconciliación, sino de muerte y guerra, que es la página que queremos pasar con la implementación y el cumplimiento de lo acordado.

Por eso a Marcha Patriótica Antioquia se le imposibilita hablar de la implementación de unos cuerdos por los que nos están matando, al tiempo que las máximas autoridades del país, de la forma más incoherente, actúan como si la vida de compatriotas comprometidos con la paz, el fin del conflicto armado, la justicia y la democracia no mereciera ser protegida por el Estado, sus instituciones y la sociedad.

Ante la gravedad de los hechos, hacemos un llamado a la comisión encargada del Mecanismo de Monitoreo y Verificación de los Acuerdos, conformada por delegados de la ONU, las FARC-EP y representantes del gobierno a convocar con carácter urgente una reunión entre las organizaciones y movimientos sociales blanco de los ataques, amenazas y asesinatos, y las autoridades departamentales y municipales, la gobernación y la alcaldía de Medellín, para que busquemos respuestas y salidas a la grave crisis humanitaria que vivimos apoyados en el mandato que establece el artículo 11 de la Constitución Política: El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte; y el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.