La Constitución Política consagra la participación como un valor, un principio y un derecho-deber. Lo anterior a partir de la consideración del sistema institucional vigente como una democracia participativa, apuesta que, como se sabe, pretende en nuestro país ir (sin tener mayor éxito) más allá de la actual democracia representativa y contramayoritaria.

La democracia participativa se despliega, según la Carta y la Ley 1757 de 2015, no solamente mediante los mecanismos descritos en el artículo 103 superior, sino también a través de la posibilidad de incidencia, concertación, control y vigilancia en la gestión pública que puede llegar a tener la sociedad civil.

Frente a esta última modalidad, surge la pregunta ¿cómo ha sido el ejercicio del derecho a la participación en los escenarios locales y departamentales? Una aproximación al estado de la cuestión en 20 municipios del departamento del Meta [1] fue efectuado el año anterior para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA) [2]. El estudio, realizado con 115 organizaciones, arroja elementos interesantes sobre la participación ciudadana en lo municipal y departamental.

Por ejemplo, se tiene que sólo el 29,3 % de las organizaciones sociales encuestadas participaron de la formulación de los planes de desarrollo municipal (2012-2015). De otra parte, la incidencia en políticas locales fue significativa en temas de mujer y género, en los que contribuyeron un 62,2 % de las organizaciones, mientras que un 59 % de éstas afirmó haberlo hecho en materia de vivienda y derechos de las víctimas. A nivel departamental, el 36,7 % de las organizaciones participaron en la construcción de políticas públicas entre el 2012 y el 2015.

Ahora bien, al preguntar a secretarios de gobierno y personeros municipales sobre las obligaciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación (contenidas en la Ley 1757 de 2015), se obtuvo que sólo el 70,6 % manifestó conocer éstas, aunque no indicaron qué medidas, en específico, las administraciones tomarán para implementarlas.

Con relación al proceso de paz y la puesta en marcha de los acuerdos firmados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, el 48,6 % de las organizaciones encuestadas participó en espacios de reflexión sobre los diálogos, aunque sólo el 20,2 % elaboró documentos y propuestas sobre los temas de la Agenda de conversación en La Habana. En un escenario de implementación, los temas de mayor interés para las organizaciones son derechos de las víctimas, mujer y género, medio ambiente y vivienda.

Precisamente la participación activa de la ciudadanía es uno de los puntos en que mayor énfasis hace el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, en el que se estipula que “la participación ciudadana es el fundamento de todos los acuerdos que constituyen el Acuerdo Final. Participación en general de la sociedad en la construcción de la paz y participación en particular en la planeación, la ejecución y el seguimiento a los planes y programas en los territorios, que es además una garantía de transparencia”.

Así las cosas, es imperativo el fortalecimiento organizativo y la capacidad de incidencia de los procesos sociales departamentales y municipales para la implementación efectiva de los acuerdos, ya que el aterrizaje de éstos en los territorios depende, en buena medida, de la posibilidad de apropiación y exigencia de la sociedad civil, al igual que de administraciones que en lo municipal y departamental demanden también la implementación integral de lo acordado y contribuyan al robustecimiento de la participación. Lo anterior será fundamental para la construcción de la paz estable y duradera, que incluye, como señala el acuerdo de participación política, la ampliación democrática para la consecución de una real democracia participativa. Los resultados acá expuestos sobre el departamento del Meta (un ente territorial clave en lo que será el posconflicto), son una muestra del estado actual de la participación a nivel municipal y departamental, así como de los retos que se tienen en el horizonte inmediato.