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Opinión
¿Cómo se relaciona la revocatoria de Peñalosa con la implementación de la paz?
Román Vega, Sebastián Cristancho / Martes 31 de enero de 2017
 
Imagen tomada de: Colombia Informa

Este documento tiene como objetivo explorar la relación entre el proceso de revocatoria de Peñalosa, la implementación de los acuerdos y la construcción de un país en paz. Se trata de develar el potencial y oportunidad que ofrece el proceso de revocatoria, destituyente y constituyente, para contribuir a la unidad y la movilización ciudadana, de los trabajadores y de los sectores populares, en una circunstancia histórica de la ciudad y del país en la cual se exige la construcción de un bloque de poder alternativo que haga posible un nuevo modelo de ciudad no neoliberal, en conexidad con la implementación de avanzada de los acuerdos de paz y una perspectiva de lucha urbana creciente.

En el presente trabajo nos proponemos responder a preguntas que están a la orden del día como las referidas a por qué y para qué la revocatoria; qué nos espera de la reacción del establecimiento a esta iniciativa; qué tan necesaria y posible es la unidad; cuál es la posible articulación entre revocatoria, implementación de los acuerdos y construcción de paz; y cómo acumulamos fuerzas en el partido y el movimiento revolucionario y democrático en la ciudad.

¿Por qué y para qué la revocatoria?

El mecanismo de participación ciudadana, que es la revocatoria del mandato del alcalde mayor de Bogotá, deriva del principio de soberanía popular y democracia participativa conforme al cual el pueblo tiene derecho a despojar del cargo a quien ha escogido electoralmente como su representante con fundamento en los artículos 40, 103 y 259 de la Constitución Política de 1991; el artículo 65 de la Ley 134 de 1994 y los artículos 5º y 6º de la Ley 1757 de 2015.

De acuerdo con las leyes 134 de 1994 y 1757 del 2015 la revocatoria del mandato de un gobernante se puede impulsar por incumplimiento del voto programático, es decir, por incumplimiento del programa de gobierno con el que el mandatario fue electo, o por insatisfacción general de la ciudadanía con el gobierno y sus actos, al cumplirse un año en el ejercicio de sus funciones. Cualquiera sea la opción que se escoja, ésta debe estar sustentada en una exposición de motivos que debe quedar registrada al respaldo del formulario con el que se inscribe ante la Registraduría Distrital el respectivo comité promotor de la revocatoria.

Ante la creciente expresión de inconformidad e indignación popular con las iniciativas del Gobierno Distrital un grupo numeroso de ciudadanos decidimos fundamentar nuestra propuesta de revocatoria en las siguientes 30 razones de insatisfacción general de la ciudadanía:

“El alcalde mayor de la ciudad no sólo ha incurrido en presunta falsedad en documentos que acreditan sus títulos académicos al momento de posesionarse sino que ha adoptado medidas que lesionan los derechos económicos y sociales adquiridos y las perspectivas de un desarrollo de ciudad democrático, socialmente justo, incluyente y ambientalmente sustentable.

Entre estas medidas están la fusión y privatización de hospitales públicos y la terminación de Territorios Saludables agravando las condiciones de atención en salud; la ampliación de la figura de colegios por concesión, una jornada única sin recursos humanos ni físicos para garantizarla y la afectación de la educación de la primera infancia y media; la reducción de los terrenos de las universidades públicas en Bogotá y la desfinanciación de la Universidad Distrital agravada por la réplica del programa "Ser pilo paga" con recursos de la ciudad; el desalojo del Bronx sin tener un adecuado y suficiente plan de atención a la población residente, a los comerciantes del sector ni a los habitantes de calle; el cambio privatizador del plan general de manejo de residuos sólidos afectando a más de 14 mil familias recicladoras; la destrucción de la economía popular con la exclusión de los vendedores informales de los espacios públicos desconociendo el derecho al trabajo y agravando su situación social; el cierre de espacios de participación y el abandono de los programas acunar; la limitación de la autonomía ciudadana en el uso democrático del espacio público; el retroceso en derechos para las mujeres, la comunidad lgbti, afros y otras etnias; la promoción de la tercerización e informalización laboral que acaba con los derechos de los trabajadores; la violación e incumplimiento de acuerdos laborales; la dilación en la construcción del metro y su cambio de uno subterráneo a otro elevado sin estudios previos; su obsesión por seguir llenando a la ciudad de buses contaminantes a través de Transmilenio, que menoscaba las finanzas del distrito excluyendo a los pequeños transportadores y sometiéndolos a la miseria; su falsa actitud con el uso de bicicletas sin ciclo-rutas ni seguridad adecuadas; el conflicto de intereses con las empresas proveedoras de buses de transporte público; el incumplimiento a la resolución judicial sobre legalización de barrios en cerros orientales, desalojando familias y vulnerando derechos colectivos y del ambiente; el incumplimiento con la solución del problema del relleno sanitario Doña Juana; y la pretensión de modificar el ordenamiento territorial para permitir la urbanización de la reserva forestal Thomas van der Hammen y de los cerros orientales en detrimento de los humedales y de la estructura ecológica principal.

No contento con el uso de procedimientos antidemocráticos que desconocen la participación ciudadana legítima, el alcalde ha engañado a los bogotanos desde la presentación del anteproyecto de plan de desarrollo radicado ante el Consejo Territorial de Planeación que difiere con el radicado ante el Concejo de Bogotá.

Las medidas económicas iniciadas para cubrir el déficit presupuestal del Plan de Desarrollo han implicado el recorte del gasto público social, el despido de miles de trabajadores, la venta de las empresas de servicios públicos como la ETB y el grupo de energía, entre otras, el endeudamiento de la ciudad con la banca mundial, una propuesta de nuevas cargas tributarias regresivas y el uso de estrategias de asociación público-privada que benefician a los particulares en cada uno de los proyectos de inversión, urbanización y gestión en la ciudad. Contraria a la perspectiva de derechos en el desarrollo urbano que defiende la ciudadanía, el alcalde busca imponer un modelo de ciudad excluyente, orientado a los negocios, a la generación de rentas del suelo para particulares, a la inversión de capital y a la obtención de utilidades privadas en beneficio de los grandes gremios económicos”.

Como puede observarse, el proceso destituyente del alcalde a través del mecanismo de revocatoria es expresión genuina de la disputa estratégica entre un modelo de ciudad mercancía, antisocial y ambientalmente depredador que busca materializar los intereses del poder económico y político entrecruzado de los grandes urbanizadores, financistas, terratenientes urbanos, gremios inmobiliarios y de la construcción, transportadores, transnacionales productoras de buses y del vargasllerismo que hoy los representa, entre otros. Y otro modelo, alternativo y progresista de ciudad no neoliberal, que reivindica el derecho a una ciudad democrática, socialmente justa y ambientalmente sustentable que demanda un amplio movimiento urbano, social y político, al cual nos referimos más adelante.

Si con este intento de amplio respaldo ciudadano y popular no revocamos a Peñalosa, perderemos a Bogotá para las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda por un buen lapso de tiempo, y las políticas neoliberales del actual bloque hegemónico de poder se catapultarán y ejecutarán en mejores condiciones de gobernabilidad. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que estamos ante la necesidad y perspectiva de crear una nueva convergencia de fuerzas sociales y políticas, amplia, plural y democrática, no solo para revocar a Peñalosa y replantear el modelo de ciudad que impulsa su gobierno, sino para contribuir a crear nuevas condiciones y oportunidades para el movimiento popular y de los trabajadores a nivel nacional de cara a las elecciones de 2018. Ello como respuesta a la amenaza de la posible unidad reaccionaria que representan Cambio Radical (con el cual el alcalde de Bogotá ha sido electo), el Centro Democrático, el conservatismo y el santismo retrógrados, que pretenden bloquear la implementación de los acuerdos y la construcción de una paz democrática, justa y soberana para el país desde su afinidad con el guerrerismo, los terratenientes y el modelo neoliberal de desarrollo.

¿Qué nos espera del establecimiento?

La iniciativa destituyente que hemos desplegado por medio de todo lo que implica el proceso de revocatoria se enfrentará a la reacción de los actores sociales, económicos y políticos que giran en torno a Peñalosa, cuyo gobierno condensa los intereses del bloque de poder dominante en la ciudad y en el país, quienes pondrán al servicio de su defensa los recursos de poder que detentan o controlan a nivel distrital y nacional. Entre esos recursos ya observamos en acción los siguientes:

  • Una antidemocrática campaña propagandística y de comunicación de los grandes medios de prensa escrita, televisión, radio y portales de internet que están bajo el control de los grupos empresariales de Sarmiento Angulo, Ardila Lulle y Santodomingo y del gobierno peñalosista. Estos medios vienen desinformando a la opinión pública sobre las motivaciones reales y el alcance amplio y plural de los convocantes de la revocatoria, y negando el acceso a quienes como voceros hemos asumido esta causa. Incluso han venido posicionando en la subjetividad capitalina, la imposibilidad del triunfo del proceso de revocatoria para restarle en la ciudadanía su potencial movilizador y creador.
  • Declaraciones públicas desde el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Santos, quien sin ruborizarse por su evidente sesgo en favor de Peñalosa, no sólo ha utilizado los medios de comunicación para apoyarlo sin ningún derecho a réplica del movimiento ciudadano en oposición que busca revocarlo, sino que solícito ha aupado a sus ministros a entregar recursos del erario público en más de 9 billones de pesos para la construcción de un metro elevado, puesto en entredicho por la carencia de estudios técnicos para su construcción y por el presunto delito de prevaricato en que habrían incurrido 28 concejales que de manera infame decidieron cambiar la destinación de vigencias futuras por 4,1 billones de pesos para financiar el metro subterráneo, que sí tiene los estudios necesarios, desviándolas hacia el metro elevado.
  • La posición de los gremios económicos agrupados en ProBogotá no sólo ha sido a favor de la urbanización a mansalva a través del Plan Zonal del Norte, la construcción de las arterias viales, el metro elevado, la extensión de Transmilenio como eje de la movilidad, la venta de la ETB y el 20% de las acciones de la Empresa de Energía Eléctrica, entre otros negocios que llenarán los bolsillos de estos grandes gremios económicos que representa, sino que ha opinado que el gobierno de Peñalosa hay que defenderlo de una, aunque presuntamente difícil, posible revocatoria.
  • Misma posición de apoyo han adoptado las bancadas de los partidos Liberal, Conservador, Alianza Verde, de la U, Cambio Radical, Opción Ciudadana y Centro Democrático, quienes no solo están dispuestos a prevaricar para recibir la mermelada que le garantiza gobernabilidad al mandato antisocial, ambientalmente depredador y pro-rico de Peñalosa, sino que han corrido a denigrar de la revocatoria esgrimiendo argumentos oportunistas y descalificadores de la iniciativa ciudadana colocándose en contravía del sentir general de la población bogotana.
  • Igualmente, antes de su entrada en vigencia el 30 de enero, el Gobierno Distrital se apresuró a usar el antidemocrático nuevo Código de Policía, llegando a prohibir manifestaciones públicas como las impulsadas por los animalistas en contra de las corridas de toros en la Plaza Santamaría, y el fustigamiento a los recogedores de firmas en calles y plazas públicas de la ciudad en el proceso de revocatoria, por supuesta obstrucción del espacio público.

De los factores de poder oligárquicos y plutocráticos que defienden el gobierno de Peñalosa solo podemos esperar acciones arbitrarias para descalificar las firmas anulándolas de diversos modos, o la dilación de la convocatoria de elecciones para la remoción del mandatario en espacios que controlan como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Consejo de Estado. Ello es así porque aún en Colombia no rigen verdaderos estatutos de la oposición política y social que den garantías efectivas de participación ciudadana. Esto último como un importante elemento a disputar, a propósito de la implementación de los acuerdos de La Habana y la construcción de la paz en el país.

Necesidad de la unidad y la movilización

La unidad del movimiento ciudadano, social y político que impulsa la revocatoria es una necesidad imperiosa para sacar adelante esta iniciativa y crear condiciones favorables a la construcción de la paz y al derecho a la ciudad. Esa unidad es necesaria no solo por razones económicas, puesto que los topes permitidos de financiamiento a la recolección de firmas son pírricos con lo cual la campaña debe descansar en el trabajo ciudadano voluntario, requiriendo ello de la más amplia participación y coordinación. Sino también por razones políticas, porque deberemos responder con la movilización ciudadana callejera a las acciones del gobierno para descalificar las firmas y dilatar la convocatoria de elecciones, si recogemos las 272 mil firmas válidas necesarias para remover al alcalde.

Hasta ahora, a pesar de la existencia de tres comités pro revocatoria, el denominado Unidos Revocamos a Peñalosa viene constituyéndose en una experiencia inesperada de convergencia de diversos sectores ciudadanos, sociales y políticos, como no se recuerda en la historia reciente de la ciudad. Este proceso partió de la iniciativa de la Coordinadora Distrital Sindical y Popular y la posterior vinculación de otras fuerzas sindicales (CUT, sindicatos independientes y de otras centrales de trabajadores), organizaciones y movimientos políticos como el Congreso de los Pueblos, PTC, POLO y sus diversas expresiones (MOIR, Vamos por los Derechos, PUP, Polo Social), Marcha Patriótica, Partido Comunista, Unión Patriótica, juventudes políticamente organizadas (Juventud Comunista, Juventud Rebelde, Juventud Patriótica), corrientes liberales y conservadoras del sindicalismo, los Progresistas, integrantes de la Alianza Verde, sectores socialistas, camilistas y distintos movimientos sociales y ciudadanos (ambientalistas, animalistas, grupos de mujeres, LGBTI y étnicos, organizaciones rurales, vendedores ambulantes, recicladores, movimientos de salud, sectores cívico/barriales, estudiantiles, profesorales, ciudadanos independientes, etc.).

Aunque esta amplia unidad se ha definido por ahora hasta la recolección de firmas, no se descarta que ella avance hasta la convocatoria a elecciones de remoción del mandato e inclusive la elección de un nuevo gobierno de la ciudad. Todo dependerá de los resultados de las dos etapas previas del proceso revocatorio (recolección de firmas y convocatoria a elecciones de remoción del gobierno actual), de la confianza, respeto, fuerza y calidad de los acuerdos y entendimientos tácticos y programáticos, que en la práctica concreta del trabajo conjunto se logre acumular. Esta unidad se debe expresar y fortalecer a nivel distrital pero también a nivel de los espacios territoriales y sectoriales en que venimos trabajando.

Aunque el 2 de enero nos inscribimos cuatro comités pro-revocatoria, a Unidos Revocamos a Peñalosa se unió posteriormente Recuperemos a Bogotá, y estamos en diálogo con los otros dos, Salvemos a Bogotá y Revoquemos a Peñalosa. Buscamos superar algunas diferencias y falta de comprensión persistentes del proceso para alcanzar algún tipo posible de unidad que nos permita ya sea tener un solo formulario de recolección de firmas o integrarnos en un agrupamiento aceptable por las normas vigentes preservando las respectivas autonomías relativas, aunando recursos y esfuerzos de modo de alcanzar el número de firmas válidas en el marco de los topes de financiamiento que se exigen y de las circunstancias políticas que enfrentaremos. La unidad es clave para superar las dificultades que podrían llevarnos a poner en riesgo el fin buscado si actuamos cada uno por su lado.

Asimismo, la actuación arbitraria de los agentes y factores de poder que defienden el gobierno peñalosista nos demanda preparar desde ahora, y unitariamente, a las fuerzas ciudadanas, sociales y políticas que participan del proceso revocatorio para defender en las calles, mediante la movilización y la protesta más enérgicas y creativas, el derecho a la revocatoria que no garantizan las leyes vigentes. La movilización ciudadana, social y política debe irse construyendo a partir de la protesta contra las corridas de toros, el cabildo abierto que ha ganado Sintrateléfonos en defensa de la ETB, la oposición al aumento de las tarifas del transporte público, la defensa del derecho a la educación y a la salud públicas, la exigencia de preservación y no intervención de los territorios de la reserva forestal Thomas van der Hammen y los cerros orientales de Bogotá, el mantenimiento del proyecto de metro subterráneo, el derecho al trabajo de los vendedores ambulantes y al uso democrático del espacio público, contra la criminalización de la revocatoria y los atropellos policiales a la protesta social, entre otros.

Lo anterior significa ir ganando la calle al tiempo que recogemos las firmas, ya que debido a los factores que hemos mencionado que significan la favorabilidad del poder vigente y sus instituciones hacia el actual mandato de la capital, la protesta ciudadana será un elemento importante y definitivo para el avance legal y electoral del proceso de revocatoria. Por lo tanto, nos debe ser claro que sin movilización callejera el mecanismo legal resultará insuficiente o incompleto para el objetivo político que nos hemos propuesto conseguir.

Articulación entre revocatoria, implementación de los acuerdos y construcción de paz

Imagen tomada de: USO

La revocatoria no es solo un proceso destituyente, es también un profundo proceso constituyente que enlaza la lucha por un nuevo modelo de ciudad y de relación campo-ciudad con la implementación de los acuerdos de paz.

La revocatoria tiene un gran potencial para contribuir en la práctica a generar una mayor conciencia sobre la necesidad de la apertura democrática. Pone a prueba en primer lugar la construcción y formulación de un verdadero estatuto de oposición social que dé contenido a la democracia directa o participativa. En particular, pone a prueba los contenidos de las normas que definen los mecanismos actuales de participación ciudadana, entre ellos los incluidos en la Constitución Política de 1991 (consulta popular, revocatoria y cabildo abierto, entre otros); en las leyes 134 de 1994 y 1757 del 2015 que contienen restricciones financieras y falta de garantías efectivas para las dinámicas de participación ciudadana como las revocatorias; en el derecho a la movilización social sin restricciones coercitivas como las que impone el nuevo Código de Policía y la práctica tradicional de uso de la fuerza para atajar la conflictividad social que generan situaciones de desigualdad, exclusión social y política; en las limitadas reglas de participación ciudadana y social en la planeación del desarrollo distrital a través de los planes distritales y locales de desarrollo y de regulación de uso del suelo mediante los planes de ordenamiento territorial; en las inexistentes normas de garantías de acceso a los medios de comunicación para dar voz a los excluidos y marginados en la construcción de la agenda social y política referida a la formulación e implementación de las políticas públicas; en el también inexistente derecho de réplica ante los discursos falsos, arbitrarios e insultantes del gobierno de turno, entre otras.

De igual modo, en el plano de la democracia electoral representativa, pone a prueba los contenidos del estatuto de oposición política de los partidos y movimientos ciudadanos y sociales con representación parlamentaria, así como la propuesta de reforma del régimen y organización electoral que dé garantías a las fuerzas políticas de oposición y minoritarias en materia de alianzas, financiamiento de campañas, umbrales electorales, representación en el CNE, entre otras.

De forma muy general también pueden enunciarse otras dimensiones de los acuerdos de paz en estrecho vínculo con la dinámica revocatoria del mandato de Peñalosa, que desempeñan un papel determinante para la edificación de una verdadera paz estable y duradera en el país. Por ejemplo, la concepción de ciudad de la Bogotá mejor para todos no es propiamente la de una ciudad para la paz. No hay garantías de que su propuesta de ordenamiento territorial esté orientada a organizar la ciudad alrededor del agua, del ambiente en sentido más general, de una concepción progresista de la relación campo-ciudad, ni en función de las necesidades de las amplias mayorías, incluidos los derechos de las mujeres y de los grupos LGBTI. Se trata de un ordenamiento para los negocios, para la ciudad mercancía, en función del enriquecimiento rentístico y especulativo y del disfrute de las minorías privilegiadas.

El debate en el marco de la revocatoria debe incluir las propuestas del pliego de peticiones presentado al Gobierno Nacional por la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular que se refieren a la relación campo-ciudad desde una perspectiva democrática y ambientalmente sustentable del desarrollo, de la producción, los intercambios económicos y el consumo. También debe incluir puntos alusivos a la Reforma Rural Integral en cuanto a, por ejemplo, hacer realidad la Zona de Reserva Campesina del Sumapaz, la preservación de los páramos, la protección del agua, entre otros. Se trata de defender la vigencia de la estructura ecológica principal puesta en peligro con los proyectos de crecimiento expansivo de la ciudad, o de intervenciones urbanísticas como el sendero panorámico y rompe fuegos en los cerros orientales, planteadas en función del cemento y en contravía del verde, y por tanto, en razón de las ganancias de los terratenientes urbanos, las constructoras, los bancos y la acumulación de capital.

Pero los acuerdos de La Habana también se refieren a temas que tienen que ver con la vida de nuestra ciudad y que Peñalosa no tiene como prioridades, o los asume solo como elementos de formalidad en su ejercicio de gobierno. Entre ellos está la inclusión social de las víctimas, de los millares de desplazados forzados por la violencia que en los gobiernos alternativos previos fueron acogidos y que han optado por permanecer en Bogotá. Igualmente, en el marco de los acuerdos sobre cultivos de uso ilícito y narcotráfico, Bogotá podría ser un ejemplo para el país en materia del manejo preventivo y no coercitivo del consumo de substancias psicoactivas fruto del tráfico mafioso de éstas, si se fortalecieran y no se debilitaran y destruyeran, como está sucediendo, los programas de atención primaria integral, de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad.

Es decir, la capital podría ser ejemplar en la implementación del cambio de manejo de la problemática del consumo planteada en los acuerdos de La Habana, asumiéndolo como una cuestión de salud pública, no desmontando sino profundizando los programas y la infraestructura que se había incluido para ello, y de esta manera extinguir su control represivo. Este último como el preferido por la "Bogotá mejor para todos" en todos sus ejercicios de “interlocución” con la ciudadanía, como lo demostró en el levantamiento del campamento por la paz instalado en la Plaza de Bolívar después de lo sucedido en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, o en la protesta realizada el 22 de enero por los anti taurinos en el centro de la ciudad, con las agresiones del Esmad hacia los asistentes.

En fin, la revocatoria es una posibilidad para articular la implementación de los acuerdos de La Habana, para impulsar y construir una ciudad alternativa, y por lo tanto, para la edificación de una capital en función de garantizar espacial, social y económicamente la paz en Colombia. Es una oportunidad desde lo urbano para materializar lo que apresuradamente se concibe como un proceso preponderantemente rural, de impulsar las transformaciones que el país necesita, desde la ciudad y para la ciudad, aprovechando y ampliando el proceso de implementación, de tal forma que se superen materialmente las condiciones objetivas de la violencia. Asunto en el que se deben incluir todas las fuerzas políticas, sociales y populares, democráticas y alternativas que existen en el escenario, incluidas aquellas que deriven de los procesos de paz que están en curso.

Así, es por ello que podemos afirmar que la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz en Bogotá en últimas significa reconfigurar espacial y económicamente la ciudad acorde a su diversidad social y cultural. Por lo tanto, deberá ser el ejercicio democrático de planeación del desarrollo y del ordenamiento territorial, por y en función de los trabajadores, las mujeres y el conjunto plural y social históricamente relegado en estos ejercicios por las lógicas del poder dominante y del capital en la acción urbanística, como efectivamente acontece bajo el gobierno actual de la ciudad, contrario a la posibilidad de construir un país que eficazmente erradique la violencia enraizada en la exclusión, la segregación, la desigualdad y la injusticia.

Fortalecimiento del Partido y acumulación de fuerzas

Siendo la principal tarea política de este año, junto con la implementación de los acuerdos de paz, en el caso de Bogotá la revocatoria tiene un enorme potencial y es una oportunidad única para la construcción del partido y de la juventud al calor de la lucha de masas en desarrollo. Se trata de alcanzar mediante una acción planificada y dirigida un crecimiento cualitativo y cuantitativo de nuestras fuerzas, fundado en el profundo relacionamiento social y político con el pueblo que este proceso despliega, y en un mayor conocimiento y construcción de saber colectivo que se propicia en el debate y la deliberación púbica. Tenemos bases teóricas y experienciales resultado de muchos años de lucha con los trabajadores y los sectores populares que ahora deben ser puestas al servicio de la renovación discursiva, práctica y humana de nuestro partido.

Deberemos hacer un esfuerzo colectivo por mejorar sustancialmente la unidad, acercamiento y comprensión de la tradición comunista y de otros sectores de izquierda y democráticos en el trabajo conjunto, en la perspectiva de la creación del nuevo movimiento político que tanto la revocatoria como la implementación de los acuerdos logrados con las Farc-EP y los diálogos de paz con el ELN exigen. Igualmente, es la oportunidad que tenemos para remover nuestras ataduras del pasado, propiciar cambios generacionales e insertarnos en la dinámica de este vasto y diverso movimiento social y político urbano, actuante en la práctica del proceso destituyente del modelo de ciudad neoliberal que impulsa el gobierno y de constitución de las bases de un nuevo modelo de ciudad y de relación campo-ciudad democrático, socialmente justo, solidario, incluyente, diverso y ambientalmente sustentable.

El proceso destituyente y constituyente de revocatoria, en relación de conseguir y ampliar la implementación de los acuerdos de La Habana para la construcción de una paz democrática en nuestro país, es un reto para la acción política del partido y las fuerzas del cambio. La indignación de la ciudadanía y la justeza de las demandas que realizamos, es la savia para su vocación creadora por medio de la movilización. Con disciplina, organización, constancia y tesón, este año rendiremos homenaje a nuestra tradición revolucionaria, y con esta victoria, avanzaremos en la materialización de una parte de nuestro programa de justicia, por la consecución de una nueva Colombia, en función del pueblo humilde y trabajador.

Publicado en: JUCO Bogotá