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Opinión
Paz en el campo, violencia en la ciudad
Juan Camilo Peña / Sábado 4 de febrero de 2017
 

Las Farc-EP han comenzado a desplazarse hacia las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y se preparan para constituirse como partido político; mientras tanto el gobierno refuerza las medidas de control y la violencia estructural.

Mientras se celebraba con banderas blancas, cánticos, risas, saludos y lágrimas en muchos rincones del país el desplazamiento de los frentes y bloques de las FARC-EP [1] hacia las zonas de pre-agrupamiento y transición, en las ciudades entraba en vigencia el nuevo Código de Policía. El nuevo código despierta dos posiciones entre las comunidades: por un lado algunos lo respaldan pues consideran que las medidas adoptadas permitirán la convivencia armónica, la seguridad y la paz; por otro lado el descontento también se hizo saber, por redes sociales circulan memes, comentarios y expresiones que muestran precisamente una reacción afable ante las nuevas disposiciones del documento que consta de 127 páginas con 243 artículos.

Llama especialmente la atención el artículo 63 “Ingreso a inmueble sin orden escrita”, se establece en el parágrafo 2: “El personal uniformado de la Policía Nacional, por razones propias de sus funciones, podrá ingresar sin orden escrita a un bien inmueble cuando esté abierto al público”. Si bien el código establece que la actuación de los uniformados está fundamentada en sus funciones, no hay que olvidar el caso de los 13 estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional [2] que fueron capturados de forma irregular ya que se ingresó a sus residencias de manera ilegal (sin autorización) y bajo perjuicio de sus derechos.

En el artículo 53 se puede leer “Toda reunión y manifestación que cause alteraciones a la convivencia podrá ser disuelta”. Surgen las siguientes preguntas: ¿Quién y bajo qué circunstancias determina la alteración a la convivencia?, ¿De qué manera y con el uso de qué medidas se pretende disolver las manifestaciones?. Cabe resaltar que en la “disolución de las manifestaciones” se han presentado casos de abuso de autoridad en las que han perdido la vida varios manifestantes a manos de la Policía Nacional y el escuadrón antimotines; por mencionar algunos casos se recuerda a Jan Farid Cheng Lugo, Nicolás Neira, Jhonny Silva y el más reciente caso Sebastián [3] Díaz [4], a quien un integrante del Esmad le desfiguró su rostro en una protesta antitaurina. Así, cada jornada de movilización termina con abusos por parte la fuerza pública. Al respecto el artículo 56 menciona “los escuadrones móviles antimotines sólo serán enviados cuando no sea posible por otro medio controlar graves e inminentes amenazas a los derechos”.

El artículo 140 sobre comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público dice que “Escribir o fijar en lugar público o abierto al público postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales tales como piedras y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, leyendas, dibujos, grafitis, sin el debido permiso, cuando éste se requiera o incumpliendo la normatividad vigente”. La pregunta aquí es ¿recuerdan el caso de Diego Felipe Becerra? [5], grafitero asesinado por un patrullero de la Policía, declarado culpable y prófugo de la justicia.

Las múltiples extralimitaciones y el abuso constante de las fuerzas armadas del Estado configuran un fenómeno preocupante. Si bien establece el nuevo Código de Policía que busca garantizar la convivencia, la seguridad y la tranquilidad fundamentada en la base de los derechos humanos, cabe refutar sus postulados con la realidad diaria y los casos expuestos anteriormente; para nadie es un secreto que las normas que dicen garantizar entidades como la Policía Nacional y el Ejército colombiano, están mediadas por vicios de fondo como la corrupción, los favores políticos, la actitud soberbia y prepotente de sus funcionarios que aplican constantemente “la ley del embudo”, además ha de saberse que la intención camuflada de noble causa para los ciudadanos trae consigo condiciones abruptas.

Anteriormente eran comunes las retenciones en las UPJ, ahora vienen acompañadas de un curso pedagógico y un recibo de pago. La gran duda que surge es si el nuevo Código de Policía busca proteger a la ciudadanía ¿Quién protege a la ciudadanía del abuso policial? Cuando los allanamientos sin orden, las chuzadas, las detenciones, golpizas, asesinatos, entre otros, son manual de acción de las fuerzas de la ley.

En un momento de transición hacia la entrada en vigencia del acuerdo entre las FARC-EP [6] y el Gobierno Nacional, se avizoran nuevas manifestaciones y expresiones de movilización social y protesta toda vez que al configurarse como partido político la insurgencia participará y promoverá la exigibilidad de derechos, las reivindicaciones sociales de los sectores desposeídos y empobrecidos en campos y ciudades; no es de extrañar que es estas medidas de control por parte del Estado incurran en más detenciones extrajudiciales, asesinatos, retenciones, y golpes, sobre todo para quienes participan de movimientos sociales y procesos políticos de oposición.

Además de las excesivas multas y costos de las mismas, la actuación de los miembros de la fuerza pública no es ejemplar. Esperemos sin la ingenuidad de ser ciegos, que lo profesado en el artículo 55 del nuevo Código de Policía lo apliquen desde todos los niveles: hacer públicamente señalamientos falsos de la relación de los manifestantes con grupos armados al margen de la ley o deslegitimar por cualquier medio el ejercicio del derecho constitucional de reunión y manifestación pública y pacífica. Señores de la guerra: dejen de deslegitimar a todo manifestante, a quienes se oponen al régimen y a quienes aún no estamos de acuerdo con sus procedimientos y modus operandi; pónganse serios y respeten los derechos de quienes velan por sus honorarios, sin olvidar su carácter y las funciones que se les ha encomendado; paren el abuso y la maldad.

Una sociedad que necesita más policías y métodos de control que docentes y profesionales entregados a la construcción de la paz y la justicia social, está condenada a la violencia, al odio y a la perpetua desigualdad.