Agencia Prensa Rural
Mapa del sitio
Suscríbete a servicioprensarural

Opinión
Contener los asesinatos políticos
No solo la conspiración guerrerista del uribismo, aliada del paramilitarismo, sino el incumplimiento abierto del Gobierno de Santos a los acuerdos de La Habana, amenazan el proceso de paz. Es hora de tensionar fuerzas y poner en acción los activos de la paz para defender el proceso.
Luis Jairo Ramirez H. / Sábado 4 de febrero de 2017
 
Foto: Andrés Monroy Gómez, El Turbión via photopin (license)

Hace unos días la prensa registró que el último soldado herido en combate, producto del conflicto armado, fue dado de alta en el Hospital Militar. El propio ministro de Defensa Luis Carlos Villegas reconoció que “desde el inicio del cese bilateral del fuego con las FARC, tenemos cero asesinados y cero heridos”.

Gracias al altísimo grado de cumplimiento del acuerdo bilateral de desescalamiento de las hostilidades, el conflicto armado entre las FARC y el Estado colombiano ha caído a sus niveles mínimos en 52 años, en número de víctimas, combatientes muertos y heridos, y de acciones violentas. Múltiples voces calificadas en el país han venido resaltando la seriedad de las FARC en el cumplimiento de los acuerdos. Sin embargo no se puede decir lo mismo del compromiso del Gobierno para honrar lo acordado en La Habana.

Desde el surgimiento del movimiento social y político Marcha Patriótica, en abril de 2012, 124 compañeros de esa organización han sido asesinados, en hechos cometidos en 19 departamentos y en donde agentes estatales: policías, militares y paramilitares son los responsables de estos crímenes. Dos compañeros han sido desaparecidos forzadamente y tres han recibido atentados con arma de fuego en contra de su vida. Tan solo en el año 2016, 232 líderes fueron amenazados; 21 sufrieron atentados y cayeron 70 asesinados.

Cabe recordar que en los orígenes de la Marcha Patriótica, el ladino ministro de Defensa de entonces, Juan Carlos Pinzón, desató una cacería de brujas contra los líderes de Marcha. El resultado siniestro fue el asesinato de 60 dirigentes regionales de Marcha, y en vez de que fuera investigado por su responsabilidad, este oscuro personaje fue premiado, asignándolo como embajador en EEUU.

Tanto el fiscal Néstor Humberto Martínez como el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, han tratado de desviar la atención de estos crímenes, desvirtuando el origen de los mismos y, además, encubriendo abiertamente al paramilitarismo, al señalar que este ya no existe. Recordemos que a comienzos de abril del año anterior los paramilitares realizaron un paro armado contra el proceso de paz, convocatoria que fue sospechosamente correspondida con movilizaciones realizadas por el uribismo con el mismo objetivo, sin que se abriera ninguna investigación al respecto. Es preciso reaccionar con la movilización para evitar que estos crímenes queden nuevamente en la impunidad.

Diversas investigaciones de organizaciones calificadas han develado que estamos ante una reactivación del fenómeno paramilitar, que tiene control militar, político y territorial al menos en 407 municipios del país y 30 departamentos. Los paras mantienen estrechos lazos con brigadas y batallones militares y han venido copando, con la complicidad de autoridades regionales, áreas que antes ocupaban las FARC.

El accionar paramilitar en el territorio nacional se erige como la principal amenaza al proceso de paz entre FARC-EP y el Gobierno nacional y los diálogos con la insurgencia del ELN que eventualmente inician en su fase pública en los próximos días. El Gobierno nacional y en especial el Ministerio de Defensa hacen caso omiso de esta realidad.

Se ha insistido que el proceso de paz se podrá consolidar si los acuerdos se cumplen, si el paramilitarismo de estado, como lo ha llamado el propio Mancuso, se comienza a desmantelar; si se respeta desde la institucionalidad el derecho a la vida, porque ya estamos ante un nuevo genocidio ahora en cabeza de la Marcha Patriótica, que completa 124 asesinados. Si se comienza a democratizar la vida nacional, desactivando factores de violencia como el Esmad, el nuevo Código de Policía y el estatuto de seguridad ciudadana.

No solo la conspiración guerrerista del uribismo, aliada del paramilitarismo, sino el incumplimiento abierto del Gobierno de Santos a los acuerdos de La Habana, amenazan el proceso de paz. Es hora de tensionar fuerzas y poner en acción los activos de la paz para defender el proceso.