Asociación Campesina de Arauca
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Acción urgente
Asesinado trabajador afiliado a la USO Arauca
Unión Sindical Obrera / Sábado 28 de marzo de 2009
 

En Colombia existe un conflicto social y armado con profundas causas históricas estructurales reflejadas en la exclusión social y política, la desigualdad y la inequidad, dicho conflicto impacta regiones de explotación petrolera como Arauca.

En el marco de dicho conflicto se adelanta un paro armado en cuatro departamentos incluido Arauca.

El día 17 de marzo un tracto-camión recibió 18 impactos de fusil, el conductor salió afortunadamente ileso.

El día 18 de marzo los buses que llevan los trabajadores de las empresas contratistas y subcontratista al servicio de la Occidental de Colombia, se vieron en medio del fuego cruzado en los campos petroleros de Caricare y Caño Limón.

El día 19 de marzo los trabajadores deciden presentarse en las instalaciones de Occidental de Arauca Capital, para exigirle a la empresa garantías para ir a sus sitios de trabajo con el menor riesgo posible con garantía de protección del derecho a la vida.

El mismo 19 en reunión sostenida en las instalaciones de Occidental, a la que asisten los mandos militares de la región (Ejercito, Policía, DAS), un representante de Responsabilidad Social de Occidental, tres representantes de Seguridad de Occidental, la Defensora del Pueblo de Arauca y la representación sindical a nombre de los trabajadores. En esta reunión se plantean los siguientes elementos por los participantes:

Las autoridades militares solicitan no hacer eco al terrorismo y manifiestan que en Arauca no pasa nada, que son hechos aislados, le proponen a Occidental y al sindicato “HACER CARAVANAS MILITARES CON LOS TRABAJADORES, ESTAS INCLUIRÍAN ACOMPAÑAMIENTO DE TROPAS POR TIERRA, HELICOPTEROS Y AVIONES”.

La Defensora del Pueblo, GLORIA CUITIVA, manifiesta que sí hay paro armado en la región y que producto de esto tiene limitación para su movilidad, esto es ratificado por la Defensoría Nacional.

Occidental de Colombia manifiesta que comparte lo planteado por las autoridades militares, y que los trabajadores deben terminar el cese de actividades, solicitan a la doctora EDY SABET BARRERA CELY, funcionaria del Ministerio de Protección Social hacer constatación del mismo, quien levanta un acta para justificar el posterior llamado a diligencia de descargos a dirigentes sindicales y trabajadores, por incitar a un paro laboral. La Occidental manifiesta su voluntad de discutir la implementación un plan de contingencia para que los trabajadores pernoctaran durante estos días en el campo petrolero y no se expusieran en las citadas caravanas.

La representación sindical de la USO manifiesta que se respete el principio de DISTINCIÓN por parte de las Fuerzas Militares y de la guerrilla que convocó este paro, para que no involucren a los trabajadores en el conflicto armado. Esto frente al acompañamiento en caravanas militares. Solicita a la Defensoría del Pueblo realizar un acompañamiento humanitario a los trabajadores. Esta solicitud se radicó por escrito. También le hace una propuesta de plan de contingencia a la empresa. Ésta incluye a los trabajadores de empresas contratistas. Esa propuesta es entregada al gerente del campo por escrito.

El sindicato manifiesta que desde diciembre de 2001 la CIDH dicto medidas cautelares a su favor, ellas contemplan entre otras cosas que cualquier medida de seguridad, protectiva o garantía para los afiliados a la USO, debe ser concertada con el sindicato y los peticionarios (FCSPP).

Desde el día 19 de marzo se ha tenido comunicación telefónica con el responsable de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, doctor Carlos Franco, a quien se le advirtió de la posibilidad de que uno o algunos trabajadores fueran asesinado o afectada su integridad. Le dejamos claro que el sindicato en ningún momento estaba promoviendo un cese de actividades y que sencillamente estaban tratando de proteger la vida de los trabajadores, afiliados o no al sindicato. Esto también lo manifestaron los compañeros de la USO en la reunión con la Occidental y el Ministerio de la Protección Social.

El día 26 de marzo el sindicato se reune con la Dra. Gloria Gaviria, encargada de Derechos Humanos del Ministerio de Protección Social; y la Dra. Ángela María Cano, representante de la viceministra. En la reunión pone de presente la gravedad de la situación en Arauca y solicita se intervenga para garantizar el derecho a la vida y al trabajo de todos los trabajadores de Occidental y las firmas contratistas.

Hechos

El día 20 de marzo la Fuerza Pública hostiga a los trabajadores que nuevamente se concentraron en las instalaciones de Occidental en Arauca capital.

La empresa Occidental y las firmas contratistas, bajo amenazas de sanciones y terminaciones de contratos, presionan a los trabajadores para que se dirijan al campo con acompañamiento militar. De manera tácita no acepta las propuestas del sindicato de manera integral. Bajo amenaza y pese a todas las condiciones, los trabajadores desde el día sábado tienen que dirigirse a laborar al campo Caño Limón; dentro del acuerdo se había dado que los trabajadores de Caricare, por el mayor riesgo, no viajarían en los buses hasta tanto las cosas no se hubieren normalizado. No obstante, el pasado martes 24 de marzo fueron obligados a subir en los buses con escolta de la Fuerza Pública.

El día 27 de marzo a las 5:00 pm, en el sitio entre Temblador y Las Cruces en la vía a Caricare, en una de las caravanas militares a las que el Ejército y Occidental obligaron a los trabajadores, es asesinado el trabajador Armando Carreño, conductor de la camioneta de placas XVX-215 de la empresa MASA, contratista al servicio de Occidental de Colombia. El trabajador era afiliado de la USO Arauca. Los hechos ocurrieron en el mismo sitio de los hechos del 17 y 18 de marzo. En estos hechos también fueron heridos dos soldados.

Responsabilidades y solicitudes

Responsabilizamos de la muerte del compañero, al estado colombiano y a su fuerza pública por acción (obligar a los trabajadores a viajar en caravanas militares) y omisión (no prestar acompañamiento humanitario por parte de la Defensoría del Pueblo y no actuación del Ministerio de Protección Social).

Responsabilizamos de la muerte del trabajador a la empresa Occidental por obligar a sus trabajadores a desplazarse en caravanas militares y no respetar los acuerdos hechos con el sindicato.

De igual manera responsabilizamos a las FARC, pues presumiblemente fue uno de sus integrantes quien mató al trabajador.

Solicitamos a la comunidad nacional e internacional repudiar y condenar este hecho y el accionar del Ejército y de la empresa Occidental.

Solicitamos a la OIT y a la CIDH revisar el caso y la acción de Occidental y obligarla a tomar correctivos, sancionarla y obligarla a pagar los daños físicos y morales causados, tanto al trabajador como a la organización sindical.