La compleja arquitectura del acuerdo de paz demanda un alto grado de esfuerzo desde las organizaciones sociales populares y partidos políticos que permita una exitosa implementación y un efectivo cumplimiento de los compromisos.

Los contratiempos que ha tenido el proceso de dejación de armas y la llegada de los guerrilleros a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización alertan de las dificultades que puede acarrear la implementación de las políticas públicas, estrategias, programas, planes y proyectos de trabajo para echar a andar lo acordado. Se calcula que en todo ese proceso el Gobierno debe ejecutar no menos de 600 acciones efectivas para implantar lo acordado, pero va dos pasos atrás.

Letargo legislativo

Por ejemplo en el caso de la vía rápida se esperaba que para este tiempo el paquete legislativo de al menos 25 iniciativas, entre modificaciones a la Constitución, subrogación de leyes ordinarias, reforma de estatutos y nuevas implementaciones legales, ya estuviera radicado en la secretaría del Congreso.

Para hacer efectivo ese paquete se tuvieron en cuenta las leyes de carácter prioritario. La Ley de Amnistía e Indulto y el acto legislativo que crea la Jurisdicción Especial para la Paz han sido las únicas tramitadas.

La preocupación se centra en que el camino rápido en el parlamento tendrá una duración de seis meses prorrogables hasta por un año, pero el primer plazo va por la mitad y el trámite legislativo ha sido muy lento, a pesar de las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo con la única misión de trabajar en las leyes para la paz.

Un miembro de la dirección de la FARC le dijo a VOZ que hay una preocupación con el compromiso del Congreso para aprovechar la vía rápida: “Va muy lento el Congreso. Además, súmele que hay una coalición mayoritaria pegada con mermelada. Imagínese si no se aprueba todo antes de las próximas elecciones al parlamento: ¿Qué puede pasar?”.

La preocupación tiene fundamento en dos sentidos, por una parte la Unidad Nacional cada vez se ve más diluida y con mayores diferencias entre los partidos de Gobierno en torno a los temas de paz; y por otro, se acerca un periodo preelectoral que deja incertidumbres, pues de no alcanzar a tramitar el paquete legislativo nadie garantiza que las bancadas electas el próximo año se mantengan firmes para cumplir sus compromisos.

“Lo que nosotros hemos hecho es decirle al Gobierno que dentro de los componentes de la implementación hay una herramienta para reelaborar el plan normativo. Y es hora de tomar la iniciativa de construir normas que le den sustento a los acuerdos y que activen todos los mecanismos necesarios para avanzar en la implementación sin contratiempos”, puntualizó el miembro de la Delegación de Paz de las FARC-EP.

Otro de los compromisos que no se ha cumplido en su totalidad es la aplicación de la Ley de Amnistía e Indulto. En el país del santanderismo en donde cada quien hace jurisprudencia con su propio criterio de interpretación, los jueces de ejecución de penas se atravesaron en el camino de libertad de los combatientes de la insurgencia postulados para la amnistía.

Parece increíble pero los despachos de penas dicen que no pueden aplicar una ley que no conocen, a pesar de su aprobación en el Congreso y su sanción presidencial. Para solucionar el inconveniente las delegaciones de paz coincidieron en que desde la Presidencia se redacte un decreto con fuerza de ley que les entregue a los jueces de ejecución un instrumento jurídico para ser aplicado a las solicitudes de los prisioneros políticos. Alrededor de doscientos combatientes han solicitado su libertad y ha sido negada por estos juzgados.

Acompañamiento internacional

Un aspecto importante de la implementación que aún no se invoca es el componente internacional de seguimiento. Dicho mecanismo permite que cada uno de los puntos del acuerdo pueda ser verificado por comisiones internacionales escogidas por las partes.

Para ese llamado el Gobierno nacional necesita únicamente un decreto presidencial y la gestión política de la Cancillería. En el caso de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, que fue escogida para acompañar la implementación de los acuerdos de paz con perspectiva de género, aún no ha sido notificada por el Ejecutivo para alistar los protocolos de participación. Así mismo sucede con la organización ONU Mujeres que también acompañará parte de la implementación de todo el acuerdo y que hasta el momento no ha recibido de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores comunicación alguna.

Finanzas

Una honda preocupación es el tema financiero. El 90% de los acuerdos dependen de la fuente pública de financiación: el Presupuesto Nacional. El Gobierno presentó al Congreso el presupuesto de vigencia 2017 el pasado mes de octubre. Fue discutido y aprobado sin mencionar los rubros con destinación específica que fortalezcan las estrategias y los programas que dependen de los acuerdos.

El Ejecutivo argumenta que la financiación de la paz está asegurada y para ello debe elaborarse un plan marco para la paz, en donde se incluyan todas las partidas necesarias. Pero el plan tampoco ha sido presentado para ser tramitado por el mecanismo de vía rápida. El programa marco debe incluir planes plurianuales de ejecución, estrategias, programas y proyectos, todo con el respaldo de documentos Conpes, que tampoco existen. Teniendo en cuenta que se trata de un tema de macroeconomía que impactará dos quinquenios, el Gobierno nacional ha hecho el menor esfuerzo por iniciar su elaboración.

Las comisiones urgentes

Entre las comisiones pendientes por activarse están la de Reconciliación Nacional y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad que trazará las directrices para la lucha contra el paramilitarismo. Esta última para las FARC y los movimientos sociales apremia, pues es la encargada de perseguir las organizaciones criminales herederas del paramilitarismo y detener el plan sistemático de muerte contra defensores de derechos humanos y líderes sociales. A esa comisión tendrán que llegar el fiscal general de la Nación, el Ministerio de Defensa, los altos mandos de la Fuerza Pública y defensores de derechos humanos que deberán actuar en conjunto para derrotar el paramilitarismo.

El llamado que hace la insurgencia de las FARC es cerrar filas al cumplimiento de los acuerdos de paz que en su mayoría beneficiará a los sectores sociales. “Si no hay organización de masas exigiendo la implementación y hacer efectivos los acuerdos, pueden darse todos los actos legislativos que quieran y nada va a pasar. En Colombia estamos llenos de normas y de incumplimientos”, señalaron los voceros de las FARC.