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Qué es y por qué lucha Fensuagro
Fensuagro / Jueves 2 de abril de 2009
 

Importante documento de la federación sindical agropecuaria Fensuagro, para que los colombianos y el mundo lo conozcan y difundan. Muchas gracias por la solidaridad y el respaldo a las luchas de los campesinos por el derecho a la tierra.

Ilustración de Matiz para Prensa Rural.

¿Qué significa Fensuagro?

La sigla Fensuagro significa: Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria.

¿Cómo surge Fensuagro?

Fensuagro es producto de la iniciativa y esfuerzos de varios sectores, tanto políticos como gremiales. Desde lo político destacar el apoyo y trabajo de los comunistas colombianos a través de sus dirigentes agrarios como Gerardo González, Raúl Herrera, Saúl Zambrano, Luis Eduardo Sabogal, entre otros; desde lo gremial, el apoyo incondicional de la central clasista Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC). Sin ese bastión hubiese sido imposible su concreción. De igual manera la participación decidida de cientos de dirigentes regionales que desde sus incipientes organizaciones sindicales agrarias de base, sin quienes tampoco hubiese sido posible convocar el Primer Congreso constitutivo.

¿Cómo se desarrolla ese Primer Congreso?

El movimiento campesino atravesaba por una difícil y dura situación política. En primer lugar, la larga historia del Frente Nacional, donde sólo dos partidos (Liberal y Conservador) se rotaban el poder cada cuatro años y que condujo al país a una nueva etapa de violencia, que se mantiene hasta nuestro días (siglo XXI). En segundo lugar, la desarticulación del movimiento campesino como consecuencia de la injerencia del Gobierno a su interior, y el cual auspició su división, que a su vez permitió el desmonte parcial de la ley 135 a través del Pacto de Chicoral, liderado por el gobierno del conservador Misael Pastrana Borrero. En esas circunstancias es convocado el Primer Congreso Nacional Agrario en conmemoración de la Masacre de las Bananeras, el 6 de diciembre de 1976, con la presencia de delegados de varios departamentos del país, el cual dio como resultado el surgimiento de la Federación Nacional Sindical Agropecuaria (Fensa), que desde su mismo nacimiento tomó la decisión de afiliarse a la CSTC y a la Federación Sindical Mundial (FSM).

¿Cuáles fueron los objetivos que le dieron origen a Fensa, que más adelante se transformará en Fensuagro?

Después de la división del movimiento campesino y su dispersión cada vez mayor, existía la necesidad de construir un movimiento agrario y campesino que recobrara identidad de clase, lucha y movilización, por la reforma agraria democrática e integral. Ese fue uno de los primeros objetivos de nuestra Federación: la lucha por la tierra, retomando la consigna de “la tierra para quien la trabaja”. Fue así como impulsamos la recuperación directa de la tierra por los campesinos desposeídos, además de ser coproponentes de varios proyectos de ley de reforma agraria al parlamento colombiano. Pero además de la reforma agraria, existían otros objetivos como la construcción de un fuerte movimiento agrario que no sólo luchara por reivindicaciones como el crédito, las vías, la comercialización, la vivienda, educación, salud, el medio ambiente, la defensa de los recursos naturales renovables y no renovables, sino que además nos planteamos un importante objetivo como la transformación social, o sea, la necesidad de construir una nueva sociedad basada en la justicia social al lado de los trabajadores del campo y la ciudad. Nuestro sueño: construir el socialismo.

¿Por qué la unidad obrero – campesina?

Siempre hemos entendido que la unidad hace la fuerza y la fuerza la libertad. El movimiento obrero es un destacamento importante y necesario en cualquier intento por lograr un salto cualitativo en la sociedad. Sin su participación, cualquier revolución queda inconclusa y en peligro de muerte. Pero esa fuerza sola todavía no es suficiente, es entonces donde surge que los aliados más importantes de la clase obrera son los campesinos. Los obreros cuentan con un gran aliado y los campesinos de la misma manera. Ésta es una unidad estratégica hacia la conquista de una nueva sociedad, que saque del poder a la burguesía, terrateniente y oligárquica.

¿Cuáles son las instancias de dirección de Fensuagro?

En primer lugar, está el Congreso o Asamblea Nacional como la instancia de mayor autoridad y decisión. Ésta es la instancia donde se trazan las políticas de la Federación, es la que decide el rumbo de la organización. Se reúne cada tres años y extraordinariamente cuando por fuerza mayor se convoque al Congreso extraordinario. Al Congreso asisten los delegados elegidos en asambleas de sus organizaciones afiliadas a la Federación, y los cuales son proporcionales al número de afiliados de cada organización, pero en ningún caso ninguna organización puede pasar de 20 delegados. A la Asamblea Nacional o Congreso, le sigue una segunda instancia que es la Junta Nacional. Ésta es una instancia de dirección compuesta por delegados elegidos en asamblea de las organizaciones filiales para un período de tres años. Cada organización elige sus delegados de acuerdo al número de afiliados; su función es evaluar el desarrollo de las políticas de la Federación y trazar planes anuales dirigido a concretar las líneas de acción trazadas en los congresos. Ésta se reúne cada seis meses y es elegida para un período de tres años. Una tercera instancia es el Comité Ejecutivo, el cual es elegido en la Asamblea Nacional o Congreso. En la actualidad está compuesto por 11 miembros y dos más que hacen parte de la comisión de reclamo; se elige para un período de tres años. Como su nombre lo dice es un órgano ejecutor, que busca así mismo dinamizar los acuerdos y hacen que éstos se concreten. El Comité Ejecutivo lo integran un presidente, un vicepresidente, un secretario general, un tesorero, un fiscal, y seis secretarías así: Derechos Humanos y Solidaridad; Economía Campesina y Cooperativismo; Mujer y Niñez; Educación, Juventud y Cultura; Prensa y Propaganda; y la secretaría de Trabajos en la Agroindustria. El vicepresidente asume a su vez la responsabilidad de Relaciones Internacionales.

¿Qué tipo de organizaciones integra Fensuagro?

Éstas pueden ser: agrícolas, pecuarias, de producción, explotación, comercialización, transformación de productos agrícolas, pecuarios, recursos naturales renovables, animales y vegetales, cooperativas, empresas comunitarias, asociaciones de agricultores, juntas de acción comunal, organizaciones sindicales de los sectores antes mencionados, trabajadores de la agroindustria, de protección a la ecología y a los recursos naturales, y demás formas asociativas que funcionen en el territorio nacional.

¿En qué año se toma el nombre de Fensuagro y por qué?

A mediados de la década de los años 80 del siglo pasado, se empieza un proceso de unidad entre los trabajadores de la agroindustria del banano en Urabá, que se concretó en el año 1986 con el surgimiento de Sintrainagro. Es de anotar que ese año también nace la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), y del cual Fensa es cofundadora. Es en este marco que en el año de 1987 se convoca el Quinto Congreso Nacional de Fensa que da como nacimiento a Fensuagro. Surge con una gran fuerza de más de 20 mil trabajadores de la agroindustria o afiliados a Sintrainagro en ese entonces.

¿Qué principios rigen a Fensuagro?

Lo primero es que nos consideramos y somos una organización clasista. Clasista porque defendemos al campesinado y luchamos contra los terratenientes, latifundistas, las transnacionales y las políticas anticampesinas que desde el régimen se legislan.

Somos una organización democrática y progresista, dirigida por los campesinos y trabajadores del campo y para los campesinos y trabajadores del campo. Somos una organización autónoma e independiente del Estado y los partidos políticos. Somos una organización antiimperialista y respetuosos de la autodeterminación de los pueblos; somos una organización internacionalista y solidaria con los trabajadores, campesinos y pueblos del mundo, que luchan contra la opresión y el capitalismo.

¿Desde Fensuagro y el movimiento campesino, cómo conciben el problema agrario?

El problema agrario es el acumulado de desigualdades que se ha generado por décadas en el campo y específicamente en el caso nuestro en Colombia, y que en vez de resolverse se ha profundizado y que han dado origen a la lucha y resistencia del campesinado, indígenas y negros desde el siglo XIX.

¿Qué papel ha jugado la violencia para-latifundista en la existencia hoy del problema agrario?

La violencia en Colombia, y en particular en el campo, se ha utilizado históricamente para despojar a los campesinos, indígenas y negros de sus territorios. Los colonos van tumbando selva y detrás van los para-latifundistas alambrando. Por eso decimos que en Colombia no hay desplazados porque hay guerra: hay guerra para que haya desplazados.

¿Entonces la guerra paraestatal y latifundista ha despojado a los campesinos de sus tierras?

En la más reciente etapa de la violencia en Colombia, que se inició en 1985 y la cual hoy no ha cesado, se han desplazado a más de cuatro millones de campesinos y despojado a los mismos cerca de 12 millones de hectáreas de tierra. Este despojo se ha hecho desde lo legal e ilegal, pero especialmente por medio del terror de los fusiles y las motosierras del paramilitarismo, instrumento del terrorismo de estado.

¿Qué incidencia ha tenido el desarrollo de los megaproyectos y las transnacionales en el despojo y violencia contra los campesinos?

Fensuagro ha venido denunciando el carácter especulativo hoy de la tierra en Colombia: su valor hoy no está dado en términos de productividad, sino en términos de ubicación donde se van a desarrollar grandes megaproyectos de inversión como represas, hidroeléctricas, carreteras, puentes, proyectos de palma, o explotación minera de oro, carbón, petróleo. La sola noticia de desarrollo de estos megaproyectos genera violencia contra las comunidades rurales, quienes se ven obligados a abandonar sus territorios para no ser víctimas de los acaparadores que llegan con las armas (paramilitares y sus financiadores).

Hoy el campesinado no sólo se enfrenta al viejo terrateniente, el campesinado se enfrenta hoy a un enemigo más moderno y poderoso, esos son las transnacionales que llegan por nuestros recursos naturales, tierras y todo lo que le huele a riqueza. así como dijera un líder indígena: “Los paramilitares limpian los territorios de indios y campesinos, después llegan las transnacionales a imponer su ley”.

¿Tiene Fensuagro una propuesta o programa agrario como alternativa a la crisis que vive el campesinado en materia social y económica?

El Octavo Congreso de Fensuagro aprobó un programa agrario, que busca hacer frente a la gran arremetida del capitalismo y su modelo neoliberal en el campo de nuestro país y la cual contempla los siguientes puntos y objetivos:

1. La soberanía y seguridad alimentaría de Colombia

Fomento y protección de la producción nacional agropecuaria y su democratización, garantizando mediante instituciones estatales y cooperativas el abastecimiento de las ciudades y precios de sustentación para los productos agropecuarios.

Restablecer la investigación científica agropecuaria nacional y estatal, con orientación prioritaria hacia la producción campesina, indígena y afrocolombiana, la protección del ambiente y la democratización del conocimiento.

La prohibición de importaciones procedentes de países que no respetan o no han adherido a todos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y a todos los convenios internacionales de protección a la biodiversidad y el medio ambiente planetarios.

Prohibir las tecnologías, métodos y proyectos que causan daño a la salud humana, al ambiente, al patrimonio de las comunidades, a la integridad cultural o a la diversidad étnica o cuyo impacto en la salud, el ambiente o las comunidades no ha sido estudiado. Esto incluye la prohibición de los transgénicos, así como de los concentrados alimenticios para animales que han causado la llamada enfermedad de las vacas locas.

Prohibir patentar la vida.

2. Realizar la reforma agraria

Una reforma agraria radical e integral que:

Extinga el dominio y entregue a los campesinos las tierras productivas actualmente en poder de los terratenientes y dedicadas a fines no agrícolas u ociosos.

Devuelva a todos los desplazados sus tierras y declare la nulidad de cualquier transacción de tierras ocasionada por la violencia y que el estado indemnice a los campesinos por los perjuicios ocasionados.

Garantice el derecho a la tierra y los demás derechos del campesino a la mujer campesina jefa de hogar y establezca iguales derechos para los integrantes de la familia campesina sin discriminación por razón de sexo.

Establezca la expropiación por vía administrativa de cualquier predio adicional que se requiera para la reforma agraria.

Declare inalienables las tierras de los campesinos en forma de reservas campesinas donde la tierra no puede ser transferida sino a campesinos que la trabajen directamente.

Nacionalice todas las grandes explotaciones donde no se respeten los derechos laborales.

Establezca la institucionalidad agraria estatal para apoyar la investigación agronómica y agrológica; la protección del ambiente; el crédito subsidiado; la construcción y mantenimiento de infraestructura, especialmente de vías de comunicación, riego y adecuación de tierras; el suministro de semillas mejoradas; la producción, procesamiento y comercialización agropecuarios y los servicios públicos y sociales rurales de salud, control de la malaria, educación, guarderías, agua potable y energía.

Articule con poder de decisión política y económica y garantías de ingreso la producción campesina dentro de las cadenas productivas.

Establezca fondos de ganado para administración y producción intensiva y comunitaria campesina, indígena o afrocolombiana.

Respete, amplié y titule plenamente la propiedad de los territorios de los pueblos y comunidades indígenas y de las comunidades afrocolombianas y de los raizales de San Andrés y Providencia.

Sobre todas estas bases adelante un completo plan de sustitución total de los cultivos de amapola y de los cultivos no tradicionales de coca por cultivos de alimentos, materias primas y ganadería intensiva y organice la comercialización de productos legales de la coca.

3. El reconocimiento del papel de la economía campesina dentro de la economía nacional y de las comunidades rurales en la sociedad nacional

Los planes económicos y sociales deben dejar de ver al campesino, al indígena y al afrocolombiano solamente como un problema y entender y reconocer que son una riqueza grande para el país, su economía, cultura y sociedad.

Todos los planes de desarrollo cuantificarán el aporte productivo, laboral, cultural y ambiental de las comunidades y trabajadores rurales.

Se hará efectivo el reconocimiento de la diversidad cultural y étnica de la nación.

Los campesinos y las comunidades rurales deben tener una efectiva participación en la elaboración de los planes de desarrollo local, regional y nacional.

Las comunidades tienen derecho a elaborar sus propios planes de vida y a que los planes de desarrollo los respeten.

La comunidades deben ser previamente consultadas sobre la realización de inversiones petroleras o mineras y sobre la ejecución de megaproyectos; deben participar justamente de sus utilidades y ser compensadas o indemnizadas por los impactos negativos y en todo caso poder impedir la ejecución de proyectos de inversión que lesionen su integridad.

Las comunidades rurales estarán articuladas con capacidad de dirección dentro de la economía de sus regiones y comarcas, ya se trate de economías petroleras, mineras, comerciales, turísticas o agroindustriales.

Seguridad social y pensión para el campesino independiente.

4. Plena vigencia de los derechos de los obreros rurales

Derecho a la organización sindical sin temor a ser despedido, discriminado o asesinado como ocurre ahora.

Derecho a la vida de los dirigentes y activistas sindicales.

Derecho a la negociación colectiva.

Derecho a la libre movilización. Rechazo a la judicialización de la protesta popular.

Prestaciones sociales plenas y pensiones para el trabajador agropecuario.

Claridad contractual de la relación laboral. Fin de los contratos de servicios o de las figuras "solidaristas" o de "alianzas estratégicas" que esconden la relación laboral para evadir pagos de salarios y prestaciones sociales e imponer impuestos de los cuales estaba exento el trabajador.

Cumplimiento pleno de todos los convenios de la OIT en el campo.

5. Democracia real y participativa

No más masacres, no más desapariciones, no más asesinatos, no más desplazamientos forzados.

Desmantelamiento de los grupos paramilitares llamados "autodefensas".

Libertades democráticas plenas y reales para las comunidades y trabajadores rurales.

Real participación de la mujer con poder de decisión en todos los niveles de la vida política, económica y social, comenzando por la dirección de las organizaciones campesinas y comunitarias y la vida familiar e incluyendo los más altos niveles del Estado.
Fin definitivo del sistema clientelista de la clase política y de su sistema de corrupción y de uso privado y politiquero de los dineros del Estado.

Negociación de un tratado de paz democrática con justicia social que solucione el conflicto armado colombiano, culmine exitosamente los actuales procesos de paz ya iniciados y proporcione una paz duradera al país.

Participación decisoria de los campesinos, indígenas, afrocolombianos y obreros rurales en las decisiones nacionales, regionales y locales, especialmente en los asuntos que les afectan directamente como los tratados internacionales de comercio como el ALCA y las rondas de la OMC.

El Plan Colombia debe suspenderse, así como cualquier plan para acelerar la vinculación de Colombia al ALCA.

¿Cuáles han sido los procesos de unidad más importantes del movimiento campesino y que logros se han obtenido?

Uno de los principios de Fensuagro es la lucha por la unidad del campesinado colombiano. Siendo fieles a este principio hemos trabajado distintos procesos de unidad de acción tanto a nivel de organizaciones del campo como desde los distintos sectores sociales. De los más recientes podemos mencionar: la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conaic), el Consejo Nacional Campesino (CNC), la Convergencia Nacional Campesina Negra e Indígena de Colombia (CNI), la Mesa Nacional Agraria y actualmente la Coordinadora Nacional Agraria y Popular (Conap). Desde estos espacios de unidad de acción hemos hecho trabajo de acciones políticas de movilización social e incidencia política como la presentación de iniciativas de ley de reforma agraria al Congreso de la República. En el año 2003, logramos realizar el Primer Congreso Nacional Agrario, convocado por las distintas organizaciones campesinas que existen en Colombia, entre ellas Fensuagro y del cual se promulga el Mandato Nacional Agrario, que es una propuesta de política pública para el campo colombiano. Su contenido se basa en 14 puntos como:

1. Derecho a la vida, plenas libertades democráticas y respeto a los derechos humanos

Respeto al derecho inalienable a la vida de todas las colombianas y colombianos. Garantía efectiva al derecho a la vida digna y al bienestar, que exige el reconocimiento de los sujetos colectivos.

Respeto y garantía real a los derechos de expresión, movilización, protesta, oposición política, organización y a la contratación colectiva.

Plena vigencia de los derechos y garantías individuales y colectivas.

El Estado cumplirá con todos los acuerdos pactados con las comunidades, pueblos y organizaciones, así como con la aplicación de los derechos constitucionales y legales reconocidos a ellos.

Responsabilizar y juzgar al estado colombiano como autor por acción u omisión, de la violación sistemática de los derechos humanos.

No al estado autoritario, sí a un estado de democracia participativa.

Alto al extermino y a la criminalización de las organizaciones populares sus líderes y lideresas.

Verdad, justicia y reparación completa para las víctimas de la violencia y para las víctimas históricas de la conquista de América y la trata de esclavos.

2. Soberanía y seguridad alimentaria

La soberanía alimentaria es un derecho fundamental que afianza la autonomía territorial, económica, social, política y cultural y contrarresta la dependencia.

Que cada pueblo determine autónoma y soberanamente la producción, distribución y consumo agroalimentario para garantizar la autosuficiencia y el fortalecimiento del mercado interno mediante una estructura productiva orientada a generar bienes básicos para alimentar a la población atendiendo a las necesidades nutricionales y culturales.

Garantía plena de acceso de toda la población a los alimentos sanos con los nutrientes indispensables completos.

No rotundo a la producción, consumo y comercialización de organismos genéticamente modificados.

Defensa de la producción nacional de alimentos.

La economía campesina, indígena, afrodescendiente y de los pescadores artesanales, como sus saberes y prácticas culturales son la base estratégica de la soberanía y la seguridad alimentaria.

Se dará prioridad por parte del Estado y de la sociedad en general a los procesos productivos orgánicos y de transformación de materias primas que garanticen la sustentabilidad de los recursos naturales, la defensa del ambiente y la biodiversidad, en virtud de que están fuertemente interrelacionados con la soberanía y seguridad alimentaria.

Es responsabilidad del Estado y la sociedad defender el patrimonio genético y cultural, la sabiduría tradicional, así como su propiedad colectiva.

La protección, conservación y recuperación de las semillas nativas de cada región será una garantía para la soberanía alimentaria y la biodiversidad.

Se establecerán por parte del Estado mecanismos de control social de los alimentos comercializados y procesados, prohibiendo aquellos productos nocivos para la salud humana.

3. Alternativas al ALCA y a los acuerdos de libre comercio

No se aprobarán los acuerdos de comercio internacional que, al servicio del capital transnacional, vulneran la producción y distribución nacional e imponen la recolonización de América Latina, y por ello no se incluirá a Colombia en el ALCA ni en un acuerdo bilateral de libre comercio con Estados Unidos.

El Estado defenderá la producción nacional agropecuaria.

El sistema nacional de producción y distribución agroalimentaria será orientado y sostenido en función de los intereses de la población colombiana de acuerdo a sus singularidades.

No se aceptarán normas para favorecer a las transnacionales como las que se quieren imponer en asuntos como propiedad intelectual, patentes, tecnología, medio ambiente, pesca y territorios, en perjuicio de las comunidades afrodescendientes, indígenas, campesinas y del conjunto de los colombianos.

No se aprobarán los acuerdos de inversión que someten las normas nacionales y los contratos a normas de otros países o tratan de congelar el régimen de inversiones y los contratos privados bajo pena de indemnización.

Todos los acuerdos internacionales que el estado colombiano suscriba y que tengan que ver con el sector rural, la economía agropecuaria, las tierras o territorios y el agua, requieren previa su suscripción el consentimiento de los sectores y comunidades directamente afectados por ellos.

La agricultura, la tierra y la alimentación no harán parte de acuerdos de libre comercio y serán excluidos de los que ya están aprobados como los de la OMC.

El comercio internacional y las inversiones no pueden estar sobre los intereses de los pueblos, sino que deben supeditarse a los intereses y derechos de la nación y las comunidades.

La integración latinoamericana será practicada para fortalecer a nuestros pueblos en el escenario internacional; no sólo, ni fundamentalmente como un asunto comercial.

Todos los pueblos necesitan asociarse a partir de la solidaridad y el respeto a sus derechos políticos, económicos sociales, ambientales y culturales.

4. Derecho a la tierra

El derecho a la tierra y el territorio es parte fundamental de la vida y la cultura de los pueblos y las comunidades rurales. Se garantizará este derecho a las comunidades afrocolombianas e indígenas y a los campesinos que han carecido de tierra o la tienen en cantidad insuficiente, así como a quienes la han perdido o a quienes teniéndola estén amenazados de perderla como consecuencia de la violencia, el latifundio o la quiebra de los productores.

Se reconocen los derechos históricos de los pueblos indígenas, el pueblo raizal y las comunidades afrodescendientes a sus territorios y en especial la propiedad colectiva inalienable de los resguardos indígenas y territorios de las comunidades afrodescendientes. Se completarán los procesos de titulación colectiva.

Se garantizará el derecho inalienable, inembargable e imprescriptible a la tierra a las campesinas y campesinos, mediante la constitución y la inalienabilidad de las reservas campesinas y la priorización de las formas asociativas campesinas.

Mediante un programa de reforma agraria integral dirigido por el movimiento campesino, afrocolombiano e indígena, que garantice el completo apoyo del Estado a los beneficiarios, se hará cumplir la función social y ecológica de la propiedad de la tierra, de manera que se aprovechen debidamente las cinco millones de hectáreas aptas para la agricultura que están intensamente subutilizadas y se revierta la concentración especulativa de la propiedad.

Los productores y productoras agropecuarios nacionales tendrán derecho a la tierra y se respetarán la pequeña y mediana propiedad rural.

Se protegerá la diversidad cultural y por ende las diversas concepciones sobre la tierra y el territorio.

Ante la ausencia de acciones del Estado los campesinos, afrodescendientes e indígenas adelantarán la reforma agraria de hecho.

5. Reconstrucción de la economía agropecuaria y agroalimentaria

No se pagará la deuda externa.

Se condonarán las deudas a los campesinos y demás productores rurales. Suministro de créditos abundantes, baratos y oportunos para los pequeños y medianos productores y productoras rurales, de acuerdo con las particularidades culturales.

El Estado establecerá precios de sustentación rentables y determinará prioridad y subsidios para la comercialización interna de la producción, que permita sustentar una rentabilidad que mejore la calidad de vida de las familias.

Revocatoria de los impuestos a los productos agropecuarios y pesqueros, y de las alzas de precios de los insumos y de los servicios públicos.

Se fijaran políticas por parte del Estado que consideren los seguros de cosecha.

Se fomentarán y protegerán los mercados locales.

Con financiación del Estado se reconstruirá la generación y aprovechamiento de ciencia y tecnología agropecuaria propia. Control estatal y comunitario a la introducción de nuevas tecnologías y prohibición de las que son o puedan ser lesivas para las personas, el ambiente o el patrimonio colectivo, como es el caso actual de los transgénicos.

Adopción de medidas que impidan o reviertan el monopolio de las transnacionales de los agroquímicos, las semillas y la biotecnología.

Alto a la importación de productos agropecuarios que se pueden producir en el país.

Reconstrucción de las instituciones agropecuarias del Estado con presupuesto adecuado y control de las organizaciones sociales.

Respeto y financiación estatal de los planes de vida o planes alternativos de desarrollo de las comunidades y organizaciones de base.

Apoyo estatal para que los campesinos, indígenas, afrodescendientes y productores agropecuarios puedan controlar el conjunto de las cadenas productivas sin supeditarse a las transnacionales ni a los grupos financieros ni a los latifundistas.

Se propiciarán formas alternativas al comercio de relación directa entre colectivos de producción y los colectivos de consumo basadas en la solidaridad mutua y en la superación de la barrera entre el campo y la ciudad.

6. Protección del medio ambiente

Recuperación y mantenimiento del equilibrio de los agro-ecosistemas y ecosistemas atendiendo al manejo sano de suelos y aguas que garantice su calidad y renovabilidad.

Posicionar una amplia gama de productos competitivos y ambientalmente sostenibles.

Mejoramiento de la calidad ambiental de la producción.

El Estado fortalecerá la generación y transferencia de conocimiento científico y tecnológico aplicado a sistemas alternativos de agricultura, ganadería, pesca y acuicultura ecológicas, como los de relacionados con la minería limpia.

Se reconocerá, promoverá y defenderá el conocimiento tradicional indígena, afro y campesino, como los sistemas propios de producción y protección del ambiente. Igualmente, la capacidad de gestión ambiental propia de las áreas protegidas en los territorios de las comunidades.

No se privatizarán los ríos ni las playas ni zonas de bajamar ni cuerpos de agua. En estas áreas el Estado aplicara el ejercicio de prelación orientado a proteger las prácticas de producción de las comunidades asentadas ancestralmente en éstas... El agua es un bien social que no puede ser privatizado. Se garantizará el consumo de agua potable a toda la población.

La protección y recuperación de los bosques y nacimientos de agua, como la reforestación con plantas nativas y diversas, serán prácticas agenciadas por el Estado y las comunidades.

Se exigirá licencia ambiental para todo proyecto de inversión y se negará en todo caso en que el proyecto amenace el ambiente o la integridad cultural, económica o social de la población.

Colombia no aceptará desechos tóxicos ni nucleares.

Se exigirá la reparación e indemnización a los afectados, a los causantes de los daños ambientales. Se llevará a cabo el seguimiento a los efectos negativos de los pasivos ambientales con la participación de las comunidades afectadas.

7. Política concertada con los cultivadores de coca, amapola y marihuana

Cese inmediato y prohibición de las fumigaciones, otras formas de guerra química o biológica, y de cualquier programa de erradicación forzada. Se indemnizará a las víctimas de estas políticas

La expansión de cultivos de coca, amapola y marihuana son resultado y consecuencia de la crisis económica, el conflicto social, la apertura económica, la libertad de importaciones y la concentración de la propiedad; por consiguiente no pueden ser considerados ilegales ni erradicados por medios policiales o militares.

El tratamiento criminal dado por el Estado a estos cultivos ha sido funcional al control de recursos estratégicos, territorios, tierra y población, beneficiando los planes estratégicos a largo plazo de Estados Unidos mediante la llamada guerra contra las drogas.

El uso legal de estos cultivos o su erradicación voluntaria y sustitución debe ser concertado con las comunidades respectivas mediante pactos verificables que establezcan programas financiados por el estado: de reforma agraria, reasentamiento voluntario en tierras aptas para la agricultura, construcción de infraestructura, producción, procesamiento y comercialización.

8. Derechos sociales económicos y culturales del campesinado, indígenas y afrodescendientes

La seguridad social financiada íntegramente por el Estado para la población rural y los trabajadores agropecuarios, incluyendo salud, riesgos profesionales y jubilación, será una prioridad.

Se promoverá la reconstrucción y el fortalecimiento de la red pública hospitalaria y demás instituciones de salud del Estado -preventivas y curativas- en el sector rural, como la adecuación de las mismas a la cosmovisión, prácticas tradicionales y condiciones propias de las comunidades, eliminando la intermediación financiera.

Se fortalecerá la medicina tradicional a partir de la promoción de médicos tradicionales, parteras y curanderos.

Se garantizará el derecho a la educación pública de calidad en todos los niveles para la población rural, totalmente financiada por el Estado, de acuerdo con la cultura propia y con las condiciones y necesidades del sector rural. La educación enfatizará en los valores culturales y territoriales propios.

El conocimiento y la producción artística son un patrimonio y un recurso de poder y una condición para el desarrollo de modelos alternativos de construcción de la ruralidad y de los valores de la nación.

Para garantizar el derecho al trabajo, se formularán planes concretos para combatir el desempleo, estableciendo el pago de subsidios a los desempleados rurales.

Se garantizarán el ejercicio de los plenos derechos laborales para los obreros y jornaleros rurales.

Respeto prioritario a los derechos de los niños y atención a sus necesidades básicas en el campo.

Se establecerán políticas públicas para los adultos mayores que garanticen atención especial, vida digna y no discriminación.

El Estado y la comunidad promoverán el reconocimiento, apoyo y protección especial a la juventud en quien recae el futuro de la sociedad rural.

Reconocimiento del derecho a la recreación. Las actividades deportivas tendrán financiación del Estado.

Toda la población rural es sujeto de estos derechos sin que se puedan condicionar mediante estratificaciones o segregaciones.

9. Reconocimiento político al campesinado

Reconocimiento político del campesinado como sujeto de derechos específicos y actor social diferenciado, con identidad propia, pluricultural.

Retribución justa de su significativa e indispensable contribución a la nación para el logro de la soberanía y seguridad alimentaria y la sostenibilidad integral.

Participación efectiva y representación política propia plena del campesinado, con autonomía voz y voto decisorio en las instancias de planeación, gestión y ejecución de las políticas y programas que se relacionen con el sector agropecuario, el territorio y la vida rurales. Se garantizará también este derecho a la participación a las comunidades afrodescendientes y a los pueblos indígenas.

Derecho a la inversión social del Estado sin que se condicione a la participación en alianzas, asociaciones o cadenas productivas con grandes empresas o grandes propietarios, las cuales deben ser simplemente opciones de contratación de acuerdo con la conveniencia de los agricultores y agricultoras en los casos en que se garantice la participación favorable y equitativa de los campesinos organizados.

La reglamentación de la ley de mujer rural debe visibilizar y reconocer los derechos y aportes de las mujeres campesinas.

10. Reconocimiento de las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes y sus derechos

Reconocimiento y contabilización del aporte económico de las mujeres a la producción en el campo y a la reproducción de la fuerza de trabajo.

Reconocimiento y protección del papel de las mujeres en la construcción de la identidad cultural, en la defensa permanente de la integridad de las comunidades y como gestoras de vida.

Se tomarán medidas concretas contra la discriminación hacia las mujeres, al igual que se desarrollarán acciones positivas de reparación integral por la discriminación histórica y social que tiendan a una efectiva equidad de género.

Garantías para la participación decisoria de las mujeres rurales en las instancias de planeación, gestión y ejecución.

Protección especial para las mujeres cabezas de hogar.

Las mujeres no son botín de guerra; protección especial para las mujeres víctimas de la violencia.

11. Derecho a la territorialidad

Se reconocerá la diversidad e identidad cultural regional, local, étnica y la relación con la naturaleza y el ambiente como partes esenciales de la territorialidad.

La territorialidad no es solamente un concepto que hace referencia a lo local y propio, sino que incluye las relaciones con otros sectores y la capacidad de unidad con y entre las diferentes comunidades, pueblos y sectores sociales.

Los pueblos indígenas, el pueblo raizal, las comunidades afrodescendientes y campesinas, tienen derecho al gobierno autónomo de sus territorios y a definir sobre él mismo, sus prioridades y sus planes de vida y a participar en las decisiones que les afectan.

Se pondrán en funcionamiento, previa concertación y acuerdo con las comunidades respectivas, las entidades territoriales de régimen especial que se adecuen a la realidad étnica, social, cultural, económica, ecológica y geográfica, de manera que se ponga en práctica un nuevo ordenamiento territorial en beneficio de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas y del pueblo colombiano, que fortalezca la soberanía y unidad de la nación en la diversidad y proteja las culturas y las regiones.

La explotación de los recursos en cada territorio debe partir de la vida, necesidades, aspiraciones y decisiones de las comunidades titulares de los derechos sobre el respectivo territorio.

12. Fin al desplazamiento forzado

Cese del desplazamiento forzado. El Estado concertará con las comunidades vulnerables y afectadas medidas efectivas para prevenir y poner fin al desplazamiento y el despojo de sus tierras en el campo.

Reconocimiento legal a los derechos territoriales de las comunidades y las familias.

El Estado atenderá integralmente a las familias desplazadas por la violencia mediante programas de alimentación, salud, educación, recuperación psicosocial, vivienda y empleo y garantizará, en condiciones de dignidad, seguridad y estabilidad, su retorno o su reubicación voluntaria en tierras adecuadas para la producción agropecuaria.

El Estado garantizará la reparación completa, indemnización y compensación a todos los desplazados por la violencia.

Serán anuladas las transacciones de tierras hechas mediante coacción y serán restituida la tierra a los campesinos, indígenas o afrodescendientes desplazados.

Los beneficiarios y autores de desplazamientos causados directa o indirectamente por megaproyectos u otros proyectos de inversión asumirán la responsabilidad por la reparación integral y el retorno.

Nuestras organizaciones tratarán siempre a los desplazados como parte de ellas y de nuestras comunidades.

13. Solución política del conflicto social y armado

El conflicto armado colombiano solamente tiene una solución política negociada de cara al país.

El logro de una paz sólida y durable exige, además de los pactos entre las partes, la soberanía nacional, transformaciones del régimen político y la solución de los conflictos económicos y sociales que originaron y mantienen por décadas la confrontación armada y por lo mismo exige la participación decisoria de las organizaciones populares.

La solución del problema de la concentración de la propiedad de la tierra es un elemento fundamental de la solución del conflicto armado colombiano.

Se rechazará la Doctrina de la “Seguridad Nacional”.

No más intervención de Estados Unidos en Colombia. El Plan Colombia se suspenderá definitivamente. Colombia rechazará las agresiones a otros países.

Esclarecimiento y castigo a los autores intelectuales, materiales, auspiciadores y financiadores de las acciones paramilitares...

Mientras dure el conflicto armado se propiciará la suscripción y cumplimiento de acuerdos humanitarios.

No a las zonas de rehabilitación, las redes de informantes, ni a las medidas que involucran a la población civil en el conflicto. O al reclutamiento forzado u obligatorio.

Construir una agenda de paz del movimiento popular.

14. Unidad

Llamamos a las compatriotas y los compatriotas de otros sectores populares y sociales y a los que aun ocupando hoy una posición privilegiada no han perdido su conciencia nacional ni han renunciado a su condición de seres humanos libres, a que nos acompañen en el reconocimiento, lucha por este mandato por la vida digna, soberanía alimentaria, derecho a la tierra y a la territorialidad.

Ofrecemos para esta lucha nuestra memoria, mártires y experiencia, y el proceso de convergencia de nuestras organizaciones y nuestra movilización en conjunto con el pueblo colombiano hasta lograr llevar a la práctica el Mandato.

Eberto Díaz, presidente de Fensuagro. Foto Lara.

¿Fensuagro qué plantea sobre la guerra y la paz en Colombia?

Fensuagro es una organización civilista, que desde su creación le ha apostado a una solución política del grave conflicto armado que se desarrolla en el país por más de cuatro décadas y muchos de cuyas causas aún subsisten. Nos oponemos a la salida militar por creer que es el camino más doloroso para lograr la paz.

El actual gobierno, en cabeza de su jefe Álvaro Uribe Vélez, se niega a reconocer que en Colombia existe conflicto. No obstante, su política que la ha denominado “seguridad democrática” invita a la sociedad colombiana a vincularse a la política contrainsurgente. Ejemplos: red de informantes, campesinos guardabosques, soldados campesinos, familias en acción. El incremento en el gasto militar, el armamentismo y el aumento del pie de fuerza que sobrepasa los 500 mil hombres. Como vemos es un régimen que niega el conflicto armado y por otro lado se prepara para la guerra.

Por último, ¿cuáles son las expectativas de Fensuagro en el futuro inmediato?

Valoramos profundamente los cambios que se vienen generando en América Latina, donde los movimientos sociales han sido protagonistas de primera fila, como los indígenas y el campesinado.

Los gobiernos progresistas y revolucionarios que se vienen posesionando en América Latina como en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, entre otros, nos muestran el camino de la lucha y la acción política de las masas populares. Creemos que el neoliberalismo se agotó, que la crisis económica mundial no se resuelve con más de lo mismo, que el capitalismo no es opción para los pueblos y que el socialismo está de vuelta. Por eso somos optimistas y nuestras expectativas son de lucha, de construcción organizativa y de unidad.

“Sólo el pueblo salva al pueblo”. Los campesinos entendemos eso. En ese sentido nuestro compromiso es con el campesinado. A la oligarquía latifundista decirles que su historia está llegando a su fin.