Asociación Campesina del Catatumbo
:: Norte de Santander, Colombia ::
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Ascamcat invita a los medios de comunicación a informar y a hacer aportes para la paz
Asociación Campesina del Catatumbo - Ascamcat / Miércoles 15 de marzo de 2017
 

Desde el año 2013, fecha en la cual se produjo el paro campesino del Catatumbo por el constante incumplimiento del gobierno nacional a la comunidad campesina y, en general, por la falta de garantías para ejercer nuestros derechos; diferentes medios de comunicación del departamento Norte de Santander como el diario La Opinión han venido haciendo muy graves y falsos señalamientos de forma recurrente contra la Asociación Campesina del Catatumbo -Ascamcat- en diferentes publicaciones, escudándose y fundamentando sus afirmaciones en opiniones personales de las fuentes por ellos citadas:

En el artículo [1] “En el Catatumbo se sembró coca con recursos del gobierno” publicado el día 9 de marzo de 2017 nos acusan de “oportunismo político”, “de recibir recursos del gobierno nacional, primando la lógica política y no los intereses de las comunidades y otros elementos que hubiesen podido generar sostenibilidad en los procesos de sustitución de cultivos”. Afirman que “El problema de interlocución del gobierno nacional con las comunidades cocaleras del Catatumbo se ha acrecentado por la aparición de organizaciones intermedias como Ascamcat (Asociación Campesina del Catatumbo), que lo que realmente tienen es una agenda política, que no es la agenda de desarrollo de los campesinos”. Mencionan que “hay una masa de personas que está cultivando a gran escala y con ella la sustitución no es por las buenas”. Estas frases solo ayudan a aumentar la estigmatización sobre la labor de defensa del campesinado y la lucha por su reconocimiento como sujeto político, calificativos que claramente atentan contra el buen nombre, la honra y honor de los miles de hombres, mujeres y jóvenes que conformamos la Ascamcat, llevando así a un desprestigio publico dirigido para afectar el trabajo que durante 11 años hemos desarrollado.

El día 10 de marzo de 2017 este mismo medio de comunicación publicó un nuevo artículo titulado “Cuentas Claras” [2], en el que nuevamente hace señalamientos sin fundamento en su artículo editorial y sin citar fuente de sus afirmaciones mencionan que “En vez de erradicar los cocales, como se acordó luego del sangriento paro de Tibú en 2013, los ampliaron con la plata de todos los colombianos, hasta el punto de que hoy existen allí unas 15 mil hectáreas, y con tendencia a seguir creciendo”. Nos acusan como Asociación y a nuestros dirigentes de enriquecimiento ilícito comentando que “la radicalización del discurso y la acción de la representación y de las familias de la coca permitió que el dinero y otros recursos del Estado fueran a beneficiar intereses muy personales”. Nos acusan hoy de que “líderes de algunas de estas vocerías disfrutan hoy de fortunas considerables”. Nos señalan de no haber efectuado “ninguna rendición de cuentas de ellos” como si nosotros ocultáramos nuestra información de las entidades de fiscalización, seguimiento y control. Nos acusan de haber recibido “fondos estatales” cuando como Asociación no hemos recibido un solo peso destinado a los procesos relacionados con sustitución de cultivos, nos acusan de corrupción al afirmar que existe “falta de dinámica del estado para promover desarrollo” en la región del Catatumbo y que “desde todos los niveles del Gobierno le han permitido a Ascamcat hacer en el Catatumbo lo que ha querido…”.

Éstas son manifestaciones de dudas sobre el destino final de dineros públicos que supuestamente nos fueron entregados a raíz de los resultados del paro campesino de 2013. El artículo aseguró, sin mostrar una sola prueba de sus afirmaciones, que los dineros fueron utilizados para promover intereses personales y en pro del aumento progresivo de los cultivos de coca en la región. De igual forma el texto sugiere que la definición de una agenda política en nuestra organización no solo es prueba de que somos intermediarios ajenos a la comunidad, sino que intriga sobre supuestas injerencias externas en esa labor. Desconoce el documento la capacidad de acción y deliberación colectiva del campesinado como sujeto colectivo de derechos políticos, y con eso arbitrariamente pone en entredicho la participación activa de los líderes, y que la representatividad de Ascamcat ante las autoridades del orden local, departamental y nacional ha sido promovida bajo las disposiciones otorgadas por los mandatos populares .

Este tipo de actuaciones deja en claro, como en otras ocasiones lo hemos manifestado, que la labor del diario La Opinión y de muchos medios de comunicación en los últimos meses se ha reflejado de una manera arbitraria, generando entre las comunidades campesinas indignación por estos señalamientos y agresiones públicas que desinforman a la población del departamento y que desconocen nuestro trabajo y los reconocimientos que sobre ella hemos tenido. Generalizan a la comunidad catatumbera, como lo citaba en un comunicado la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos quienes reconocen ”la complejidad de la situación del Catatumbo, en la cual, no todos los campesinos hacen parte de los acuerdos con el Gobierno y mucho menos, todos los campesinos que participaron en el paro son cultivadores de coca. Entender las particularidades del Catatumbo y de los acuerdos permite, no estigmatizar con generalidades a todos los campesinos, e implementar medidas más efectivas para lograr cambios positivos en la región“ [3].

Sin embargo, en nuestro interés de defensa de la construcción de paz con justicia social en nuestra región y en el país, en Ascamcat reconocemos el derecho fundamental a informar y ser informados contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia y en este sentido exigimos que la información sea veraz e imparcial como lo manda la carta magna, basándose en la responsabilidad social que deben tener los medios de comunicación dentro del estado social de derecho. Igualmente hacemos un llamado al respeto de nuestro derecho al buen nombre, solicitamos una rectificación de lo divulgado e invitamos a que cesen los hostigamientos en contra de la Ascamcat, sus dirigentes, afiliados y el movimiento social que nos recoge en nuestro propósito de velar por la defensa del territorio y los derechos humanos.

Es por todo lo anterior que, señores Diario La Opinión, director José Eustorgio Colmenares y demás accionistas de esta corporación mediática: manifestamos nuestra reiterada voluntad de acudir a un diálogo franco que sirva para aclarar la calidad e impacto de la información publicada y así permitir que el departamento conozca líneas de opinión objetivas. Solicitamos que sus publicaciones tengan fuentes confiables e imparciales que dejen a la comunidad hacerse de ideas verídicas pues nos encontramos en el momento propicio para buscar la construcción de una paz incluyente y democrática.

[1] Fuente: Diario La Opinión http://www.laopinion.com.co/region/...

[2] Fuente: Diario La Opinión http://www.laopinion.com.co/editori...

[3] Fuente: Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos http://www.hchr.org.co/migracion/in...