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¿Realmente se quiere a las mujeres colombianas en la política?
Una mirada desde el Magdalena Medio
Xiomara Torres / Miércoles 15 de marzo de 2017
 

La organización y participación política de las mujeres del Magdalena Medio es limitada. Esta situación se refuerza gracias a que no existe igualdad formal de derechos entre hombres y mujeres, contribuyendo así al aumento de la discriminación hacia la mujer por el hecho de serlo. La asignación de roles diferenciados por el sexo, junto a la baja participación y organización política de las mujeres, tiene una base cultural, económica y política que históricamente ha creado obstáculos que limitan la consecución de la libertad plena y efectiva de sus derechos. Esta realidad se fue imponiendo como consecuencia del longevo conflicto armado colombiano, el cual terminó expulsando de sus tierras a 158.461 personas de la región e hizo que los principales centros urbanos recibieran sin estar preparados para ello a otras 110.342; solamente, en los municipios de Remedios, El Bagre, Segovia, San Pablo, Santa Rosa, Cantagallo, Sabana  de Torres, Puerto Berrio, Puerto Wilches y Barrancabermeja se sabe que 106.591 personas fueron ya declaradas víctimas de desplazamiento forzado [1].

Según el último reporte de ocurrencia de hechos victimizantes de la Unidad para las Víctimas de Colombia, entre el año 1984 y abril de 2016, en estos municipios existe una cifra de 230.205 personas víctimas de flagelos como el desplazamiento, amenazas, desaparición forzada, minas antipersona, tortura, secuestro y actos contra la integridad sexual, entre otros; de estas personas 115.657 son mujeres, 49 personas pertenecen a la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales – LGBTI - y 1.619 personas prefirieron no informar sobre su género.

La violencia sexual contra estos grupos poblaciones, solamente en los diez municipios mencionados anteriormente, dejó un saldo de  9.840 mujeres, 44 personas de la comunidad LGBTI y 10.279 hombres víctimas de hechos contra su integridad sexual. La violencia sexual es usada como un arma de guerra que afecta tanto a las mujeres como a los hombres dentro del territorio y aunque en las bases de datos institucionales la cifra de mujeres víctimas de estos hechos es menor a la de los hombres, estas tendencias obedecen justamente a dinámicas culturales de discriminación que contribuyen a que las mujeres no denuncien por vergüenza y/o por miedo a la estigmatización dentro de los espacios públicos y privados donde se desenvuelven.  

En ese mismo sentido, existe una regulación de la vida de las mujeres por medio de la imposición de comportamientos y el control de sus cuerpos, que principalmente se materializa por medio de la entrega simbólica y cultural de responsabilidades dentro del hogar y el cuidado de los hijos. Según una investigación realizada por el DANE entre el año 2012 y 2013, el 89,4% de las mujeres en Colombia realiza en promedio al día 7 horas y 23 minutos de trabajo no comprendido dentro del Sistema de Cuentas Nacionales  - SCN [2], mientras que el 63.1% de los hombres realiza este tipo de actividades durante 3 horas y 7 minutos en promedio [3]; estas actividades se enmarcan en actividades de limpieza, mantenimiento y reparación del hogar. De tal manera que es importante comenzar a reconocer el papel fundamental que la mujer está jugando en el aporte de riqueza y manutención, como al desarrollo de la sociedad colombiana [4].

A pesar de lo anterior, las mujeres cuentan con una incipiente, casi inexistente, independencia económica que es el resultado de una pobreza extrema que en centros poblados y rurales dispersos del país se encuentra en un 40,3% [5]. Dependen de los bajos ingresos de sus compañeros sentimentales y un 11,3% de la población rural son cabeza de hogar [6]. Esta situación ha hecho que la mujer en la gran mayoría de los casos no tenga el tiempo, la disposición ni la intención de entrar en política, de organizarse y participar;  sumado al bajo nivel de escolaridad que en cabeceras y centros poblados rurales se encuentra en 43,9% [7].   

En Colombia, el concepto de equidad participativa en política ha venido siendo promovido por una serie de leyes y decretos que han obligado a los hombres inmersos y dominantes de la política históricamente, a ceder espacios de participación y dirección de entidades públicas. La Ley de Cuotas [8] es un hito histórico que pretende lograr integrar a las mujeres en cargos de poder y decisión dentro de las instituciones, no obstante el cumplimiento de la ley ha sido parcial. La meta de los gobiernos ha sido que las mujeres ocupen estos cargos con un porcentaje de participación que alcance el  50%;  sin embargo, quienes controlan las instituciones apenas pueden cumplir con el 30% que exige la ley y al hablar de participación en listas de votación para ejercer cargos de elección popular la cifra no es alentadora, solo habría que revisar las cifras de participación en corporaciones como el Congreso de la República en donde durante el periodo 2010-2014, la participación fue apenas  de un 16% [9] y para el actual, es decir 2014 – 2018  es de un 20% [10]. Si bien se celebró el aumento de la participación en esa alta esfera de la política colombiana por parte de las mujeres, no es suficiente ya que se llenan las listas con nombres de mujeres para cumplir el requisito del 30% que obliga la ley, pero posteriormente en su mayoría no son elegidas dadas las dinámicas clientelistas y machistas que maneja la política colombiana.

A pesar de que en los niveles departamentales, algunas gobernaciones han adoptado e implementado políticas públicas en materia de equidad de género y existen dependencias, entidades y oficinas que se ocupan del tema, en los niveles municipales y regionales el asunto no se trata y si se hace, se hace de manera escueta. No existen oficinas de gestión sobre el tema y tampoco dependencias encargadas de dinamizar la transformación cultural necesaria para construir una sociedad que respete las diferencias.  

En cuanto a la opción de la organización política, gracias al diagnóstico de la situación que realizó la Escuela de Formación Popular Sandra Rondón Pinto en la Primera Escuela Regional de Mujeres Berta Cáceres [11], se sabe que las mujeres de las regiones  que hacen parte de procesos políticos y sociales manifiestan el alto desconocimiento por parte de sus compañeros de trabajo, sobre el papel de la mujer en los procesos de transformación que se llevan a cabo. Aseguran  que dentro de las organizaciones a las que pertenecen existen sesgos contra la posibilidad de que ellas puedan liderar procesos, promoverlos y ejecutarlos; fomentando y reforzando una suerte de estereotipos que las marginan de la posibilidad de empoderarse.

Estas realidades han hecho que muchas mujeres líderes de procesos sociales y políticos se vean afectadas en su capacidad de participación dentro de los espacios de toma de decisiones y esferas de poder, arrebatándoles la posibilidad de acceder a las agendas públicas nacionales y territoriales.

[1] - Reporte de personas desplazadas de la Unidad Para las Víctimas del Gobierno Nacional.

[2] Actividad que contribuye a la producción de servicios y por la cual la persona que la realiza no recibe remuneración alguna. Este trabajo no se encuentra contemplado en la frontera de producción del SCN.

[3] Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT). 2012 – 2013.

[4] Documento COMPES SOCIAL 161. Consejo Nacional de Política Económica y Social. Departamento Nacional de Planeación. 2013.

[5] Información Estadística del DANE en su informe de Incidencia de Pobreza Monetaria y Multidimensional 2015

[6] Ibíd.  Anexos

[7] Ibíd.  Anexos

[8] Ley 581 de 2000

[9] Observatorio de asuntos de género. La participación política de las mujeres en Colombia: Avances, retos y análisis sobre la presencia y acceso de las mujeres a los espacios de decisión en el país. Alta Consejeria Presidencial  para la Equidad de la Mujer. Octubre 2011.

[10] El Poder de las Mujeres en el Congreso. En: http://www.semana.com/nacion/articu...

[11] www.escuelasandrarondonpinto... Y http://www.slideshare.net/SandraRon...