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Se avecina crisis humanitaria en el Nordeste Antioqueño
/ Viernes 17 de marzo de 2017
 

Las comunidades mineras y campesinas del Nordeste Antioqueño están preocupadas por los recientes acontecimientos en la región contra la minería y las declaraciones hechas por algunos delegados del gobierno nacional y departamental.

El 2 de marzo se realizaron dos operativos por parte de la Quinta Brigada del Ejército Nacional en las veredas Lejanías y Ojos Claros del municipio de Remedios, que dejaron el saldo de cuatro mineros capturados, tres retroexcavadoras y quince dragas quemadas, además de las múltiples violaciones a los derechos humanos con el resto de la población.

A raíz de estas acciones, el 6 de marzo se realizó una asamblea en que las comunidades de la región acordaron iniciar un plantón indefinido en la vereda Carrizal, bloqueando la entrada de material de construcción y víveres a la Zona Veredal Transitoria de Normalización que allí está ubicada.

El 11 de marzo se tenía planteada una visita de verificación por parte de una delegación del gobierno nacional a la ZVTN y en el marco de ésta se iba a desarrollar una reunión con los voceros de la movilización. Dicha visita no se dio aduciendo que no había seguridad en la región por presencia de Bacrim y ELN.

Para el día 16 de marzo la alcaldesa de Remedios concertó una reunión con delegados del gobierno nacional en Medellín ante la negativa de desplazarse al territorio. Las comunidades accedieron aún en medio de la falta de garantías logísticas y de seguridad para atender a la reunión.

En desarrollo de esta reunión el director de seguridad e infraestructura del Ministerio de Defensa, Álvaro Chávez, reafirmó que los operativos militares contra la pequeña y mediana minería van a continuar, a pesar de las peticiones de las comunidades de suspenderlos mientras avanzan en la construcción de un plan conjunto de formalización.

La secretaria de Gobierno, Victoria Eugenia Ramírez, desconoce el proceso de Cumbre Agraria regional como un espacio de interlocución para abordar todos los temas del campo, a pesar de que está el decreto 870 del 9 de mayo del 2014, que en su artículo 5 se crean las mesas regionales.

A raíz de estos hechos, las comunidades se sienten vulneradas y responsabilizan al Gobierno Nacional y Departamental por la crisis humanitaria que se avecina, pues las declaraciones de los delegados de la institucionalidad son una clara amenaza para los derechos humanos y la vida digna en el nordeste antioqueño.

Comunidades mineras y campesinas del Nordeste antioqueño

Medellín, 16 de marzo de 2017