Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra
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Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra: una historia de resistencia y dignidad
Jorge Orjuela Cubides / Lunes 17 de abril de 2017
 

* El presente texto, aunque con algunos cambios mínimos, fue publicado en la revista CEPA. Número 24, febrero/julio de 2017. ISSN 1908-8731.

Introducción

El Magdalena Medio ha pasado, como otros lugares del país, de ser un territorio segregado a convertirse en una región de importancia económica y política para el Estado. A través de diversas estrategias muchos han pretendido hacerse con el control del poder local, como ocurrió con la conformación de grupos paramilitares quienes ayudaron en el pasado, y todavía hoy, a preservar el orden social existente y a conservar el uso de la violencia bajo el control del Estado, especialmente en regiones excluidas.

El proyecto contrainsurgente engendrado hace más de 20 años en el pequeño municipio de Puerto Boyacá, “ha permitido el control político y militar de por lo menos 45 cabeceras municipales de la región” [1]. A partir del uso de la violencia extrema y las intimidaciones el paramilitarismo se erigió como soberano del territorio; diezmando las organizaciones políticas de izquierda, los sindicatos y las asociaciones campesinas.

Los obreros sindicalizados del sector petrolero, las asociaciones de mineros, los líderes comunitarios, las organizaciones de mujeres y los trabajadores del campo han sido víctimas constantes de la persecución, no sólo paramilitar, sino además del mismo Estado: mediante montajes judiciales, retenciones arbitrarias y amenazas. A pesar de ello dignamente oponen resistencia ante la injusticia y el oprobio. Las organizaciones sociales, pese a la arremetida del Estado y los paramilitares, no han sido cooptadas ni eliminadas completamente; el caso de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC) es un claro ejemplo de la valentía de los pobladores de la región que se niegan a vivir bajo un orden social autoritario y excluyente.

El presente escrito es un análisis en perspectiva histórica de las peripecias de la Zona de Reserva Campesina y de una de las organizaciones que ha liderado el proceso de constitución de esta figura como medio para redistribuir la tierra: la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra. Fundada en 1996, cuando campesinos de los municipios de Cantagallo, Remedios y Yondó, reunidos a partir de sus Juntas de Acción Comunal marcharon hacia Barrancabermeja para exigir respeto y protección de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Antecedentes de la ACVC

El valle del río Cimitarra es una zona de colonización a la que han llegado campesinos desplazados de diferentes regiones del país, “por ello son hombres y mujeres que han decidido arraigarse a estas tierras como última esperanza de supervivencia” [2]. La zona cuenta con enormes riquezas naturales y culturales, sin embargo las agresiones por parte de las fuerzas armadas y los paramilitares, además de la precariedad en la infraestructura vial y la falta de servicios, hacen parte de las problemáticas sociales que agobian a los pobladores de la región, quienes sobrellevan el aislamiento y con ello la dificultad de comercializar sus productos.

Ante esta situación a mediados de 1980 los habitantes organizaron la Cooperativa de Pequeños y Medianos Agricultores de Antioquia (Coopemantioquia), cumpliendo otras funciones que desbordaba la exclusiva problemática del abastecimiento y comercialización de productos como la tramitación de reclamos ante las administraciones locales, la resolución de conflictos y la regulación del proceso de colonización. No obstante, los paramilitares y las fuerzas militares vieron en esta iniciativa comunitaria un enemigo, colaborador de las guerrillas, atacando en 1989 la sede principal de la Cooperativa. “17 de febrero de 1989 los militares atacan la sede principal en el Ité, bombardeándola y saqueándola con el argumento de que habían descubierto un campamento, en inmediaciones del río Tamar y del Ité, con capacidad para 200 hombres y con comida para el sostenimiento durante tres meses” [3]. En ese escenario, los campesinos decidieron entonces poner en marcha una “Cooperativa Móvil”, intentando impedir nuevamente la destrucción de sus productos.

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Monumento creado por la comunidad en Puerto Nuevo Ité (La Cooperativa) en memoria de los campesinos asesinados por el Ejército y los paramilitares. Foto: Jorge Orjuela Cubides.

A pesar de ello, a mediados de 1993, el Ejército y los paramilitares llegaron a la sucursal de la Cooperativa en la vereda La Congoja, “allí se encontraba la administradora sola quien fue torturada y violada” [4], incendiando además la filial de la organización. A lo que siguieron torturas, sabotajes e intimidaciones hasta 1996, después de la reapertura y el posterior y definitivo ataque de los paramilitares. Por esos años, en medio de la arremetida paramilitar, los campesinos conformaron otra estructura organizativa que les permitiera remediar el abandono social del Estado: Asojuntas. Sin embargo, aquella apuesta fue cooptada por los partidos tradicionales, ante lo cual los campesinos quedaron de nuevo sin una organización que los representara. A finales de años 80, los grupos paramilitares se habían tomado el poder local del Magdalena Medio; y pronto, en 1997, se agruparían en las Autodefensas Unidas de Colombia. Por aquel entonces habían desaparecido casi por completo, a partir de masacres y asesinatos selectivos, a las bases sociales y a los cuadros del Partido Comunista Colombiano y de la Unión Patriótica, algunos de ellos también integrantes de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra.

El afianzamiento del proyecto paramilitar, así como las problemáticas de servicios públicos, salud, educación e infraestructura vial, sumado a las fumigaciones contra las plantaciones de hoja de coca en el sur de Bolívar (impulsadas por el ex presidente Ernesto Samper luego del escándalo de la filtración de dineros en su campaña provenientes del narcotráfico), provocaron que “los campesinos de los municipios de Cantagallo, Remedios y Yondó, reunidos a partir de sus JAC, decidieran hacer en el segundo semestre de 1996 una gran marcha campesina hacia Barrancabermeja” [5], ocupando los principales parques y plazas. El motivo central de las movilizaciones populares fue la exigencia de respeto de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. En aquella oportunidad se rechazó la estigmatización de la que son víctimas los campesinos y sectores populares de la región y se hizo pública la forma cómo eran violados aquellos principios universales [6].

De esta gran movilización surgió un Plan Integral de Desarrollo Agropecuario que tuvo en cuenta las principales necesidades de los habitantes de la región; emergiendo además la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra que agrupaba, para aquel momento, más de 56 Juntas de Acción Comunal veredales. Para Ramiro Ortega, dirigente de la ACVC, “las Juntas de Acción Comunal son una autoridad dentro de la región, son la base fundamental” de la Asociación [7].

A pesar de las esperanzas de los pobladores, el gobierno de Ernesto Samper incumplió los acuerdos frente a las demandas de los campesinos. Pero el asunto no quedó allí, lo más grave vino después con la acometida paramilitar que se ensañó con los dirigentes de la movilización. El Estado colombiano implementaba, una vez más en su historia, la estrategia para subyugar las reivindicaciones sociales: primero, mostrar indiferencia ante las peticiones; en seguida, cuando continúan adelante con sus reclamos, intentar dialogar; luego, incumplir los acuerdos y tildar a los manifestantes de subversivos; para finalmente, reprimirlos, aniquilando a los dirigentes [8].

Sin embargo, en medio del ambiente de horror sembrado por los paramilitares y las Fuerzas Militares, nació una luz de esperanza: la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra.

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Localización de la Zona de Reserva Campesina del Valle del río Cimitarra. Tomado de: Yenly Méndez. Derecho a la tierra y el territorio, justicia y Zonas de Reserva Campesina: el caso de valle del río Cimitarra (2013).

Masacre de Barrancabermeja, urbanización de la guerra

Uno de los puntos más elevados de violencia en la región tuvo lugar el 16 de mayo de 1998 con la masacre de Barrancabermeja. Fueron asesinadas varias personas en el sector suroriental de la ciudad: los paramilitares, con lista en mano, eligieron a las personas que se iban a llevar, señalándolos de ser colaboradores de la guerrilla. Quienes se resistieron fueron degollados o acribillados en el lugar. “Varios meses después de la incursión paramilitar se dio a conocer que las 25 personas secuestradas, fueron asesinadas y enterradas en fosas comunes ubicadas en el departamento de Santander” [9]. Luego de un mes, en un comunicado, las Autodefensas de Santander y Sur del Cesar (Ausac) se adjudicaron la masacre. Expresaron que “ustedes fueron los forjadores de su propia desgracia, por ser indiferentes, agoistas (sic), mezquinos y hasta directos patrocinadores de estos bandoleros (…) Por el bien de usted y de Colombia construiremos el futuro, Barrancabermeja no continuará en manos de la influencia sindicalista, izquierdista y guerrillera” [10].

El comandante de las Ausac, Camilo Aurelio Morantes, se hizo responsable de la incursión. Aseguró además que la acción no había sido improvisada, sino que por el contrario había contado con una minuciosa operación de inteligencia en la que participaron desertores de la guerrilla. Versiones de este tipo se encuentran en la justificación de otras masacres; no obstante la selección de las personas se hacía, en muchas ocasiones, de manera arbitraria, de acuerdo al lugar de residencia, su cargo o rol dentro de la comunidad y la coacción como medio de presión para obtener información. La masacre de El Salado es el ejemplo más palpable, allí los paramilitares seleccionaron al azar a sus víctimas, identificaron supuestos guerrilleros observando escasez de vello en las piernas a causa del uso de botas, sin tener en cuenta que éstas son un elemento básico en la vestimenta de los campesinos. En El Salado también utilizaron informantes quienes, para preservar su vida, acusaban sin distinción a los pobladores. Tales eran las “minuciosas operaciones de inteligencia” realizadas por los grupos paramilitares.

Por complicidad en la masacre, muchos años más tarde, fueron capturados por la Fiscalía tres oficiales del Ejército y la Policía: el mayor Oswaldo Prada Escobar, quien se desempeñaba como oficial del B-2 del Ejército, adscrito al Batallón Nueva Granada de Barrancabermeja; un teniente del Ejército, quien para la fecha de la masacre estaba adscrito a la Base Hidroeléctrica; y un teniente de la Sijín de la Policía [11].

Esta masacre fue el inicio de la urbanización de la disputa territorial entre paramilitares y guerrillas, “que convirtió a Barrancabermeja, entre 1998 y 2002, en una de las ciudades más violentas de Colombia” [12], dando paso a la presencia abierta de los paramilitares en el puerto petrolero.

Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra

En la constitución de la Zona de Reserva Campesina del Valle del río Cimitarra ha sido el factor económico –la estructura desigual de la tenencia de la tierra, así como su uso–, el que ha condicionado el resto de aspectos de la vida social del campesinado de la ACVC. Por supuesto, en espacios y momentos específicos, serán los factores políticos e ideológicos los que adquieran mayor relieve, estableciéndose, continuamente, relaciones entre unos y otros.

Sólo un 23.5% de los propietarios en el Magdalena Medio poseen más del 80% de la superficie del territorio, dedicado a la ganadería. Fenómeno que se torna aún más grave por el hecho de que el mayor número de desplazados por la violencia estatal (por parte de paramilitares y FF.AA) ocurre en las zonas de ganadería extensiva: se calcula que un 65% de la población desplazada proviene de tales zonas [13]. Así encontramos que la tenencia de la tierra aparece como una de las fuentes del conflicto social y armado. De tal manera, para disminuir levemente este hecho, se establecen a través de la Ley 160 de 1994 las Zonas de Reserva Campesina, las cuales son áreas geográficas seleccionadas por la Junta Directiva del Incora teniendo en cuenta las características agroecológicas y socioeconómicas regionales. El objetivo es eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad o su fraccionamiento antieconómico y regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías de la nación, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos de escasos recursos.

En este contexto, varias comunidades rurales de los municipios de San Pablo, Cantagallo y Yondó, promovieron, desde finales de los años 90, y bajo el liderazgo de la ACVC, la creación de la Zona de Reserva Campesina del Valle del río Cimitarra; aprobada, finalmente, en diciembre de 2002 por el Gobierno Nacional. La ACVC entonces se comprometía a desarrollar un plan de ordenamiento territorial, a controlar la expansión inadecuada de la frontera agropecuaria; a la regulación, limitación y ordenamiento de la ocupación y aprovechamiento de la propiedad y la tenencia de predios y terrenos rurales; así como la promoción de actividades agropecuarias y forestales ambientalmente sostenibles dentro del área establecida como zona de reserva.

A pesar de ello, un candidato que años atrás tenía un vertiginoso progreso en su carrera política, paralelamente a la oleada de masacres que enlutaba a todo el país, en la época del ascenso paramilitar en el Magdalena Medio y en Córdoba, a pocos kilómetros de su hacienda, se presentaba ahora como Presidente de la República. El mismo que, cuatro meses después de la declaratoria como Zona de Reserva Campesina, decidió suspenderla por razones de interés general. Nos referimos a Álvaro Uribe Vélez quien, con una burda excusa, abrió paso a megaproyectos productivos que se venían impulsando desde el Gobierno nacional “como por ejemplo, las concesiones para explotación (de oro y petróleo) a empresas multinacionales y el monocultivo de la palma de aceite” [14]. No obstante, aunque quedó suspendida legalmente, “seguía funcionando y la gente seguía diciendo estamos en la zona –de reserva campesina– y seguía resistiendo” [15].

La posición de los dos gobiernos de Uribe Vélez se orientó hacia la eliminación, en la práctica y en la vida legal, de la figura de Zona de Reserva Campesina, lo que significó el estancamiento de éstas durante ocho años. Esta suspensión se tradujo, en el orden administrativo, en la no creación de nuevas zonas, el abandono de los acumulados del Proyecto Piloto de Zonas de Reserva Campesina y el cese de cualquier tipo de apoyo a la figura desde las instituciones gubernamentales; además de la represión, estigmatización y judicialización de sus dirigentes y la militarización de las zonas rurales [16].

La tesis principal para acabar con las Zonas de Reserva Campesina era asimilar estas zonas con “lugares estratégicos de la guerrilla” o “zonas de despeje”, al estilo del Caguán. Así, pretendían desarticular a los grupos subversivos con la célebre teoría de “quitarle el agua al pez”. Aquella que los paramilitares emplearon desde los años 80 para justificar el asesinato de miles de seres inocentes, dejando una estela de sangre en todo el país. En el Valle del río Cimitarra las consecuencias de la Seguridad Democrática tampoco pudieron ser menos lamentables.

A pesar de la estigmatización y persecución contra la ACVC y su Zona de Reserva Campesina, que han sido una constante en su historia, la esperanza renació en 2011 pues el Incoder reactivó la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, constituida por el antiguo Incora el 10 de diciembre de 2002 mediante resolución N° 028 y suspendida el 10 de abril de 2003 mediante resolución N° 046 [17]. El evento de reactivación se celebró en la vereda Puerto Matilde, municipio de Yondó. En su discurso la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra expuso elocuentemente el por qué querían aquella tierra:

“Hoy, en Puerto Matilde, no importan los reiterados ataques de siempre. Estamos por fin hablando de la cuestión fundamental. Queremos esta tierra porque es nuestra. Este debe ser el principio básico. Queremos esta tierra para seguir siendo campesinos. Queremos esta tierra para desarrollar, en su seno, condiciones de vida digna para nuestros hijos. Queremos esta tierra para que en ella se consagre la vida y queremos esta tierra para que desde acá se empiece, por fin, a construir la paz” [18].

La Zona de Reserva Campesina es el medio fundamental con el que cuenta la Asociación para solucionar el conflicto por la tierra, sobre el cual se ha erigido su historia, y desde aquel momento empezaba a ser de nuevo una realidad. En términos generales, el haberse organizado como Asociación les ha permitido a los pobladores sobrellevar el abandono social del Estado, a través de proyectos productivos como la recría de búfalos, la construcción de vías con recursos de los pobladores y la solidaridad. La ACVC ha reemplazando incluso la misma institucionalidad que históricamente ha hecho presencia en términos militares más que sociales.

Con la reactivación, los campesinos continuaban, ahora con cierta legitimidad del Estado, su lucha por crear condiciones dignas de vida para las comunidades, por impedir la expansión de la frontera agrícola, fomentando la pequeña propiedad comunitaria, evitando la descomposición de su economía y, sobre todo, evitando la acumulación y concentración de la tierra; en pocas palabras, seguirían luchando por la paz con justicia social, aunque ello implicara dejar a un lado privilegios como el compartir con sus amigos, dormir bajo un mismo techo con su familia o trabajar su parcela. “Uno tiene que ser consciente de que el líder debe luchar por los demás y no por uno, porque los derechos de uno son cohibidos: por ejemplo uno es cohibido de vivir una vida digna en un sitio, así usted pueda tener su casa, pero no tiene el tiempo para estar ahí, usted vive es andando, de casa en casa, de municipio en municipio, de pueblo en pueblo, llevando el proceso [19].

Los años de lucha por la naturaleza, de resistencia y dignidad ante el oprobio, se han construido sobre el respeto y el amor; porque, en palabras de presidente de la Asociación, “en la organización nos queremos, nos respetamos, nos decimos las cosas cuando hay que decirlas, porque esa es la organización: superar cada día los problemas que tengamos. Siempre existe el respeto del hombre por la mujer, del que sabe más por el que no sabe. Eso es lo importante de esta organización. Este trabajo es muy bonito y muy encantador, se enamora uno de eso. Cada día, decimos, es un derecho y un deber seguir luchando porque esto día a día crezca” [20].

En 1996, en el Magdalena Medio, nació la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra. En la actualidad se ha convertido en una de las organizaciones sociales más fuertes y mejor organizadas en todo el país, cuenta con dirigentes curtidos en la lucha social, amplios medios de comunicación, equipos de apoyo en diferentes ciudades, convenios con universidades nacionales e internacionales, campesinos organizados en todo el Magdalena Medio, anhelantes de construir un país distinto. Además asesora organizaciones hermanas, tiene instaurados proyectos productivos que mejoran la calidad de vida de los pobladores y, sobre todo, cuenta con simpatizantes a lo largo y ancho del país, y fuera del mismo, dispuestos a defenderla ante cualquier nueva agresión.

[1] La situación de derechos humanos en Barrancabermeja y el Magdalena Medio. Informe presentado ante la Comisión Interamericana de derechos humanos -OEA- el 28 de febrero de 2001, por parte de la Corporación Reiniciar.

[2] ACVC. (S.F.). Plan de desarrollo sostenible de la Zona de Reserva Campesina del Valle del río Cimitarra, pág. 5.

[3] Ibíd., pág. 12.

[4] Ibíd., pág. 13.

[5] Silva, Diego. Asociaciones campesinas en resistencia civil. Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de Dios, 2011, pág. 124.

[6] ACVC. Plan de desarrollo y de protección integral de los derechos humanos del Magdalena Medio, 1999, pág. 25.

[7] Entrevista realizada el 6 de mayo de 2015.

[8] Al respecto puede verse más ampliamente tal estrategia en el libro de Piccoli, Guido. (2005). El sistema del pájaro.

[9] Moreno, Germán Alberto. La fiesta que El Panadero convirtió en masacre. La historia de una tragedia en Barrancabermeja. Las2orillas, 2 de diciembre de 2013.

[10] Archila, Mauricio y otros. Conflictos, poderes e identidades en el Magdalena Medio. Bogotá: CINEP. 2006, pág. 67.

[11] Periódico El Colombiano. Capturados tres oficiales por masacre de 32 personas en Barrancabermeja en 1998. Publicado el 17 de enero de 2014.

[12] Centro Nacional de Memoria Histórica (2013). ¡Basta! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional.

[13] ACVC. Plan de desarrollo, 1999, pág. 38.

[14] Molina. A. La zona de reserva campesina del valle del río Cimitarra: un ejercicio inconcluso de participación ciudadana y manejo colectivo del territorio. En Cuadernos de Geografía, Revista Colombiana de Geografía. Vol. 20, n° 2. 2011, pág. 22.

[15] Entrevista a Wilman González, 8 de mayo de 2015.

[16] ILSA. Zonas de Reserva Campesina. Elementos introductorios y de debate. 2012, pág. 39.

[17] Incoder. Incoder reactiva la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra. Febrero de 2011.

[18] Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. ¿Por qué queremos esta tierra?. Discurso de la ACVC para el encuentro de reconocimiento institucional: “La Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra: derechos humanos, tierra y paz”. Puerto Matilde, Magdalena Medio. 16 de febrero de 2011.

[19] Entrevista a Miguel González Huepa, 13 de mayo de 2015.

[20] Entrevista a Irene Ramírez, 14 de mayo de 2015.