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Opinión
¿Un proceso de paz para quien y para qué?
Tony López Rodríguez / Viernes 19 de mayo de 2017
 

El conflicto social, económico, político y armado que desde hace más medio siglo se escenifica en Colombia debe terminar, es el deseo indiscutible de todo un pueblo que ha sufrido en su carne los horrores de la guerra, impuesta desde los círculos más conspicuos del poder oligárquico criollo y del gran capital estadounidense, principales beneficiados con la guerra.

Las diferencias políticas e ideológicas en los discursos y planteamientos de los negociadores en la instalación de la Mesa de Diálogo, en Oslo, Noruega, en octubre de 2012 hablan por sí solas. El representante gubernamental, el político liberal y ex vicepresidente de la República, Humberto de la Calle Lombana, cerró en aquel momento la posibilidad de un cese bilateral de las acciones militares y dejó claramente sentado que los diálogos entre Gobierno e insurgencia están dirigidos a silenciar los fusiles insurrectos y que no aceptarían ningún cambio en el modelo económico neoliberal imperante en Colombia.

A cambio ofreció que luego de la desmovilización o reinserción de los guerrilleros, estos podrían entrar en el juego electoral, convertirse en partido político, y desde ese “escenario democrático” luchar por alcanzar el poder. Mencionaba los procesos de gobiernos progresistas y de izquierda que hoy son una realidad en algunos países de nuestra región, que habían llegado al poder sin el uso de las armas.

Es exactamente lo que ha sucedido: las FARC-EP no sólo silenciaron los fusiles y, cumpliendo rigurosamente los Acuerdos de La Habana, están entregando las armas, prácticamente ya quedan pocos fusiles en sus manos; se concentraron en las zonas veredales pactadas, a pesar de que el gobierno no cumplió con las condiciones mínimas de logística y salubridad, donde debían concentrarse los miles de guerrilleros pertenecientes a esta organización insurgente.

Tampoco ha cumplido -el Gobierno- con la liberación de los presos políticos, aunque el Congreso y la Corte Constitucional aprobaron la ley de amnistía hace más de cinco meses, muchos de los guerrilleros que cumplen condena por rebelión y miles de líderes sindicales y comunales o dirigentes de izquierda acusados de ser colaboradores de la guerrilla, siguen privados de su libertad. Se calcula que hay alrededor de 7000 presos políticos en Colombia.

El gobierno tampoco ha ordenado acciones militares contra los paramilitares, aduciendo que estos no existen. Pero el grupo armado de ultraderecha ocupa cada día más territorios, asesinan y desplazan a líderes campesinos y comunitarios, así como sindicalistas e indígenas; precisamente en las zonas que antes eran controladas por la guerrilla. Desafían además al gobierno anunciando públicamente esas criminales acciones.

En realidad, pese a los esfuerzos de la comisión de implementación de los acuerdos alcanzados entre Gobierno y FARC-EP, el tiempo corre y no se materializa lo pactado en sus justas dimisiones. Lo arriba señalado es una muestra de las diferencias: la seriedad de la guerrilla en su compromiso y los incumplimientos del gobierno de esos acuerdos.

Es entonces que se abre el interrogante: ¿La paz para quien y para qué? En el tintero quedaron, en La Mesa de Diálogos de La Habana, 54 salvedades o temas que el gobierno no aceptó incluir en los acuerdos; temas estratégicos para los necesarios cambios estructurales en lo económico, político y social, necesarios para que realmente la paz arrope a toda la sociedad colombiana.

El discurso de Humberto de la Calle afirma que por medio de la lucha política electoral las FARC podrían llegar al poder, pero ésto sólo sería realidad sí verdaderamente lo pactado se cumpliera. Pero los tiempos han cambiado, la derecha neoliberal latinoamericana, en complicidad con Estados Unidos, ha pasado a una brutal ofensiva contra esos gobiernos progresistas, democráticos y de izquierda, hoy acosados y en algunos casos defenestrados como ocurrió con el golpe de Estado militar en Honduras, los golpes de Estado parlamentarios contra el presidente Fernando Lugo en Paraguay y Dilma Rouseff en Brasil. Mientras que Mauricio Macri derrotó al candidato del kishnerismo en Argentina mintiéndole al pueblo e incumpliendo todas sus promesas de bonanza económica y transparencia. En Ecuador el candidato de la derecha se ha negado aceptar su derrota electoral en los comicios del pasado 2 de abril y sus seguidores han desatado violencia en ese país andino.

Por su parte Venezuela y su gobierno bolivariano es el objetivo inmediato a ser derrocado, por el apetito imperial de apoderarse de sus riquezas minero-energético, con el apoyo de una derecha autóctona y mercenaria y un grupo de naciones en el seno de la Organización de Estados Americano (OEA) que procuran implementar la llamada Carta Democrática, instrumento que el capo de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, pretende imponer a cualquier precio, brindando un respaldo de carácter político diplomático para una intervención de cualquier orden en Venezuela.

En Colombia, de continuar esta ruta del dime y direte, por los incumplimientos del Gobierno y por campañas mediáticas difamatorias contra la insurgencia, muchas de ellas pagadas por los sectores enemigos de la paz con el objetivo de favorecer electoralmente a sus candidatos al Congreso y a la Presidencia del próximo año. Este país puede retornar a un conflicto armado sumamente peligroso, esta vez extendido, no sólo en el campo, sino también en zonas urbanas y suburbanas, sin una brújula política e ideológica. Ojalá que el acuerdo de la CELAC para convertir a América Latina y El Caribe en una zona de paz, se cumpla.