Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño
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Vicealcaldías de seguridad, intento de suplantar el Estado Social de Derecho
Riesgo de criminalización a la pequeña minería
Cahucopana / Viernes 16 de junio de 2017
 

Sin sorpresas y después de más de un año en el que el gobierno departamental de Antioquia, en cabeza del gobernador Luis Pérez, anunció el impulso de las vicealcaldías de seguridad y convivencia; ahora se conoce que el pasado 7 de junio se creó normativamente esta figura que tienen como objetivo coordinar la presencia institucional de educación, salud, convivencia y políticas sociales en los municipios afectados por el conflicto en Antioquia. Las primeras vicealcaldías que empezarán a funcionar serán en los cinco municipios que actualmente albergan Zonas Veredales Transitorias de Normalización y dos más en Segovia y Briceño, con el visto bueno de los respectivos alcaldes.

A pesar de que actualmente no se conoce a cabalidad el contenido de la norma, la Corporación Cahucopana expresa a la opinión pública, nacional e internacional, a las instituciones y a las organizaciones del territorio sus preocupaciones frente a esta figura ya que, desde el punto de vista de la Corporación, pretende suplantar la institucionalidad en cabeza de las alcaldías municipales como un intento de generar dinámicas similares a las que en otros tiempos se conocían como brigadas cívico-militares. A partir de la presentación enviada por el gobernador Luis Pérez al presidente Juan Manuel Santos, se exponen a continuación los argumentos para rechazar esta figura que a simple vista es inconstitucional.

El argumento de la necesidad de esta figura se basa en la ausencia institucional en los territorios. Esta afirmación es falsa en cuanto desconoce dos dinámicas que se dieron en los territorios en el marco del conflicto armado ya que, no sólo los armados eran institución, sino también las comunidades; incluso se enfrentaban a los actores armados -por medio del diálogo y la interlocución-. Así se constituyeron las Juntas de Acción Comuna (JAC), algunas legalmente y otras en proceso de formalización. Estas juntas, que funcionan también organizadas en comités de convivencia, ambientales, de jóvenes, de mineros, de chatarreras, de carreteras; funcionan de acuerdo a las dinámicas veredales, tienen tareas concretas y cumplen el papel de Estado en tanto garantizan los derechos fundamentales de los habitantes. De esta manera se construyeron escuelas, puestos de salud, carreteras y se salvaron vidas en muchos momentos. De hecho las JAC, como institucionalidad, suplieron las acciones del Estado ya que la única presencia del Estado fue a través de la Fuerza Pública. Por medio de acciones, acercamientos e interlocución con los alcaldes de turno, con movilizaciones y paros, se exigió la presencia integral del Estado. La ausencia de la institucionalidad fue una causa estructural del conflicto, y se espera solventar esta dificultad con la implementación del Acuerdo Final de Paz.

Tal como lo expuso en su intervención Luis Pérez el 7 de junio, quienes van a asumir las vice-alcaldías son militares retirados ya que se ubicó la figura jurídica para la contratación de militares activos. Es preocupante la insistencia en que dicha figura deba asumirse desde el área militar, desconociendo también que la construcción de confianza con la Fuerza Pública es un proceso largo que hasta ahora se está iniciando, y que debe fundamentarse en los principios de verdad y justicia, contrarrestando los altos índices de impunidad frente a las violaciones a los derechos humanos por los cuales militares han sido responsables en las regiones, por acción u omisión. Ejemplo de ello es la persistencia en los territorios del paramilitarismo que ha aumentado a pesar de la alta militarización de los territorios. Por el contrario, la Fuerza Pública se ha dedicado a la persecución de las economías informales (minería) e ilícitas (siembra de coca) a pesar de estar dispuestos a participar en procesos de sustitución voluntaria, en concomitancia con la gobernación de Antioquia. Con estos antecedentes ¿Qué garantiza que los militares (retirados) no estén en los territorios realizando inteligencia en función de despojar a habitantes que viven de economías informales e ilícitas?

En los territorios se han presentado ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzado; ante esto las comunidades se han organizado e impulsado medidas de autoprotección para garantizar la permanencia en el territorio. La resolución 1085 de la Unidad Nacional de Protección denomina este tipo de acciones como medidas colectivas y diferenciadas; sin embargo el Gobernador desconoce y deslegitima estas acciones aumentando la militarización en las regiones con estas vicealcaldías de seguridad.

La creación de las vicealcaldías en Antioquia es una decisión arbitraria que contradice el ordenamiento jurídico colombiano e incluso puede poner en riesgo la democracia como principio supremo de la Carta Política, en la medida que entra en contradicción con las decisiones y políticas públicas desarrolladas por los alcaldes que fueron elegidos mediante voto popular.

Finalmente, no se encuentra sentido en el objetivo de estas figuras en cuanto a las actividades que pretende impulsar los vicealcaldes y el cuerpo de paz con supuestas intervenciones en salud, educación y cultura enfocados en “seguridad y convivencia”, ya que la exigencia de las comunidades es la garantía efectiva de estos derechos, no como lo intentó el Estado con las Brigadas cívico-militares, sino de manera permanente y con calidad. Es una deuda histórica que se espera sea saldada con la construcción participativa e implementación de los PDET´s.