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El Estado debe garantizar la seguridad de los excombatientes
Agencia Prensa Rural / Jueves 22 de junio de 2017
 

Faltando 8 días para finalizar el proceso dejación de armas se registró un asesinato más de miembros de la FARC–EP. Esta vez fue Rigobel Quesada, un amnistiado que hace 8 días había salido de la cárcel y al parecer en visita a sus familiares en la vereda de Agua Azul, zona rural de San Vicente del Caguán, fue ultimado con arma de fuego.

En este municipio han aparecido panfletos, pintas y amenazas contra líderes sociales, algunos de los cuales han sido atacados o asesinados por parte de grupos paramilitares que han sembrado el terror por esta zona. Bajo estas circunstancias las autoridades tendrán que pronunciarse por el último hecho.

El coronel de la Policía de Caquetá, Javier Navarro, manifestó que al parecer la muerte de Quesada no fue por su condición excombatiente sino por violencia intrafamiliar, lo que contraría la tesis de ser un hecho premeditado. Sin embargo, estos actos siguen pasando y, como lo han denunciado varias organizaciones sociales, agencias de cooperación internacional y defensores de DDHH, esto no es aislado sino sistemático.

Por su parte, Pastor Alape, miembro del Secretariado de las FARC, manifestó por redes sociales: “Gobierno brinde garantías. Ya son 4 guerrilleros amnistiados asesinados, esta vez fue Rigobel Quesada de 27 años en Caquetá”. Asimismo, Rodrigo Londoño, comandante en jefe de esta guerrilla, dijo que “fue asesinado el miliciano Rigoberto Quezada, hace 8 días había sido amnistiado. Estaba visitando a su familia”.

Los comentarios demuestran la preocupación que tienen los excombatientes y su comandancia en torno a la seguridad que les prestará el Estado y que el 28 de junio será puesta a prueba, puesto que se habrá cumplido con el plazo de dejación de armas y de esta manera harán tránsito a la vida civil, permitiendo que algunos miembros de esta organización puedan salir de las ZVTN.