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Acuerdo de La Uribe
Carlos A. Lozano Guillén / Miércoles 8 de abril de 2009
 

El 28 de marzo de 1984, hace 25 años, fue suscrito entre el gobierno de Belisario Betancur y el Secretariado de las FARC-EP el Acuerdo de La Uribe, mediante el cual, las dos partes pactaron un cese del fuego a partir del 28 de mayo de mismo año.

Pero, además, el acuerdo incluía otros aspectos importantes como la condena al secuestro, a la extorsión y al terrorismo por parte de la guerrilla; y el Gobierno, a través de la Comisión de Paz, se comprometió a promover la modernización de las instituciones políticas, a fortalecer la democracia, emprender el camino de las reformas políticas, sociales y económicas, entre ellas la reforma agraria. También estableció las garantías para la actividad política y social democráticas de los integrantes de las FARC.

Fue un primer ensayo de negociación política con la insurgencia, atacando las causas del conflicto interno, a través de las reformas necesarias para superar la naturaleza del mismo. Belisario reconoció así el carácter político de la guerrilla y la precariedad de la democracia colombiana. Aunque las promesas consignadas en el Acuerdo de La Uribe nunca fueron aprobadas y ni siquiera presentadas al Congreso de la República como fue el compromiso firmado en el inciso 8 del trascendental documento.

Un año después, en firme el cese del fuego, las FARC propusieron la conformación de la Unión Patriótica como un proyecto democrático de izquierda, al cual pudiera incorporarse la fuerza guerrillera al firmar la paz estable con democracia y justicia social. Fue la mayor demostración de voluntad política de paz en el primer intento de pactarla entre el Estado y el principal grupo insurgente.

La experiencia de La Uribe fue muy importante, hoy casi olvidada por la clase dominante, pues significa un escarnio para ella por su mezquindad y la demostrada violencia en el ejercicio del poder. La historia real ha sido falsificada y reducida a la discusión maniquea de la “combinación de las formas de lucha” de los comunistas, a la que atribuyen la razón del exterminio criminal. Soslayando de plano que antes de lanzar el proyecto político de izquierda, en el cual participaron destacamentos civiles no armados como el Partido Comunista, sectores sociales y aun sectores democráticos de los partidos tradicionales, los militaristas y la embajada yanqui sabotearon el diálogo con el manido argumento de la narcoguerrilla y de no darles oportunidad a los terroristas. La clase dominante demostró desde ese momento la engañosa y sempiterna decisión de querer imponer la paz a la brava, negando cualquier avance democrático y social. Lo peor es que la historia se repite una y otra vez. 25 años después el país está en lo mismo.