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Los mineros de Segovia y Remedios reclaman sus derechos
Agencia Prensa Rural / Jueves 3 de agosto de 2017
 

En el último mes el endurecimiento de la legislación para explotación aurífera ha hecho que tanto la adquisición de materiales, como la venta del oro, cada vez tenga mayores obstáculos.

Por tales razones el paro minero, que comenzó desde el 21 de julio, se ha agudizado en los últimos días en la región del nordeste antioqueño. Según la organización Cahucopana cuenta con “doce mil personas entre los que se encuentran campesinos, mineros, indígenas y familias que subsisten de la extracción minera de la región, […] un paro convocado por la Mesa Minera de carácter indefinido y pacífico, con el objetivo de exigir garantías y condiciones a los pequeños mineros”.

Se debe recordar que la minería en las regiones del Bajo Cauca y el Nordeste Antioqueño tiene sus orígenes en prácticas que realizaban los pueblos originarios de extracción el oro. Durante el periodo de la colonia los territorios antioqueños se destacaron como una fuente de financiación para los españoles, encontrando su punto más alto alrededor del año 1600 en las poblaciones de Cáceres y Zaragoza [1].

En el caso de Remedios y Segovia, la explotación del oro comenzó con el mismo nacimiento de estas poblaciones. La minería artesanal ha sido practicada por cientos de años en estos lugares, el mazamorreo ha sido una fuente de permanente trabajo para estas comunidades, siendo la extracción y el comercio del oro el primer renglón de la economía.

El código minero del 2001 reglamentó la normatividad vigente para la explotación minera. En ese sentido, cada vez la regulación se ha ajustado a los intereses de la economía primaria. Según Aheramigua, asociación campesino – minera de Guamocó, con la puesta en marcha de la locomotora minera del presidente Santos se ha traído mayor beneficio a grandes empresas, dejado en ruinas al pequeño minero.

Asímismo, lo manifestó “Chepe” Gaviria “, minero de Remedios, que participa del paro minero: “en los últimos años las leyes son más duras para los mineros y trabajo no hay. Nosotros hemos venido sacando el oro por generaciones y ahora nos pretenden quitar nuestra fuente de empleo”.

Cabe recordar que en el gobierno de Uribe se tituló para explotación minera e hidrocarburos grandes extensiones del país a corporaciones y empresas transnacionales, entregando de esta manera parte del subsuelo al capital privado.

Esperanza González, una de las manifestantes en el paro minero, dijo que “la GranColombia Gold anunció que los títulos mineros que posee sobre esas tierras los va empezar hacer efectivos, lo que implicará sacar de esta manera a miles de personas que explotan las minas, lo que generará una grave crisis en esta comunidad”.

González también manifiesta que muchos de los trabajadores de las minas han querido concertar y tecnificar su trabajo, pero la legislación está hecha para grandes empresas, no para la pequeña minería.

Según Cahucopana, desde el 2012 ha aumentado la criminalización a la pequeña minería. Cada vez se hacen más operativos donde destruyen, queman y decomisan materiales. Los mineros por su parte han denunciado que no hay procedimientos claros para realización de estas acciones, muchas veces el oro decomisado no es entregado, puesto que no se tiene una clara veeduría.

Ricaurte García, miembro de Cahucopana expresó que “la mayoría de gente de estas tierras han trabajado de la minería por décadas. La economía de estos pueblos está ligada a esto. El problema es que nos han vulnerado nuestros derechos como trabajadores. Toda la comunidad nos hemos visto damnificados, los campesinos también están apoyando esta movilización porque nos están vulnerando nuestros derechos; nos están cerrando las compras de oro, ahora no hay donde vender el oro para el sustento de sus familias. Esta problemática no solo está afectando a los mineros y campesinos de Segovia y Remedios sino los de toda la región”.

Aunque las autoridades han manifestado que esta protesta es legítima y que la respetan, el Esmad ha entrado de manera violenta a las poblaciones a disolver la manifestación. Las organizaciones defensoras de DDHH declaran que hay uso desmedido de la fuerza y que se han realizado disparos desde los lugares donde está el ejército y la policía. Por su parte, el gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez instaló el toque de queda argumentando que el paro estaba infiltrado por el ELN y el Clan del Golfo.

Los mineros exigen que se respete el derecho al trabajo y al territorio. También demandan trabajar por concesiones, que se les legalice y finalmente que el Estado ayude a la tecnificación de la extracción minera.

Las protestas han dejado un saldo de 18 heridos, ocho de gravedad, en Remedios. En Segovia se han presentado 18 heridos, de ellos, siete han sido por armas de fuego.

[1] Población, conquista y colonización, http://www.eltiempo.com/archivo/doc...