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Segovia o el verdadero Dorado
Jorge Gómez Gallego / Lunes 21 de agosto de 2017
 

A raíz del actual paro minero en Segovia y Remedios, municipios del nordeste antioqueño, he desempolvado dos artículos que escribí en 2010 denunciando el pésimo negocio que hizo en su momento el gobierno nacional, al vender a precio de gallina vieja el título minero RPP 140 que actualmente abarca 2.876 hectáreas en esos municipios a la compañía minera junior Medoro Resources. Los he fusionado y actualizado por considerar que son del mayor interés en el momento.

Es preciso aclarar que este no es el primer paro desde que la Medro Resoruces asumiera en el año 2010 el control de un título minero cuyo origen data del año 1825, cuando el General Francisco de Paula Santander se lo otorgara a la compañía Minerales de Nemeneme a título a perpetuidad y con propiedad privada sobre el subsuelo, conocido como el RPP 140, que cambió varias veces de dueño, empezando por la adquisición que hicieron los franceses de la Compañía Minera de la Nueva Granada en 1852, para ser adquirida posteriormente por británicos y norteamericanos, con los nombres de Frontino Bolivia, que al fusionarse en 1931 con la Marmajito Mines Limited adopta el nombre de Frontino Gold Mines, nombre que se conservó hasta 2010, a pesar de que entró en liquidación en 1976.

La historia es que la multinacional, que posteriormente se fusionó con la Gran Colombia Gold, con una inversión inicial de US$ 7.5 millones, se hizo al control de una reserva probada de más de 5 millones de onzas, las cuales a precio de hoy se pueden estimar en US$ 6.000 millones, reserva que según expertos puede duplicarse hacia el futuro.

Los voceros de la multinacional afirman que la inversión inicial fue de US$ 200 millones, que es una suma igualmente irrisoria para el monto de las reservas que están adquiriendo, pero la historia real es que compraron los activos de la Frontino Gold Mines ELO (en Liquidación Obligatoria), la cual al momento de la compra ya había extraído 4.5 millones de onzas de oro y producía 55.000 onzas al año, las cuales con una inversión relativamente pequeña podían subirse rápidamente a 250.000 onzas/año.

Y si bien precio pactado fue de U$ 200 millones, solamente desembolsaron US$ 7.5 (el 3.75%), y el Gobierno de Uribe les dio un plazo de 4 meses para buscar en la Bolsa de Toronto, los inversionistas que aportaran los restantes US$ 192.5, los cuales desde luego obtuvieron fácilmente sobre la base de una promesa de extraordinarias utilidades en un título minero exótico en el mundo de hoy, con vigencia hasta el 31 de diciembre del año 9.999 y con propiedad privada sobre el subsuelo.

Conclusión, esta empresa especuladora – comisionista - minera, cuyas acciones valían en ese entonces US$ 113 millones y cuyos accionistas eran los mismos de Pacific Rubiales, compañía que estafó a media Colombia, ¿recuerdan? Compró por US$ 7.5 millones el derecho a ofrecer en el especulativo mercado de la Bolsa de Toronto y por la suma de US$ 200 millones unos activos que rápidamente podían producir caja por US$ 300 millones/año y utilidades de US$ 180 millones/año ¡Y de por vida!

Volvamos al año de 1976. En ese momento y a causa del bajo precio de oro y los altos costos de producción, los gringos dueños de la mina decidieron iniciar un proceso de liquidación y así se lo notificaron al gobierno nacional. El proceso termina el 6 de marzo de 1979. Al día siguiente, ante el notario público Anthony Alzalone en la ciudad de New York suscriben un documento, autenticado por el consulado colombiano en esa ciudad, en el que plasman la decisión de entregar los activos de la empresa liquidada, de forma irrevocable e indiscriminada a los trabajadores y jubilados en dación en pago por sus acreencias laborales, por lo que en adelante se convertirían en sus únicos dueños.

Cuándo los trabajadores se enteran de la existencia del documento, en el año 2000, adelantaron diversas gestiones para protocolizarlo y legalizarlo, encontrando una actitud dilatoria y obstructiva por parte del gobierno, al punto que en el año 2004, las Supersociedades decretan nuevamente la liquidación, procedimiento que ya se había efectuado. Y hoy procede arbitrariamente a la venta de los activos a la Medoro Resources.

De todas formas, entre 1976 y 2010 la Frontino Gold Mines estuvo en manos colombianas, con una importante incidencia de sus trabajadores y pensionados. Es decir, tenía una raigambre en el territorio y nunca tuvo problema en convivir con otros ciudadanos, trabajadores y pensionados o no, para que estos desarrollaran sus actividades en zonas que no eran de interés para la compañía, bien porque no estaban en la zona más rica del yacimiento, bien porque había una especie de acuerdos tácitos de distribución del territorio.

Pero es convivencia pacífica se acabó con la llegada de los de la Medoro Resources. Desde ese entonces comenzó una larga historia de acciones por parte de la recién llegada en medio de la algarabía de la “confianza inversionista”, debido a que contrariando la tradición de convivir con otras explotaciones mineras, la multinacional empezó una campaña de persecución contra los mineros ancestrales, campaña que desde luego ha contado con una valerosa resistencia de los habitantes de Segovia y Remedios, los cuales comprendieron muy rápidamente la grave amenaza que cernía sobre ellos.

El primer anuncio consistió en que solo garantizaban el empleo de los 1.600 trabajadores durante un año después de la toma de control de la mina, en abierta violación a la normatividad que en estos casos habla de sustitución patronal. Esto provocó un primer paro de trabajadores y pobladores en el año 2011, paro que fue violentamente reprimido por el ESMAD y de manera curiosa coincidió con amenazas anónimas o de supuestos grupos al margen de la ley contra los principales dirigentes cívicos y sindicales.

Una vez liquidado el sindicato y despedidos los trabajadores, empezó una segunda fase que apuntaba a desalojar los mineros ancestrales que habían convivido con la FMG. Aquí aparecieron inicialmente amenazas de grupos ilegales, las cuales ya fueron más descaradas pues se hicieron de manera directa por parte de conocidos integrantes de esos grupos a muchos de los que ejercían la actividad minera. Algunos cedieron y abandonaron minas, otros contrataron empresas de seguridad privada, mientras otros resistieron en silencio y evadiendo de diversas formas la acción de los ilegales.

Posteriormente, y especialmente a partir de 2014, la multinacional viene desarrollando con la complicidad del gobierno nacional acciones supuestamente legales, denominadas en el Código Minero como Amparos Administrativos, los cuales tramita a través de la Agencia Nacional de Minería, que debería llamarse Agencia Nacional de Multinacionales Mineras, la Secretaría de Minas de Antioquia y las Alcaldías.

Con este método, la multinacional logró algunos pequeños avances en el intento de liquidar la minería ancestral y tradicional, pero la movilización ciudadana no se hizo esperar y a finales de 2014 crearon la Mesa Minera, forma organizativa que se han dado para luchar en defensa de la ancestralidad y el territorio, y en la que además de mineros, participan dirigentes cívicos, comunales, del comercio y sindicales. A principios de 2015 se realizaron dos protestas masivas que contaron con la solidaridad del comercio que cerró sus puertas, en febrero y abril. Las protestas se suspendieron por promesas gubernamentales que nunca se cumplieron y los mineros seguían amenazados con el cierre de sus explotaciones.

A finales de 2016 arrecia nuevamente la persecución a los mineros ancestrales quienes responden con una gran movilización y paro en septiembre, de tal magnitud que lograron que se les reconociera la ancestralidad por parte de la Gobernación de Antioquia, la cual mediante Decreto creó la llamada Mesa de Soluciones, en la que en teoría se concertarían salidas a la confrontación entre la multinacional y los mineros, pero las ofertas de la Zandor no pasaron de ser las de celebrar contratos de formalización minera de tipo esclavista, en los que la parte del mineral que le correspondía a los mineros no les alcanzaba para cubrir sus gastos de funcionamiento.

Este año la multinacional ha arreciado las acciones para erradicar a los mineros, con la complicidad de la Agencia Nacional de Minería. La amenaza de operativos militares de cierre de minas y la exigencia de la FGM a EPM para que les corte el servicio de energía desencadenaron el actual paro que ha sido violentamente reprimido por el ESMAD y sobre el que el Gobierno Nacional a través del Ministro de Minas (E) Carlos Cante no le ha ofrecido salida alguna distinta a la represión y el mantenimiento de una legislación abiertamente violatoria de la soberanía nacional y que además no reconoce minería legal diferente a la de las grandes mineras multinacionales ligadas al capital financiero.

Cuando le regalaron el título de la Frontino Gold Mines a la multinacional, expresé que “Gonzalo Jiménez de Quesada, Sebastián de Belalcázar, Francisco de Orellana, Gonzalo Pizarro, Nicolás de Federmann, Felipe de Utre y Sir Walter Raleigh, entre otros, buscaron sin éxito durante el siglo XVI, en los territorios que hoy ocupan Ecuador, Colombia y Venezuela, el fabuloso tesoro de El Dorado. Con el tiempo se concluyó que éste no pasaba de ser una leyenda. Pero hoy esa leyenda se ha convertido en realidad con el asalto perpetrado a esa reserva aurífera, solo que los nuevos piratas no tuvieron que lidiar con culebras, pumas, y cocodrilos, sino que contaron con la complicidad de gobiernos antinacionales”

Hoy la esperanza para reversar el despojo está cifrada en la valerosa resistencia del pueblo remediano y segoviano y en la solidaridad que viene despertando en todos los sectores de la sociedad a pesar de la estigmatización y el descrédito orquestado por el gobierno y por los voceros de la multinacional.