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¿Qué opinan los miembros de las FARC sobre el conflicto minero en el Nordeste antioqueño?
Desde la década del 70, la minería de oro y otros recursos naturales, como las maderas finas, han sido un ingrediente catalizador de los conflictos en municipios como Segovia y Remedios.
Yhoban Camilo Hernández Cifuentes / Martes 5 de septiembre de 2017
 

Desde hace al menos dos siglos, las minas atrajeron a colonos hasta zonas selváticas del Nordeste antioqueño en búsqueda de condiciones de subsistencia. Tras ellos, llegaron actores armados que, todavía hoy, se disputan el control sobre el territorio, lo que incluye los recursos y los habitantes.

Algunos de los grupos armados que han hecho presencia en Segovia y Remedios, municipios de la zona minera del Nordeste, son las guerrillas. En 1969 llegó el Frente José Antonio Galán del ELN; luego, el Frente 4° de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) en 1979; y en la década de los ochentas arribaron los grupos paramilitares, generándose así una competencia por el control territorial y político-militar de las zonas urbanas y rurales.

En ese contexto, las FARC continuaron haciendo presencia a través del Bloque Magdalena Medio, cuyos frentes también se movilizaban por corredores que conectan con el Sur de Bolívar y con Santander.

Pero tras el acuerdo de paz con el Gobierno colombiano, los integrantes del grupo insurgente —ahora en proceso de constituirse como un partido político bajo el nombre Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común—, se agruparon en la Zona Veredal Transitoria “Juan Carlos Castañeda”, ubicada en Carrizal, en los límites entre Remedios y Segovia, para iniciar su proceso de reincorporación.

A finales de mayo, cuando el entonces grupo guerrillero conmemoraba los 53 años de su fundación y realizaba la última celebración como grupo alzado en armas, la Agencia de Prensa IPC visitó la zona veredal. Entre otros temas, en esa ocasión conversamos con los excombatientes de las FARC acerca de su percepción sobre los conflictos derivados de la explotación de los recursos auríferos y naturales en esa subregión.

El asunto cobra mayor relevancia hoy, cuando los mineros informales acaban de alcanzar un acuerdo con el Gobierno, luego de 40 días de paro minero en Segovia y Remedios. Por ello, recuperamos las percepciones de los miembros de las FARC, recogidas en ese momento, para aportar a esta discusión sobre el conflicto minero en el Nordeste antioqueño.

Hay que advertir que aunque por esos días ya se presentaban plantones en los cascos urbanos de Segovia y Remedios por el conflicto entre la Mesa Minera –que representa a los mineros tradicionales de ambos municipios– y la multinacional Gran Colombia Gold, los excombatientes no se pronunciaron al respecto. Se refirieron únicamente a la minería que ejercen las comunidades en las zonas rurales apartadas.

“Atropellan a comunidades que son mineras por tradición”

César Sandino fue guerrillero durante 27 de sus 57 años. Para él, los Acuerdos de Paz con el Gobierno deben materializarse en ese territorio limítrofe entre Remedios y Segovia con opciones de formalización para solucionar el conflicto minero, “porque la minería es la forma de vida y de sustento de la mayoría de personas que viven en esta vereda (Carrizal) y otras cercanas”.

Recordó que este año el conflicto minero ha estado latente en la ruralidad desde inicios de marzo. Por esos días integrantes del Ejército, la Policía y la Fiscalía realizaron un operativo contra la minería informal en dos veredas vecinas: Lejanías y Ojos Claros, de Remedios. El objetivo, afirmaron las autoridades en ese momento, era atacar la minería ilegal y, con ello, una fuente de financiación de la guerrilla del ELN.

Pero, según comentó, los afectados realmente fueron los pequeños mineros. “Llegaron y les quemaron dragas y ‘retros’. Entonces uno se queda pensando: si ellos tienen sus cosas y llegan y se las queman, y resulta que es el Estado que es el que se supone que tiene que protegerlos, pero él mismo es el que les daña sus herramientas de trabajo ¿qué esperanzas tienen? ¿dónde se quejan?”. Mineros y campesinos bloquearon ingreso a la Zona Veredal Transitoria de Carrizal

Para ese momento varias bocaminas habían emprendido una ruta hacia la formalización. Funcionarios de la Alcaldía de Remedios habían identificado 34 bocaminas en las veredas cercanas a Carrizal. Pero el operativo dificultó temporalmente la continuidad del proceso. Entonces, cuestionó Sandino: “Y si el Gobierno atropella a los mineros en vez de darles oportunidades, ¿cómo se van a organizar y mejorar?”.

“Ha existido una estrategia de despoblamiento”

Teófilo Panclasta, también excombatiente de las FARC, agregó que “la minería se está ejerciendo como hace siglos y en una zona devastada por la guerra” de la que ellos mismos fueron actores durante un poco más de cinco décadas. Y agregó que “aquí ha existido una política de represión paramilitar e institucional para el despoblamiento de la región”.

A través de esa “política”, detalló, “quienes están detrás y la han financiado, han castigado con todo lo posible a quienes han vivido en el abandono social, en condiciones de violencia y resistiendo a ataques para despoblar las zonas que son reservas de recursos naturales. En muchos casos, han entrado a saquear y a repartirse lo que puedan: tierras, minas, etcétera”.

Sumado a eso, acotó que los mineros informales han sido criminalizados y perseguidos por el Estado, que los considera ilegales por no tener títulos mineros o ejercer bajo subcontratos de formalización. Y cuestionó la legislación minera del país, pues considera que todavía tiene secuelas de la época de la Colonia, como lo son los títulos a perpetuidad. La multinacional Gran Colombia Gold, por ejemplo, tiene 9.000 hectáreas tituladas para la explotación de oro en el distrito minero Segovia-Remedios. Entre éstas hay 2.800 hectáreas que la empresa tiene tituladas a perpetuidad a través del Reconocimiento de Propiedad Privada (RPP)

“Por aquí los mineros han sobrevivido con un Código de Minas que no está hecho a la medida de la realidad: no está hecho para la extracción del oro sino para desmoralizar a quien intente cumplir las normas de formalización”. Eso sin mencionar que en el Congreso avanza un proyecto de ley para regular aún más la explotación de yacimientos, el uso de mercurio y la comercialización del oro.

“Solo se han visto los efectos negativos de la minería”

Entre los aspectos que las autoridades ambientales más le han criticado a quienes ejercen la minería informal se hallan los impactos negativos en los territorios. Sobre ello, Sandino planteó que si los pequeños mineros tuvieran títulos de propiedad sobre sus tierras, tal vez cuidarían más los recursos naturales que hay en esas áreas donde habitan y trabajan.

“Si uno tiene un pedazo de tierra y no tiene su título, le da lo mismo hoy estar aquí, mañana estar en otro lado, y le importan un carajo las aguas, los bosques, los animales… Entonces deberían darles títulos para que a partir de ahí digan: ‘bueno, voy a trabajar la minería de esta otra manera, porque hay que cuidar la naturaleza, el medio ambiente”.

Por su parte, Panclasta admitió que la minería que incluye “retros” y otras maquinarias genera efectos ambientales y es más propensa a convertirse en fuente de financiación para grupos armados, ya sean guerrilleros o paramilitares. Sin embargo, advirtió, de no ser por esa actividad económica las comunidades tendrían menos de lo que han conseguido y construido.

“Hay quienes se unen o venden algunas cabezas de ganado y compran ‘retros’ para ejercer esta minería que el Gobierno criminaliza. Pero es que una ‘retro’ pudo haber salvado a estas comunidades de haber perecido o haber tenido que abandonar el territorio, porque con esas ‘retros’ hicieron las carreteras que no hizo el Gobierno y consiguieron recursos para construir casetas comunales, escuelas”.

En últimas, la minería tradicional que se ejerce en Carrizal y otras veredas apartadas –donde aún no aparecen multinacionales con títulos de propiedad de miles de hectáreas y ofreciendo subcontratos de formalización– se encuentra en riesgo de desaparecer como principal fuente de subsistencia para las comunidades rurales, debido a las limitaciones que imponen la legislación minera y los grupos armados.