Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra
:: Magdalena Medio, Colombia ::
Loading
Mapa del sitio
Suscríbete a servicioprensarural

Entre la tierra y los derechos humanos
Jorge Orjuela Cubides / Martes 12 de septiembre de 2017
 

A los campesinos del Valle del Río Cimitarra, a sus mujeres, niños y hombres dignos que luchan día a día, resistiendo el oprobio y la injusticia.

Desde la década de los noventas puede identificarse un desplazamiento respecto a las demandas sociales del campesinado, en especial en el Magdalena Medio, que a su lucha por la tierra sumó la reivindicación de la defensa de los derechos humanos, convirtiéndose, desde ese momento, en la reivindicación más significativa, junto con la dotación de servicios públicos y la construcción de infraestructura para comercializar sus productos de mejor manera. Sobre este último aspecto, haciendo trabajo de campo, observamos claramente el calvario padecido por los campesinos transportando en sus animales de carga, durante horas, los bienes que son distribuidos en el mercado.

Los motivos ambientales son otro factor importante de movilización tanto en el Magdalena Medio como en el país. Estos están relacionados con la exploración y explotación minero energética y la extensión de estas licencias por los efectos nocivos sobre la salud humana, el deterioro del suelo, la contaminación de fuentes hídricas y la tenencia de la tierra puesta en tela de juicio por las empresas encargadas de la explotación. Que han afectado además las condiciones laborales de los habitantes rurales, incrementando el desempleo e impidiéndoles el trabajo en actividades diferentes a las impulsadas por esas empresas.

Entre los motivos que explican la variación en las reivindicaciones de los campesinos se encuentra, por un lado, el cambio de modelo económico implementado en los años noventa cuando se liberalizó la economía, exponiendo al sector agropecuario a las durezas de la competencia internacional, a través del desmonte de las barreras y tarifas arancelarias de las mercancías, todo basado en la creencia, por supuesto falsa como se demostró, de la mayor eficacia del mercado para asignar recursos en comparación con la intervención del Estado.

La crisis de los noventa llevó al gobierno a adoptar medidas para compensar los desastres de las políticas neoliberales y demás factores que agravaron la crisis –fenómeno del niño y caída en los precios internacionales de los productos agropecuarios–. A su vez, se puso en marcha una nueva Ley Agraria en 1994, dando vida legal a las Zonas de Reserva Campesina, sobre la cual se agruparon los campesinos para exigir la protección de sus derechos. Hasta la fecha las políticas agrarias siguen siendo objeto de protestas de los campesinos, exigiendo, en ocasiones, la renuncia de los funcionarios a cargo de dichas políticas.

Por otro lado, la descentralización política y administrativa anunciada con la constitución de 1991 aumentó las expectativas sociales y políticas que, sin embargo, pronto fueron truncadas por el desarrollo antidemocrático característico de la política colombiana, aumentando la insatisfacción general de la población pues, como lo plantea Tocqueville, en los momentos de mayor florecimiento social y económico se hacen inaguantables las vicisitudes sufridas pues se observan con mayor claridad los padecimientos que se han tolerado, haciendo del estado de cosas algo insoportable.

Entre las exigencias incluidas en la protección de los derechos de los campesinos, se halla el tema de la lucha contra los cultivos ilícitos, debido a que éstos han sido tratados por los gobiernos de manera unilateral a través de aspersiones aéreas con glifosato, poniendo en peligro la salud de los pobladores de la zona, sus animales y cultivos. En tal sentido, los habitantes del Magdalena Medio afectados por las fumigaciones le han pedido al gobierno cesar estar actividad y apoyarlos con proyectos de sustitución de cultivos y asistencia técnica. A pesar de las peticiones de los afectados, en el 2005, el ex mandatario Álvaro Uribe Vélez pidió un estudio a la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos en el que declaró que el glifosato no revestía peligro alguno [1]. Bajo este dictamen, su gobierno siguió fumigando vastas zonas del país, violando los derechos de los pobladores quienes en las movilizaciones incluían, entre sus peticiones, la finalización de esta perjudicial actividad.

Pero el incumplimiento de las demandas del campesinado procedía de tiempo atrás, por ejemplo, en 1995, durante el gobierno de Ernesto Samper, sus planes iniciales sufrieron fuertes modificaciones a causa de la crisis política que se desató por las acusaciones sobre contribuciones del narcotráfico a su campaña presidencial, agrietando las relaciones con la Casa Blanca que le exigió arreciar la lucha contra el narcotráfico para mostrar resultados al gobierno estadounidense. El gobierno, entonces, lanzó un programa para promover la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos a través de facilidades de crédito e inversiones en infraestructura. El Plan Nacional de Desarrollo Alternativo, Plante, estaba orientado a brindar, a partir de la erradicación de los cultivos ilícitos, una alternativa económica de vida dentro de la ley. Se dirigía a los pequeños productores de dichos cultivos en zonas de economía campesina e indígena en las cuales se formularían y ejecutarían con base en la participación comunitaria, proyectos para crear oportunidades lícitas de generación de ingresos, mejoramiento de la calidad de vida, conservación del medio ambiente y fomento de los valores éticos y culturales para la convivencia pacífica (Decreto 472 de 1996). Sin embargo, las medidas quedaron sobre el papel, similar a lo ocurrido durante el gobierno de Uribe Vélez, redoblándose, por el contrario, la contaminación del medio ambiente con las fumigaciones a plantaciones cocaleras, provocando la desazón entre los cultivadores de coca y amapola que llevaron a organizar marchas campesinas, las cuales aglutinaron a cerca de 400.000 manifestantes en varias zonas del país, incluido el Magdalena Medio.

A inicios del presente siglo, las reivindicaciones de los campesinos del Magdalena Medio, y del país en general, se han diversificado incluyendo problemáticas como los perjuicios de los Tratados de Libre Comercio y la intensificación de la economía extractiva. Sobre el primer punto, los campesinos criticaron la desventaja competitiva a la que se exponían al entrar en disputa con los productores de países industrializados, quienes podían ofrecer sus productos más económicos en detrimento de su producción. Así mismo llamaron la atención sobre la falta de garantías dadas por el gobierno ante tal situación, claramente desfavorable. El más problemático de estos acuerdos de libre comercio, sin lugar a duda, fue el establecido con Estados Unidos. El senador Jorge Robledo lo consideró como un “acuerdo de mula y jinete”, debido a que Colombia tendría que competir no sólo con el “poderosísimo aparato económico de Estados Unidos, sino que para vender un par de zapatos en Nueva York hay que derrotar nada menos que a la supereconomía exportadora china” [2].

En el caso de la economía extractiva, la existencia de grandes riqueza como petróleo y oro, en especial en la Serranía de San Lucas, ha sido una causa importante en la configuración de escenarios conflictivos en la disputa por la tierra y el impacto ambiental acarreado por la explotación de estos recursos. Aunque esta problemática no se detiene allí, si se tiene en cuenta un espectro más amplio del extractivismo, más allá de la explotación de minerales e hidrocarburos, analizada como un conjunto de “actividades económicas –con sus correspondientes derivaciones militares, sociales, políticas, ideológicas y culturales– que posibilitan el flujo de materia, energía, biodiversidad y fuerza de trabajo desde un territorio determinado (en este caso Colombia) hacia los centros dominantes en el capitalismo mundial, donde se consumen a gran escala para garantizar la reproducción del capital” [3]. Por esta razón, las luchas de los campesinos del Magdalena Medio, y en general del país, no pueden comprenderse sólo desde la óptica regional ni siquiera nacional sino, y además, entendiendo las dinámicas del contexto económico y político internacional.

Así, esta amplitud de demandas y propuestas resalta el carácter dinámico y democrático del campesinado, el cual no se ha anclado en el pasado con su histórica reivindicación por la tierra y que por el contrario ha abarcado otras exigencias surgidas de necesidades actuales y de igual urgencia a la lucha por el acceso y distribución de la tierra. Por ello, seguir investigando la historia del movimiento campesino, sus dinámicas y vicisitudes se hace indispensable pues en tiempos de disputa por la memoria histórica (en el que se intenta instaurar una versión de la violencia en donde hasta las fuerzas armadas resultan ser víctimas, ¡semejante despropósito!), la reivindicación de sus batallas se convierte en un instrumento de lucha contra el crimen y la barbarie.

[1] Redacción Política. La enredada historia del glifosato. 17 de mayo de 2015. Consultado en El Espectador.

[2] BBC MUNDO.com. Ganadores y perdedores del TLC. Hernando Salazar. 13 de julio de 2006. Consultado el 22 de julio de 2017 en http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/bu...

[3] Vega, Cantor. Extractivismo, enclaves y destrucción ambiental. Consultado el 10 de noviembre de 2017 en Agencia Prensa Rural: http://prensarural.org/spip/spip.ph...