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Activación urgente de una Ruta de Protección Territorial en Magdalena Medio
Encuentro Ruta de Protección Territorial / Lunes 12 de febrero de 2018
 
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Río Cimitarra. Foto: Juan David Vargas - APR.

Las organizaciones, instituciones y acompañantes internacionales reunidos en el marco del Encuentro Ruta de Protección Territorial en Magdalena Medio realizado los días 8 y 9 de febrero de 2018 en la ciudad de Barracabermeja, avanzamos en la construcción de Rutas de Protección Territorial que buscan responder de forma efectiva y articulada al escenario de riesgo existente en las regiones del Sur de Bolívar, Nordeste Antioqueño y Barrancabermeja, partiendo de los acumulados y capacidades institucionales, comunitarias, sociales e internacionales que en materia de prevención, protección y seguridad tienen los distintos actores presentes en el territorio.

La convocatoria a este espacio, impulsada por organizaciones sociales de la región, surge como respuesta al aumento de los riesgos para la vida e integridad de los liderazgos sociales del territorio, de la población en proceso de reincoporación y en general de las comunidades. Entre otros, se han identificado factores de riesgo y vulnerabilidades asociados al avance de grupos armados ilegales y bandas delincuenciales como los “Aquamanes”, que buscan controlar territorios dejados por las FARC, la intensificación del accionar del ELN, el aumento de amenazas o señalamientos contra líderes y lideresas de Juntas de Acción Comunal (JAC), organizaciones campesinas y territoriales que impulsan la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente la sustitución de cultivos de uso ilícito en el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución -PNIS-. También se identifican nuevas vulnerabililidades asociadas a nuevas conflictividades socioambientales relacionadas con el microtráfico y consumo de drogas, y el intereses del avance de la explotación minera y de madera, en desconocimiento de los acuerdos de protección ambiental construidos por las comunidades.

En este escenario, han sido asesinados tres personas de la región: el 17 de enero fue asesinado Víctor Morato, presidente de una JAC y miembro de la Mesa de Víctimas del municipio de Yondó (Antioquia), el 29 de enero Nixon Mutis, expresidente de una JAC, líder del proceso de sustitución y delegado de la COCCAM del municipio Cantagallo (Bolívar), y el 5 de febrero Édinson Ardila, conductor de la línea del corregimiento de Vallecito. A estas muertes, se suma la denuncia realizada por el partido FARC sobre el asesinato de uno de sus integrantes ocurrido el 6 de febrero en el municipio de Montecristo (Bolívar) atribuido a miembros del ELN. Igualmente se llama la atención sobre el bombardeo de la fuerza pública que tuvo lugar el 1 de febrero en el corregimiento de La Virgencita en San Pablo (Bolívar).

A pesar de las distintas alertas realizadas sobre los riesgos en el territorio, como el Informe de Riesgo emitido por la Defensoría del Pueblo en septiembre de 2017, el escenario deja en evidencia que no se han tomado medidas efectivas que garanticen la protección y seguridad de las comunidades. Tememos por la vida de líderes comunitarios, reincorporados de las FARC, familias que han suscrito acuerdos de sustitución y los jóvenes que están cayendo en el consumo de drogas.

Por esta razón, en el marco de este Encuentro insistimos en la necesidad de acelerar e intensificar la implementación de las medidas de protección contempladas en el Acuerdo de Paz, especialmente el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades en los Territorios, y aquellas que permiten la articulación de capacidades comunitarias e institucionales como los Comités Territoriales de Prevención, que contempla el Decreto 2124 de 2017 expedido en diciembre de 2017, y los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia.

Las nuevas realidades que viven los territorios, especialmente los municipios priorizados para la implementación del Acuerdo de Paz, exigen replantear y consolidar las estrategias de protección institucionales. En este sentido los asistentes a este Encuentro nos hemos comprometido con la activación de Rutas de Protección Territorial que respondan a las particularidades de los territorios representados, logrando no sólo reaccionar ante los riesgos, sino también prevenir la ocurrencia de nuevas violaciones a los derechos humanos en la región y generar un clima de reconciliación y una cultura de paz.

Nos comprometemos a:

Rechazar toda manifestación de odio, estigmatización, amenaza o ataque material contra todo sujeto, sector social, cultural, político o institucional, o colectivo de personas por representar un potencial generador de violencia, y por tanto amenaza contra el anhelo de paz y reconciliación para el país.

Realizar una sesión de coordinación interinstitucional para establecer una agenda regional conjunta que nos permita desarrollar acciones desde los escenarios que ya existen en los municipios.

Ratificar nuestro compromiso con la implementación comunitaria de mecanismos de protección territorial basados en los lazos de solidaridad y respeto, así como de mantener espacios y mecanismos de coordinación con las entidades estatales y de acompañamiento para trabajar mancomunadamente por una situación de seguridad integral que contribuya a la reconciliación y la paz.

Ratificamos nuestro compromiso con el cumplimiento la sustitución, pero reiteramos el llamado al cumplimiento del compromiso de garantizar las condiciones de seguridad y protección de derechos humanos en los territorios donde se desarrollen estos Acuerdo Colectivo de Sustitución.

A la vez, solicitamos a la Unidad Nacional de Protección la activación de mecanismos de atención inmediata que permitan brindarle condiciones de seguridad de manera oportuna a los líderes y lideresas amenazados durante el proceso de análisis de riesgo.

Adicionalmente, la FARC ratifica su compromiso con el cumplimiento de sus compromisos con el Acuerdo de Paz y el país, particularmente con el uso de la palabra y el trabajo colectivo como únicas herramientas de construcción de justicia social y paz desde el territorio.

Adicionalmente:

Elevamos al Gobierno Nacional la necesidad inminente de retomar los diálogos con el ELN como mecanismo para salvaguardar los territorios y continuar el proceso de implementación del Acuerdo de Paz en condiciones de seguridad óptimas.

Exigimos la realización de una reunión urgente a nivel nacional entre las instituciones a cargo de la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución para tomar medidas frente a la situación de inseguridad que se está derivando tras el avance del mismo.

Solicitamos a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que sesione en la región del Magdalena Medio a la mayor brevedad con el objetivo de tomar medidas que aseguren las condiciones de seguridad y protección territorial, estableciendo acciones contundentes de prevención y atención a los riesgos aquí identificados, con especial atención a los sujetos más vulnerables a dichos riesgos tales como los líderes sociales y comunitarios, las comunidades partícipes del proceso de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, los pequeños mineros, los reincorporados de la FARC, las mujeres y los jóvenes.

Convocamos a toda la sociedad del Magdalena Medio a ser parte activa de la construcción de paz y reconciliación de la región desde la diversidad de ideas y visiones de nuestra región pero coincidiendo en el respeto y dignificación de la vida.

Firmamos a continuación,

Convocantes: Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra – Red Agroecológica Nacional (ACVC – RAN), el Centro de Estudios para la Paz (CesPaz), la Corporación Regional para la defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), la Asociación Regional de Víctimas de Crímenes de Estado en el Magdalena Medio (ASORVIMM), la Coordinación de Víctimas y Derechos Humanos del Nororiente Colombiano, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM), la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineros de Guamocó (Aheramigua) y la Federación Nacional de Paz (Fenalpaz).

Entidades y organizaciones participantes: la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena Medio, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), Oficina Presidencial para los Derechos Humanos, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Unidad para la Edificación de la Paz de la Policía Nacional, la Delegación FARC para el Programa Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), Pastoral Social, Unidad para la Atención de Víctimas (UARIV), Personerías de los municipios de San Pablo y Cantagallo, la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), el Ministerio del Interior, Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM), Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, Juventud Rebelde, Confederación Nacional de Acción Comunal, entre otros. Acompañantes internacionales: Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP-OEA), II Misión de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Oficina ONU Derechos Humanos, la secretaria Ejecutiva JEP, International Action for Peace (IAP), Peace Brigades International (PBI) y Equipos Cristianos de Acción por la Paz (ECAP).