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Denuncian operativos de erradicación forzada en el sur de Bolívar
 
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Imagen de archivo.

Las comunidades representadas en la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, COCCAM, de la región del Magdalena Medio, rechazamos las acciones de erradicación forzada adelantadas el día 12 de febrero, por la 5ta brigada del Ejército en el sur de Bolívar, en el municipio de San Pablo, exactamente en la vereda Bajo Sicué del corregimiento Villa Nueva y en la vereda La Fría Alta, corregimiento La Unión.

Veredas que se acogieron al “Acuerdo Colectivo para la Sustitución Voluntaria y Concertada de Cultivos de Uso Ilícito del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y el desarrollo territorial, en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, firmado en San Pablo el 19 de agosto de 2017 por el alcalde, la gobernación de Bolívar, la dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, delegados PNIS FARC-EP, comunidades, organizaciones sociales y en calidad de acompañantes MAPP-OEA.

Instamos al Gobierno Nacional a dar estricto cumplimiento a lo establecido en dicho Acuerdo:

El Gobierno Nacional podrá adelantar acciones de erradicación forzosa, en el marco de los programas de sustitución voluntaria, en los siguientes casos:

1) Cuando los núcleos familiares de una comunidad que ha suscrito el acuerdo colectivo no se vinculen en el programa y se nieguen a sustituir voluntariamente los cultivos de uso ilícito

2) Cuando los núcleos familiares incumplan los compromisos adquiridos a través de la vinculación en el programa sin que medie caso fortuito o fuerza mayor.

3) Cuando se trate de cultivos de uso ilícito sin "dueño", esto es, sin un responsable identificable de su establecimiento y sustitución voluntaria.

Nota: en estos casos, la erradicación se adelantará previo a un proceso de socialización e información con las comunidades.

Exigimos a la dirección de sustitución notifique a las fuerzas militares de la validez de los Acuerdos de Sustitución firmados en el sur de Bolivar, como acción urgente que evite incidentes entre el ejército y las comunidades en el marco de la erradicación forzada. Así mismo, rechazamos cualquier acción de la fuerza pública desproporcionada e infundada contra los cultivadores de coca en especial si están acogidos a los acuerdos de sustitución.

Así mismo, denunciamos y hacemos un llamado a las autoridades y organismos competentes a tomar medidas urgentes por el riesgo inminente en el que se encuentran quienes hoy están impulsando el proceso de sustitución por parte de las comunidades. Casos como asesinatos y permanente amenazas a los liderazgos asociados a la sustitución en Nechí y Santa Rosa por parte de actores armados y el ELN, ponen en riesgo la construcción de paz territorial. Por lo que exigimos la activación urgente de los mecanismos de protección y seguridad para las comunidades y territorios que adelantan la sustitución de cultivos de uso ilícito.

Instamos a los organismos nacionales e internacionales, de derechos humanos y organizaciones sociales mantenerse atentos y alerta ante los continuos incumplimientos por parte del estado colombiano frente al Acuerdo Final de Paz y el Acuerdo para la Sustitución Voluntaria de los Cultivos de Uso Ilícito.

Cumplir con lo acordado es garantizar la no repetición de las violencias y la construcción de la paz territorial.